Ley universitaria: ensayo K de oposición anticipada

DPP_0020El diseño de un modelo de educación superior adecuado a los tiempos nunca fue una prioridad para los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En realidad, fueron continuadores de los grandes trazos que el menemismo bosquejó durante la década de los noventa.
A grandes rasgos, la política del kirchnerismo en torno al sistema universitario tuvo como eje central la distribución de partidas presupuestarias enviadas mediantes programas específicos. Este mecanismo otorga al poder ejecutivo un poder discrecional muy útil para domesticar a las autoridades universitarias. Por otro lado, profundizó la tendencia menemista a inaugurar universidades públicas sin más planificación que las necesidades políticas de sus aliados territoriales.
En sus últimos años, el gobierno de Cristina Kirchner creó una enorme cantidad de centros de estudios superiores a las que luego dotó de un jugoso presupuesto.
La catarata de inauguraciones tiene una clara lógica política. Los nuevos centros se ubican estratégicamente en sectores donde el kirchnerismo requería asegurar lealtades o generar estructuras de cargos públicos que sirvan como base para el desarrollo de su estructura partidaria Los municipios gobernados por barones del PJ como Merlo, Avellaneda, Almirante Brown y José C. Paz fueron bendecidos con universidades propias, muchas de ellas con ofertas académicas similares y a poca distancia una de otra.
Esta multiplicación de centros de educación superior ha ocasionado un perjuicio importante a las universidades tradicionales desde el punto de vista presupuestario. El aumento global de la partida para educación superior no creció proporcionalmente a la proliferación de instituciones. A este fenómeno se le sumó una inflación creciente que redondeó un panorama nada auspicioso para el sistema de educación superior, en particular para las instituciones que más estudiantes y docentes concentran.
Más allá del relato oficial relacionado a la inclusión y el acceso de los sectores menos favorecidos a los estudios superiores, el kirchnerismo mantuvo el enfoque tradicional del peronismo con respecto a las universidades. La diversificación infinita y sin criterio académico de centros de estudios superiores, unido a la potestad de distribuir fondos sin condicionamientos sirvieron para mantener la calma en el sistema e incluso para que muchos de los rectores se transformaran en militantes del proyecto.
La reticencia sostenida a modificar la ley 24.521 aprobada por el menemismo en 1995 tuvo que ver con no abrir una discusión que pudiera poner en riesgo estas prerrogativas que le permitían mantener la discrecionalidad en torno a la relación con el sistema. De haber iniciado un debate abierto sobre esta norma el gobierno se arriesgaba a que se incorporaran restricciones a las potestades del ejecutivo y el fortalecimiento de la autonomía. Este escenario no era atractivo para el kirchnerismo por lo que la demanda histórica de derogación de la Ley de Educación Superior fue convenientemente congelada.
Para cumplir, los funcionarios de turno anunciaron varias veces la posibilidad de modificar la norma. En abril de 2010, el entonces secretario de políticas universitarias, Alberto Dibbern, anunciaba un proceso de reforma con “eje central en resaltar la cuestión de la autonomía universitaria, la educación superior como bien público, la gratuidad como un derecho constitucional, la inclusión y la articulación”. En aquel momento, se dijo que la letra del proyecto hacía “hincapié en la calidad como un hecho que tiene que estar relacionado con la pertinencia de las universidades con el desarrollo regional y nacional y la libertad de cátedra”, entre otros puntos de importancia. El producto final de ese anuncio nunca vio la luz.
Por todo esto es que sorprendió que el Senado diera luz verde a un proyecto cuya media sanción se había producido en mayo de 2013. Además, Adriana Puigróss, autora de la iniciativa, hace tiempo estaba desplazada del centro de la toma de decisiones por diferencias con su bloque. Como muestra, esta legisladora del Frente Grande votó en contra de la polémica creación de la Universidad Nacional de la Defensa, dádiva de Agustín Rossi al entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, Teniente General César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. En el Frente para la Victoria, este tipo de disidencias solo tienen un final posible: el ostracismo político.
La ley aprobada es una bomba para el próximo gobierno que tendrá que lidiar con los previsibles reclamos de las autoridades universitarias en el sentido de no contar con los recursos para implementar la nueva legislación y soportar la presión de los sectores estudiantiles que impulsarán la aplicación concreta de la demagógica norma. Todo indica que la jugada es el primer ensayo de una suerte de oposición anticipada.