[dc]A[/dc]l iniciar su mandato, el intendente Ramón Mestre hizo aprobar una ordenanza que le permitía tener poderes suficientes como para contratar temporalmente sin licitar algunos servicios públicos. Con ese manto, consiguió legalmente desarticular la estatal Crese, que se encargaba de recolectar y enterrar la basura. Fue una de la promesas de campaña privatizarlas, argumentando motivos de eficiencia y costos.
Ahora, casi cuatro años después se abrió nuevamente la polémica por algunos problemas con la prestación, polémica ciertamente aprovechada por opositores: el servicio – aseguran los detractores– costaría más caro que Crese (inclusive teniendo cuenta la inflación), sería de menor calidad y además, la licitación pública ya no sería viable, achacan peronistas y olguistas.
No es buena noticia para el intendente, y esto lo decimos en términos prácticos. Hay una campaña electoral por venir donde el radical se juega la revalidación del mandato al frente del municipio. El ordenamiento de la basura fue un fuerte tópico de las promesas del 2011 y sus contendientes de entonces son los mismo que ahora: es más, hasta se sumó su predecesor Daniel Giacomino, nada menos que el mentor de Crese, quién ahora grita a viva voz prometiendo la re-estatización de la empresa que –argumenta– inclusive tenía buena reputación pública.
En este contexto, la gestión radical hará todo lo posible para bajarle el perfil al tema. Se sentará con Lusa pero fundamentalmente con Cotreco a arreglar algunos asuntos. Por fortuna para Mestre, el poderoso Surrbac está jugando más cerca suyo que de los empresarios. Observen lo que decía Carlos García, el vocero del sindicato: “Si no se está completando la ruta de recolección no es por un problema gremial. Esto se debe a la falta de inversión por parte de la empresa, y lo venimos diciendo hace más de un año”.
Desactivando bombas
Una ocurrencia de la fallida licitadora serial Gabriela Faustinelli (actual secretaria de Ambiente, quien tuvo participación en anteriores gestiones con resultados iguales: incumplidas licitaciones) estalló ayer, pero ya tenía unos días.
Se le ocurrió hacerle pagar a los comercios, que ya aportan sobradamente tributos municipales, un servicio particular de recolección por los desechos que generan. Una idea única en su especie, desopilante, que cuando apenas se supo, debió ser retirarla. Gracias a eso, ayer los comerciantes los insultaban en colores al intendente, todo por responsabilidad de su funcionaria.
Cabe recordar que Faustinelli es la mentora del inmanejable pliego de licitación que por pretensioso y oneroso ahora quedará sin efecto -a los hechos nos remitimos-. La funcionaria se ha metamorfoseado: se transformó de una supuesta solución técnica a una concreta complicación política para Mestre.
Quiso la fortuita aleatoriedad periodística que el decreto se haya conocido ayer, día en que todos los micrófonos y todas las cámaras inundaron la audiencia con la marcha de protesta contra la violencia de género. Una casualidad, que podría haber sido inversa: si esto se sabía un día con poca agenda mediática, el costo político para el jefe comunal hubiera sido mayor.
El decreto
Solo para ahondar en la inviabilidad del decreto que se autodestruirá en cinco segundos se explayan aquí algunos de sus alcances. La norma obligaba a “todo establecimiento o comercio habilitado para el expendio o consumo de comida, que posea o no servicio de mesas o mostrador”, a “contratar a su cargo un servicio de transporte privado de residuos convencionales debidamente registrados”. Todo en un plazo máximo de 30 días.
Esto también incluía a “todo local o establecimiento habilitado para eventos y que cuente con servicios de catering propio o tercerizado”, también a “hipermercados y supermercados” y a “shoppings, galerías comerciales y centros comerciales a cielo abierto”.
