Por Gabriela Origlia
El avance del Gobierno hoy con los fondos buitres abre la puerta definitivamente al retorno de Argentina al mundo financiero. Para la reinserción completa, por supuesto, son necesarias otras acciones y estrategias que permitan recuperar la confianza también en lo institucional y en lo comercial.
Por lo pronto –aunque este primer paso será muy criticado por los sectores más fundamentalistas de la “soberanía”- colaborará para conseguir financiamiento. La noticia llegó cuando un abogado de NML y Aurelius Capital, los buitres más duros en la ofensiva judicial contra la Argentina, dijo que ya han acordado los “términos económicos” de un eventual acuerdo con el Gobierno para poner fin al prolongado litigio por la deuda.
El dato fue desmentido luego por el Ministerio de Hacienda, y generó la reacción de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, que acusó al abogado de haber violado la “confidencialidad de las conversaciones”. Con todo, parece que las conversaciones están encaminadas.
El abogado Matthew McGill dijo ante el tribunal que la Argentina ya había logrado acuerdos por alrededor del 20 por ciento de los US$ 9000 millones en reclamos que negocia el país en la mesa de Pollack. Sus clientes, puntualizó, agrupaban el 65% de las demandas con sentencias de Griesa, es decir, unos US$ 5850 millones.
Claro, antes de lograr fondos, el Gobierno coloca deuda para poder dar ese paso. Lo breve de las negociaciones también demuestra –por si quedaba alguna duda- que el kirchnerismo nunca quiso acordar y que eligió políticamente esgrimir la bandera de la “dureza” y de que ningún buitre le torcería el brazo.
El costo de esa posición lo empujó a los problemas económicos que, probablemente, decidieron su suerte electoral. Se quedó sin dólares, blindó la economía para que no salieran divisas y ese cerrojo también implicó que no entraran. Prefirió no ceder en su posición ideológica y los resultados quedaron a la vista.
Tampoco ahora es que todo el camino es de rosas. La economía, incluso con las medidas que se descontaba que se tomarían y que se instrumentaron, tendrá problemas serios por delante. Las primeras señales están a la vista: caída de la actividad, aceleración de la inflación y un frente fiscal que está lejos de arreglarse.
El acuerdo con los buitres descomprime tensión y habilita las vías para salir a colocar deuda a tasas más razonables. El Gobierno deberá tener mucha precaución en para qué usa ese dinero. Si es para promover sectores e invertir con los meses se irán viendo los resultados; si –en cambio- es para gastos corrientes, los inconvenientes continuarán.
Buena parte del gabinete está convencido de que las inversiones llegarán con las señales que vaya dando en el buen sentido; confía en que mostrar un país “más razonable” impulsará a los capitales a llegar. La lógica no es tan simple y directa.
Primero porque las condiciones mundiales –que acompañaron a la Argentina y la beneficiaron en buena parte de la última década- esta vez cambiaron. Ya no hay viento de cola sino de frente y el dinero no aterriza tan fácilmente en cualquier destino. Sí lo hace –como ya es histórico, por lo que no constituye ninguna novedad- para conseguir ganancias fáciles y después irse. Ese no es negocio para Argentina.
Segundo porque Brasil –el gran atractivo de la región- no logra levantar cabeza y ese es un mal síntoma para los inversores que pensaban en el Mercosur pero, en particular, en el enorme mercado brasileño. De hecho, los capitales que se instalaron en el sector automotriz en la Argentina en los últimos años fueron con la vista puesta allí.
Tercero, porque la historia argentina tiene tantos vericuetos que la confianza no se gana de un día para el otro. No alcanza sólo con lo económico. Lo institucional es clave. Los capitales serios (no los golondrinas) no aplauden los decretos ni los saltos de los debates en el Congreso. No lo hacían con el kirchnerismo y tampoco lo harán simplemente porque cambie el signo político.
