UNC: nuevo brete ambientalista para el Rectorado

KD9L4585[dc]U[/dc]no de los acontecimientos más recordados del mandato de Francisco Tamarit es, sin dudas, el conflicto surgido el año pasado entre grupos ambientalistas y las autoridades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA). Ahora, un nuevo asunto relacionado al impacto que los agroquímicos tienen para la salud humana pondrá en vilo al Consejo Superior de la UNC, y obligará al Rector a tomar posiciones entre dos sectores aliados.

Al poco tiempo de asumir como decano, el agrónomo Marcelo Conrero anunció que su unidad académica firmaría un convenio con la empresa agroindustrial Monsanto. En su cuerpo, el acuerdo establecía que la Facultad realizaría pruebas con productos de la empresa en el campo escuela y que la Facultad verificaría la calidad técnica del estudio de impacto ambiental que la empresa debe presentar ante el Gobierno Provincial para poder instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas.

La firma de éste acuerdo generó la movilización de activistas ambientalistas que fueron respaldados por el sector más duro del progresismo tamaritista. Así, el Consejo Superior vio interrumpido su normal desenvolvimiento en varias ocasiones, incluyendo agresiones físicas directas a Conrero y al también agrónomo y secretario general de la UNC, Alberto León. Finalmente, las autoridades de la FCA accedieron a posponer el acuerdo, hasta realizar debates internos entre los distintos claustros sobre el rol y modalidad que deberían tener los acuerdos con el medio empresarial.

En esa misma época, la UNC anunció la firma de un convenio para la realización de un proyecto de extensión en la localidad de Monte Maíz, localidad del interior cordobés. El mismo consistiría en la realización de un relevamiento epidemiológico para elaborar un diagnóstico de la salud de los pobladores de esa comunidad, ante las sospechas de los lugareños sobre el efecto nocivo que el uso de agroquímicos en fumigaciones tendría sobre sus cuerpos.

Entre los miembros del equipo que llevarían a cabo el proyecto, se encontraban dos personajes reconocidos de los claustros universitarios: los médicos Medardo Ávila Vásquez, quien coordina la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Eduardo Maturano, quien se ha desempeñado como Secretario General de ADIUC.

El equipo que ejecutó el proyecto difundió estadísticas que habrían resultado de los relevamientos en Monte Maíz, donde establecen que la cantidad de casos de cáncer triplica la media nacional y que los abortos espontáneos son tres veces más frecuentes que lo habitual. De acuerdo a los docentes responsables del estudio, estas altas tasas estarían directamente relacionadas a la exposición a agroquímicos.

Diez días atrás, y ante las repercusiones que tuvieron los resultados del proyecto, la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) se expresó descalificando el tenor científico del mismo. Su Consejo Directivo emitió una resolución donde pone de manifiesto que el proyecto autorizado era una actividad de extensión, y no un trabajo de investigación científica.

Además, los consejeros de la FCM reprueban la validación científica de las encuestas utilizadas y el hecho de no contar con la aprobación de un Comité de Ética, que se considera indispensable según la legislación vigente. Con todos estos argumentos, la resolución establece que la FCM “no se hace solidaria ni puede avalar las opiniones vertidas y expresa su preocupación por el negativo impacto” del proyecto.

Asimismo, el nuevo decano de la FCM, Marcelo Yorio, se expresó en los medios en el mismo sentido que el cuerpo que preside, desacreditando el estudio y, por ende, sus resultados.

Estas acciones tuvieron un rebote inesperado en el Consejo Superior de la UNC, donde el agrónomo Conrero presentó hace una semana un proyecto de resolución para que la Universidad inicie una investigación sumarial sobre el equipo de trabajo que se desenvolvió en Monte Maíz. A su vez, solicita desacreditar pública y oficialmente los datos difundidos en los medios.

Esta reacción de Conrero no sorprendió al resto de los consiliarios, ya que existe una disputa de larga data entre los ingenieros agrónomos y Ávila Vásquez, quien se encarga de desacreditar su profesión con términos que muchos consideran agraviantes.

Si bien el expediente presentado por el decano de la FCA no fue tratado el martes pasado, Conrero solicitó en sesión que el Consejo Superior se aboque al mismo en la comisión que se llevará a cabo esta tarde. Ante esto, dirigentes de distintos grupos universitarios dudan que la cuestión se pueda zanjar en un solo encuentro, y pusieron de relieve la dificultad que enfrentaría el rector Tamarit si el asunto se extendiese al próximo martes, en la que se realizará una nueva sesión.

Cuando el año pasado se produjo el conflicto por Monsanto, el Rector no dudo en expresar sus simpatías hacia el planteo ambientalista, en detrimento de la opositora conducción de Ciencias Agropecuarias.

Sin embargo, en caso de tener que expresarse sobre la disputa actual, Francisco Tamarit se vería ante la disyuntiva de apoyar la postura de Ciencias Médicas (aliados clave en el armado que lo eligió como rector) o de avalar las objeciones de grupos ambientalistas hacia lo que consideran una persecución pergeñada por sectores de Agronomía.

Esta última sería la opción elegida por otra ala del tamaritismo: el progresismo duro, referenciado en la Facultad de Filosofía y Humanidades y la agrupación estudiantil Sudestada. Este espacio defendería las conclusiones difundidas por Ávila Vásquez, con el apoyo adicional de activistas que ya han convocado a través de las redes sociales a movilizarse hacia el Consejo Superior.

Ante una coalición con intereses heterogéneos, Tamarit continua esforzándose por contener a todos los sectores para así garantizar su gobernabilidad. Sin embargo, los asuntos ambientales han demostrado ser una “frazada corta” para el oficialismo rectoral.