Otro fallo en contra de Ortiz Pellegrini en sus demandas contra la libertad de prensa

Ortiz Pellegrini vestido de chofer entrando a la Legislatura mientras ésta lo investigaba por litigar contra el municipio cordobés. (Gentileza La Mañana de Córdoba).
Ortiz Pellegrini vestido de chofer entrando a la Legislatura mientras ésta lo investigaba por litigar contra el municipio cordobés. (Gentileza La Mañana de Córdoba).

Valeria Alejandra Carrasco, titular del Juzgado de Primera Instancia de 34 Nominación en lo Civil y Comercial, rechazó la demanda entablada en 2010 por Miguel Ortiz Pellegrini contra el diario La Mañana de Córdoba y tres de sus periodistas que ahora revistan en Alfil, e imponer las costas del juicio al demandante, por un importe similar al monto resarcitorio reclamado por el abogado y ex legislador.
Sintéticamente, la jueza rechaza la demanda entablada por Ortiz Pellegrini en contra de La Mañana de Córdoba, Gabriel Ismael Osman, Daniel Vicente González y Mauricio Bossa, impone las costas al actor y las regula de la siguiente manera: Mariano Florensa, $ 21.271,60; Luis Alberto Tavella, $ 10.636; Carlos Cajal, $ 10.636; Juan Pablo González, $ 21.271,60; y Edgard Domingo Gribaudo, $ 21.271,60. El fallo no regula honorarios para la parte actora.
Es la segunda demanda perdida en poco tiempo en primera instancia por Ortiz Pellegrini en contra de La Mañana de Córdoba y el periodista Gabriel Osman. Como notificó este diario en su edición del 3 de marzo pasado, la jueza María Del Pilar Elbersci rechazó una demanda resarcitoria de este letrado esgrimiendo, entre otras razones, que la libertad de prensa, protegida expresamente por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, prevalece sobre otros derechos personales invocados por el demandante.
Esa primera demanda también fue por daño moral y perseguía un resarcimiento de $ 50.000 por una serie de notas, no firmadas, referidas al divorcio de Ortiz Pellegrini con su hoy ex esposa Liliana Aguirre. La disolución del vínculo se encausó luego en un acuerdo de partes pero se inició en un conflicto, como que fue la propia Aguirre la que llevó la información al diario La Mañana.
El fallo más reciente, en cambio, es en relación a la multimillonaria demanda por diferencia de haberes de alrededor de 700 ex empleados de la desaparecida empresa municipal de ómnibus, Tamse, que fue patrocinada por Ortiz Pellegrini pese a ser, por entonces, legislador provincial. Por entrar en colisión con inhibiciones expresas de la Constitución de Córdoba, este letrado y entonces presidente del bloque del Frente Cívico fue investigado por una comisión legislativa que estuvo al borde de expulsarlo de la Legislatura. Esto no se produjo porque días antes del pronunciamiento de la Unicameral, Ortiz Pellegrini renuncio a la banca.
El diario La Mañana y los mencionados periodistas llevaron adelante una investigación, con sus consecuentes transcripciones en el mencionado matutino, que disparó el proceso legislativo en su contra, en las que daban cuenta, en algunos casos en forma documental y fehaciente, que Ortiz Pellegrini litigaba contra el Estado municipal pese a la expresa prohibición de artículo 88 de la Constitución de Córdoba: “Ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en contra del Estado Nacional, de la Provincia, o de los Municipios, salvo en caso de actuar por derecho propio”.
El fallo de la jueza Carrasco abunda en consideraciones sobre la doctrina de la real malicia y pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio Tribunal Superior de Justicia, pero al final de estas referencias expresa a modo de resumen: “Debe decirse que cuando se trata de una cuestión de interés público, el debate que se genera a partir de allí y con ello toda opinión al respecto, no puede por sí sola generar responsabilidad. Esto es, cuando se trata de un funcionario público o de persona públicamente conocida y la cuestión publicada refiere a su actividad, la noticia o emisión de opiniones –aun cuando pueda afectar en algo la reputación de la parte-, no genera por sí misma deber de indemnizar, sino que resulta menester acreditar además de la inexactitud o falsedad, un interés concreto de dañar. Es posible que en alguna de las notas se advierta cierta forma de lenguaje algo impropia. Sin embargo, no encuentro que ello supere el umbral de tolerancia que debe soportar un funcionario o persona pública que ha ocupado numerosos y renombrados cargos”.
Agrega citando a Fayt y Petracchi: “A los fines de obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes al ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal, estándar de responsabilidad que responde al fundamento republicano de la libertad de imprenta”.
Y remata afirmando: “En definitiva, sea porque no se acreditó indubitadamente la falsedad o inexactitud de las noticias, o porque tampoco se probó que el matutino y los periodistas hubieren actuado con “real malicia”, o que se considere –como se ha analizado más arriba- que las notas se ajustan a los parámetros de la doctrina “Campillay”, es que entiendo que la demanda no puede ser acogida”.