Contundente resolución de Rafecas pone las cosas en su lugar

Por Pablo Esteban Dávila

DYN04.JPG[dc]E[/dc]n nuestra columna del día 18 de enero pasado (“Memorándum con Irán: ¿decisión política o delito?”, publicada en el mismo día que se conoció la muerte Alberto Nisman) decíamos que este Memorándum “fue una decisión horrible en el marco de una política exterior espantosa pero, de allí a constituir un delito, hay un paso importante. (El fiscal) debe tener pruebas lo suficientemente sólidas como para pedir la imputación de la presidente Cristina Fernández y de su canciller Héctor Timerman; de lo contrario, estaría intentando impugnar desde tribunales una decisión del poder político, algo que la Constitución prohíbe expresamente”. Las pruebas, finalmente, no resultaron consistentes: el Juez Daniel Rafecas resolvió desestimar la presentación elaborada por Nisman “por la ausencia de adecuación del hecho denunciado en algún tipo penal”, confirmando nuestra opinión.
La resolución del Juez es clara, lejos de cualquier dialecto judicial. Analiza las dos razones invocadas por el malogrado fiscal para proceder con su pedido de imputación y las desestima con argumentos lógicos, utilizando las pruebas que contiene el propio expediente. No existen, a nuestro entender, resquicios legales a través de los cuales una futura apelación pudiera revertir su decisión.
Hay párrafos en su fallo de gran contundencia. En lo que atañe a la primera acusación, esto es, que la firma del Memorándum de Entendimiento constituiría una maniobra tendiente a encubrir a los responsables de la voladura de la AMIA, el juez considera que esta sospecha “adolece de una notoria e inevitable falla”, y que esta no es otra que “la ausencia de un comienzo de ejecución del delito, a partir del hecho irrefutable, de que aquel Acuerdo, que contiene en su seno la conformación de la Comisión de la Verdad, nunca entró en vigencia”. Rafecas expresa que Nisman era plenamente consciente de este hecho, al punto tal que “lo menciona varias veces en su escrito, algo que no deja de resultar llamativo, pues ciertamente, su reconocimiento sobre el punto vendría a ser una suerte de refutación a sí mismo”. Como el Memorándum nunca entró en vigor (faltó la aprobación del parlamento iraní), la Comisión de la Verdad jamás se conformó, con lo cual no hubo ningún efecto jurídico. Además, y según refiere con acierto el juez, en su momento “ni la propia Unidad Fiscal AMIA, ni los Magistrados que intervinieron en el trámite del Amparo por inconstitucionalidad, advirtieron una connotación penal en la sola firma del Acuerdo o en su refrendo por el Congreso Nacional”.
Se insiste: la política exterior del kirchnerismo es una tragedia nacional –al menos, somos de esa idea– pero las decisiones que se tomen dentro de este marco ideológico no son judiciables. Esto deberían recordarlo tanto los fiscales de la Nación como la oposición, mal acostumbrada a apropiarse de las imputaciones del Ministerio Público a modo de programas políticos.
La segunda acusación de Nisman también cae fulminada por Rafecas. El fiscal sostenía que las autoridades iraníes sólo suscribieron el Memorándum “por haber acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas (de Interpol). No preocupaban las acusaciones de la justicia argentina, sino únicamente que sus funcionarios puedan circular irrestrictamente por el mundo”. Para ello habrían contado con la complicidad del canciller Héctor Timerman, quien “aceptó y contribuyó a ello”, haciendo todo lo posible para que Interpol quitara los pedidos de captura que hoy pesan sobre los iraníes acusados. Como, no obstante, las circulares rojas fueron mantenidas, Nisman atribuyó tal cosa a la “la diligente y a la vez inesperada para los encubridores, actitud de Interpol, específicamente de su Secretario General, Ronald Noble”. Conforme a la visión del fiscal, fue el señor Noble quién impidió la maniobra gestada por el gobierno.
