Universidad pública, decisiones gratuitas

Por Pablo Esteban Dávila

pabellón argentina color 001La Universidad Nacional de Córdoba se apresta a crear dos nuevas facultades: la de Comunicación Social y la de Ciencias Sociales. La decisión va mucho más allá de lo académico, aunque bueno sería preguntarse si la comunicación social no es, también, una ciencia social (¿para qué dos facultades entonces?).
El establecimiento de nuevas unidades académicas supone más gasto. Esto se encuentra implícito en una decisión de esta naturaleza. Sin embargo, el asunto se soslaya con olímpico desprecio dentro de los debates universitarios.
El motivo de esta displicencia no es difícil de explicar: sencillamente, porque el dinero para sufragar estas creaciones no sale del bolsillo de la propia universidad sino del presupuesto nacional, es decir, de todos los argentinos. En otras palabras, decidir por mayor gasto es sin cargo, corre por cuenta de la casa. La universidad es pública, pero las decisiones son gratuitas. Así es fácil ser creativo.
No interesa demasiado que el ciclo económico sea decididamente malo para el país (en esto coinciden hasta los asesores de Daniel Scioli) o que la presión tributaria que financia el gasto público se haya vuelto insoportable para el sector privado. Las motivaciones intramuros que motivan este tipo de decisiones parecen ser inconmovibles, más allá de lo incontrovertible de estas realidades.
Podría objetarse que el hecho de que un organismo público gaste a expensas de los contribuyentes no representa ninguna novedad y que, en definitiva, no debería solicitársele a la UNC mayor propensión al ahorro que el que se le reclama a otras jurisdicciones. Es posible. Pero ocurre que también aquí existe una diferencia que en absoluto es sutil. Porque, mientras que las discusiones en torno a los presupuestos provinciales o municipales son públicas y, en general, suponen incrementos de impuestos para el común de las gentes, la asignación de recursos para las universidades estatales se vota generalmente a libro cerrado en el Congreso sobre la base de previsiones realizadas por ellas mismas. Y, lo que no deja de ser un dato menor, no son los contribuyentes los que juzgan los resultados de las decisiones académicas a través del voto (como si ocurre con las autoridades electivas en general) sino que son los propios mecanismos de decisión universitaria los que lo hacen. Y, huelga decirlo, casi siempre estos mecanismos tienden a premiar a aquellos integrantes que, dentro de su seno, tienen mayor éxito al incrementar los gastos.
Para sumar más pesimismo al panorama, tampoco las universidades públicas se muestran especialmente solidarias con quienes pagan los impuestos para encontrar fondos distintos a los del presupuesto nacional. Recuérdese que en 2009 el Concejo Superior rechazó las regalías que, por ley, le correspondían por la explotación del yacimiento minero de Bajo la Alumbrera, en Catamarca, por considerar que la minería a cielo abierto es perjudicial al medio ambiente (véase la RHCS-1308-2009).
En su momento censuramos por hipócrita aquella decisión. Porque, si de seleccionar el origen de los fondos se trata, ¿por qué no rechazar, también, las porciones del IVA o del impuesto a las ganancias que devengan sectores tales como el tabaco, el juego, el petróleo, los pesticidas, las multinacionales o la producción de armas y municiones? Es fácil ser idealista cuando el costo de los ideales –que, en este caso, son bastante opinables–esobligatoriamente pagado por trabajadores y empresas que no pudieron participar en el debate.
No obstante, sería ciertamente injusto cargar las tintas del despilfarro sólo sobre la UNC. Hay muchas universidades públicas que no le van en zaga. La Universidad de Villa María, por ejemplo, tiene una sucursal en la ciudad de Córdoba en donde dicta materias de grado que compiten contra las de la propia Casa de Trejo y con algunas de sus colegas privadas. Esto significa que el estado nacional financia un sistema universitario que, más allá de su gratuidad, compite también entre sí sin preguntarse ni por la calidad de sus resultados ni sobre la racionalidad económica de semejante yuxtaposición.
Similar situación se vive en muchas ciudades argentinas, en donde son múltiples las ofertas de universidades públicas (la mayoría de reciente creación) que superponen carreras y contenidos. Si este fenómeno se produjera con instituciones privadas –en las que sus decisiones financieras son soportadas por las mensualidades de sus alumnos y la pericia de sus directivos– nada podría decirse de tal situación. Pero sucede que las pretensiones imperiales de rectores y decanos en las universidades estatales terminan siendo financiadas por el mismo pozo común que se hace cargo de la defensa, las jubilaciones, los subsidios y, entre infinitas cosas más, el tan cacareado “desendeudamiento” con el que gusta pavonearse el ministro Kicillof.
Son estas cuestiones bastante obvias que, sin embargo, nadie se atreve a poner sobre el tapete. ¿Cuándo vamos a discutir la calidad del gasto público en Argentina? Gastar mal no es ser progresista, sino un irresponsable. No se es de derecha por reclamar mayor racionalidad en las decisiones que suponen mayores erogacionespúblicas, ni se es de izquierda por tirar a la marchanta la plata de los impuestos. Tampoco debe reputarse de oscurantista el preguntarse si una resolución universitaria que crea dos nuevas facultades (o establecer sucursales en ciudades distintas a las de su origen) tiene algún sentido académico, especialmente en épocas de vacas flacas como las que actualmente se viven.