Tamarit facultariza con efecto diferido (bypass a cláusula Scotto)

KD9L6734El ala tamaritista del Consejo Superior, ayudada por algunos aliados circunstanciales (Ciencias Exactas), accedió anoche a los deseos del rector Francisco Tamarit y convocó a la Asamblea Universitaria con el objetivo de sumar dos nuevas Facultades a las 13 que hoy conforman la UNC.
Para ello, el oficialismo debió pasar por alto una normativa aprobada con alto consenso durante la gestión de la exrectora (y exdiputada, como recordó anoche, para vergüenza de los oficialistas, una consiliaria) Carolina Scotto. Se trata de la Ordenanza 8/2011, que establece los criterios y requisitos a cumplir por los proyectos de nuevas Facultades.
Para sumar algunos apoyos extra, Tamarit debió acceder a un diferimiento en el eventual proceso de normalización de las nuevas Facultades. En vez de pasar a tener vida propia tras solo 6 meses de creadas, como sucedió en el 2012 con Artes, en este caso dicho período se extendería por casi 3 años, hasta mediados del 2018.
El argumento rectoral para dicha medida extraordinaria tiene que ver con garantizar que al momento de integrarse a los órganos de gobierno (Consejo Superior, Asamblea Universitaria), las nuevas unidades cumplan con los requisitos expresados en la Ordenanza 8/2011.
De esta manera, el kirchnerismo y sus aliados refrendaron lo que distintas voces del Consejo Superior venían evidenciando: los dos proyectos en discusión no satisfacen los requisitos para ser convertidos en Facultad. Dicha afirmación quedó expuesta en los informes elaborados por la comisión que los evaluó, a pesar de que está habría tenido una actitud “afable y optimista” en su análisis, según señaló la consiliaria Martha Díaz de Landa.
Además, Tamarit demostró aquello que se empeña en negar. Su estilo de conducción de la UNC poco tiene que ver con los grandes consensos y largas discusiones que caracterizaron la era Scotto. Por el contrario, las concesiones puntuales a determinados sectores recuerdan más a los años de la Cooperativa, grupo con el que el exrector Jorge González loteó la Universidad.
La Asamblea aun no tiene fecha, ya que la misma será fijada por el Rector en la resolución de convocatoria. La misma deberá ser al menos 30 días después de que sea convocada por Tamarit, por lo que se descuenta que tendría lugar en la segunda mitad de noviembre o la primera mitad de diciembre.

Muchos incumplimientos y pocas soluciones
La Ordenanza 8/2011 establece criterios puntuales que los proyectos de nuevas Facultades deberían cumplir necesariamente. En el caso del proyecto de Facultad de Comunicación Social se pretende la conversión de la actual Escuela de Ciencias de la Información (ECI) en unidad académica.
Sin embargo, el proyecto incumple dos de los requisitos que exige la normativa. Por un lado, la ECI no goza actualmente de suficiencia presupuestaria, con un déficit proyectado para este año superior a los 1,5 millones de pesos. Además, el proyecto incluye necesidades de fondos para pagar cargos políticos que podrían duplicar o triplicar dicho “rojo”.
Por otra parte, la ECI no alcanza actualmente el mínimo requerido de docentes que hayan accedido a su cargo por concurso abierto de antecedentes y oposición. Si bien la normativa exige el 50 por ciento de la planta docente concursada, hoy la ECI cuenta con apenas el 36 por ciento en dicha condición.
El segundo incumplimiento pretende ser salvado con la eventual aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, que le permitiría a muchos docentes interinos ingresar a la carrera docente. Sin embargo, en relación a las necesidades presupuestarias no se vislumbra una solución. En un contexto de crisis fiscal a nivel nacional, las opciones del Rectorado para conseguir financiamiento extra podrían verse diezmadas.
El proyecto de Facultad de Ciencias Sociales, por su parte, pretende unir a la Escuela de Trabajo Social (ETS), el Centro de Estudios Avanzados (CEA) y el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP).
A pesar de unir tres instituciones, la nueva Facultad contaría con solo una carrera de grado implementada: la licenciatura en Trabajo Social. Los requisitos de la ordenanza exigen que los proyectos cuenten con al menos dos carreras en funcionamiento, por lo que se intentaría implementar Ciencias Políticas y Sociología durante la normalización.
Además, la confluencia de los tres miembros puede no ser fácil, dado que los docentes del CEA y el IIFAP solo dictan materias de posgrado y no accederían con demasiada felicidad a “bajar al grado”, caracterizado por la masividad.
El tercer déficit de este proyecto tiene que ver con la infraestructura, ya que no está previsto cómo otorgarle a la nueva Facultad los numerosos (más de 50, de acuerdo al proyecto) espacios que requeriría para implementar las mencionadas carreras.

Concesiones para sumar aliados
Además de intentar salvar las deficiencias de cada proyecto, el Rector utilizó el diferimiento en la normalización como una concesión que convenciese a actores universitarios que se mueven entre el oficialismo y la oposición.
En este caso, los representantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales acompañaron la propuesta oficial, a pesar de haber dudado en reuniones anteriores sobre la conveniencia de la misma.
Según refirió un consiliario en off the record, el diferimiento de la normalización habría convencido al decano Roberto Terzariol y al docente José Li Gambi. Tamarit se habría visto obligado por las circunstancias a conceder dicha condición para lograr su acompañamiento, a pesar del posible descontento de los miembros de las nuevas Facultades.

Propuesta alternativa: una sola Facultad que integre las Ciencias Sociales

Consiliarios de al menos seis Facultades presentaron ayer en el debate del Consejo Superior una propuesta alternativa a la impulsada por el Rector, intentando llegar a una posición superadora a la dicotomía de crear dos Facultades o ninguna.
En vez de dividir la actual Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en tres nuevas unidades, este grupo propone que las Ciencias Sociales se integren en una sola Facultad, que comprenda las actuales Escuelas de Trabajo Social y de Ciencias de la Información, así como al CEA y al IIFAP.
Además, proponen establecer una comisión que sea responsable de “fijar y coordinar un proceso de integración de los dos proyectos existentes”, conformada por los directivos de los 4 futuros integrantes así como de las Facultades que hoy enseñan disciplinas de las Ciencias Sociales: Derecho, Ciencias Económicas, Psicología y Filosofía y Humanidades.
El decano de Ciencias Agropecuarias, Juan Marcelo Conrero, subrayó al respecto que “la discusión debe enfocarse en lo que es prioridad hoy: separar a las Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho. No debemos caer en mezquindades que no permitan concretar dicho objetivo”.
Los consiliarios promoverían esta alternativa de cara a la Asamblea Universitaria, ya que no pocos referentes consideran a ésta como más sensata que la postura oficial.