Sin embargo, y conforme la resolución del Juez, esto no tiene asidero. “Esta grave acusación (…) no se ha visto acompañado de ninguna prueba o indicio que la respalde. No hay documento alguno, ni testimonio alguno, ni escucha alguna, que sostenga este punto”, observa el magistrado. Por el contrario, todos los testimonios recogidos –incluso los del propio señor Noble– demuestran fehacientemente que el gobierno nacional nunca pidió que se levantara ninguna de las circulares rojas. En una carta de Noble dirigida a Timermann, que Rafecas reproduce en su fallo, puede leerse que “mientras era Secretario General de INTERPOL, en cada ocasión que usted (Timermann) y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de INTERPOL emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que INTERPOL debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del Gobierno argentino fueron consistentes y firmes”.
Al parecer, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores habría aclarado este asunto. El juez repara en una nota adjunta a la notificación del Memorando (redactada por la Cancillería argentina el 15 de febrero de 2013), mencionando que en ella se reconoce que es “el juez de la causa es el único que puede modificar las órdenes de captura de los prófugos iraníes” (y no el gobierno), y que es “igualmente contundente en cuanto a sostener, desde la postura de la Argentina, que la futura entrada en vigor” del Acuerdo “no produce cambio alguno en el procedimiento penal aplicable, ni en el status de los requerimientos de captura internacional arriba referidos”, haciendo referencia inequívoca a las notificaciones rojas de Interpol.
Todo esto permite a Rafecas concluir con naturalidad que, tras la firma del Memorándum, “no hubo cambios en la situación de las órdenes de captura con alertas rojos de Interpol, y que la posición del gobierno argentino, en torno de la persistencia de la vigencia de las órdenes de captura de los prófugos iraníes, se mantuvo inconmovible desde 2007 hasta la fecha” y que, en este sentido, “las cosas sucedieron exactamente al revés de lo que sostuvo el Dr. Nisman”. El razonamiento es muy claro y no dejaría margen a ninguna especulación futura.
Es un hecho que Rafecas no sólo ha llegado hasta el hueso en la cuestión, sino que ha decidido hacerlo rápidamente. Esto podría resultar sospechoso, especialmente para la inefable diputada Elisa Carrió, pero la gravedad institucional de la cuestión planteada necesitaba una respuesta acorde desde tribunales. Dilatar sólo por cálculo político una decisión jurisdiccional que, por lo que se puede apreciar, resultaba en extremo sencilla de concluir, sólo hubiera contribuido a sumar confusión a un escenario de por sí turbulento. Lamentablemente, la denuncia de Nisman tenía muchos más condimentos políticos que jurídicos, y esto ha sido convenientemente puesto en claro.
Queda, por supuesto, el asunto de la muerte del fiscal y sus tremendas evocaciones. No siempre, ni en cualquier país, aparece muerto alguien que acusa a un presidente de la Nación. Por más que no puedan descartarse factores personalísimos, la investigación debe continuar en forma implacable hasta encontrar la verdad de lo sucedido. Pero no deben confundirse los tantos. Una cosa es la simpatía social hacia la memoria de Nisman (sin duda, un hombre valiente) y otra muy distinta deducir la infalibilidad de sus acusaciones por el sólo hecho de haber denunciado al poder y, tal vez, haber dado la vida por ello.
Es muy probable que la decisión de Rafecas sea apelada y, posteriormente, confirmada por instancias superiores. Esto se verá en el futuro cercano. Por lo que puede apreciarse, no parece viable que su fallo sea revertido por la Cámara Federal, lo que dejará un gusto amargo en la boca de la oposición. Será este un buen recordatorio que la política no puede ni debe ser ocupada por jueces o fiscales. Sucede que, cuando esto ocurre, el Código Penal termina desplazando al debate ideológico y las propuestas de gobierno que son, en definitiva, los insumos básicos que se les pide a los políticos y que, a pesar de ello, hace tiempo no producen de tan distraídos que están en comentar las denuncias de turno.