#18F y la cultura política argentina

Por Ezequiel Meler
Historiador

DYN61.JPGTanto la movilización del #18F como las reacciones que generó –especialmente, aquellas que emanan de la primera mandataria- arrojan alguna luz sobre rasgos de nuestra cultura política que vale la pena revisar.
El primero de esos rasgos concierne al sobredimensionamiento que muchos sectores hacen de la ocupación del espacio público. En rigor, en toda democracia consolidada –y no hay motivos para excluir a la Argentina de esa lista-, surgen conflictos que derivan en movilizaciones y protestas. Al contrario de lo que se cree, esas protestas no afectan necesariamente la estabilidad del sistema. Afirmar lo contrario, algo que el gobierno repite y repite en estos días, llevaría a una aparente paradoja: aquellos que se ufanan de habernos devuelto la política se refugian en su negación para descalificar la participación ciudadana.
Decir de una movilización que es opositora, que es dirigida por agentes contrarios a los intereses de la ciudadanía, que desestabiliza al gobierno o que es parte de un plan de orden golpista es ni más ni menos una forma de tomarnos por idiotas. Idiotas que no comprenden sus “verdaderos intereses”, idiotas que resultan funcionales a fuerzas que no comprenden, que resultan rehenes pasivos del discurso de los medios. En definitiva, como se sugiere en la lista de logros del documento esbozado por la presidenta, nos toman por idiotas que se oponen a un gobierno que todo lo ha hecho por nuestra causa.
Es cierto que en la movilización de hace unos días confluyeron sectores opuestos al gobierno. Pero ello nada dice de sus intereses, de sus motivos, de sus razones para salir a las calles. Seguramente, como en toda movilización, esos motivos no son unívocos, no responden a un solo lema. Es más atinado suponer que una movilización masiva se basa en la convergencia, en el encuentro, en la enumeración de coincidencias mínimas que en programas altamente estructurados.
Volviendo al valor asignado al espacio público, se trata de un aspecto de larga data en nuestra cultura política. Sin ir más lejos, puede remontarse al propio nacimiento del peronismo como fuerza política. Aunque esos orígenes han sido muchas veces idealizados, es empíricamente correcto afirmar que la suerte del coronel Perón no hubiese sido la misma de no haber mediado la intervención del movimiento obrero organizado.
En el ADN peronista, paradójicamente, el recurso a la movilización se fue volviendo menos un recurso de protesta y más una señal de gobernabilidad. Algo lógico en un tiempo en que los principales actores sociales, así como amplios sectores de la ciudadanía, profesaban lógicas facciosas y valoraciones instrumentales de la democracia. Pero me parece un sinsentido transpolar esas lógicas y pautas de comportamiento, coherentes con un ciclo histórico dominado por la violencia política y la inestabilidad institucional, a un presente muy distinto, donde las principales instituciones del Estado funcionan de manera ininterrumpida, con el apoyo de la población y la adhesión de los actores que podrían comprometer su continuidad. En efecto, desde 1983 a la fecha la Argentina ha vivido una verdadera revolución cultural, muchas veces minimizada, por la cual un elemento antes considerado instrumental, formal y secundario, como es el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, se convirtió en el pilar esencial de nuestra convivencia. Ciertamente, ello no eliminó las crisis ni los conflictos, pero los mismos siempre se encauzaron a través de mecanismos previstos por la legislación y las leyes fundamentales, consideración que vale tanto para 1989 como para 2001. ¿O no fue, acaso, el funcionamiento de las instituciones, conducidas por una dirigencia políticamente desprestigiada, el que encauzó nuevamente a la Argentina en el marco del Estado de Derecho luego de la masacre del 20 de diciembre y la renuncia del presidente De la Rúa?
Un segundo punto a considerar reside en la infundada aprensión que nos genera el conflicto y el disenso. Este dato, lógico después de 2001, no deja de ser irónico, pues el mayor enemigo de la democracia participativa, que debería ser el ideal ciudadano por antonomasia en una sociedad abierta, es precisamente la apatía frente a los asuntos públicos. Es digno de celebración que dicha apatía, característica por excelencia de los años menemistas, haya sido abandonada. La democracia en las sociedades modernas no excluye, sino que incluye una alta dosis de conflicto, sin por ello poner en riesgo su funcionamiento ni sus pilares fundamentales. Ninguna sociedad es pura cohesión social y unanimidad: en toda sociedad existen el conflicto, la crítica, la diversidad de intereses.
Aquí ingresa una consideración lateral. Tanto el gobierno como los medios insisten en propagar la imagen de una sociedad irremisiblemente fracturada, dividida, agrietada sin remedio en torno al rumbo que debe seguir la Argentina. En apariencia, las demostraciones masivas de fuerza protagonizadas tanto por el oficialismo como por la oposición dan la razón a quienes venden esa idea de un país polarizado. Pero si bien es cierto que existen sectores de la población que han caído en esa dinámica facciosa, es difícil afirmar que se trate de la mayoría de los argentinos. Lisa y llanamente, la politización facciosa de la esfera pública no parece haber llegado tan lejos. Las variaciones en las preferencias electorales, que rondaron los veinte a veinticinco puntos en el plazo de dos años, parecen indicar que, para muchos argentinos, el compromiso con el partido de gobierno, lejos de constituir un acuerdo permanente, se percibe como el resultado de una renegociación constante, en que elementos como el desempeño económico y la valoración de la gestión resultan más importantes que las consideraciones meramente ideológicas. Aquí, de nuevo, la sociedad argentina parece haber dado un salto notable respecto a trayectos de nuestra historia en que los enfrentamientos a todo o nada entre identidades mutuamente excluyentes dominaban la escena política.
¿Por qué, entonces, insistimos en ver en cada conflicto puntual un riesgo directo para la democracia? Varios elementos concurren en la explicación. Por un lado, existe un componente generacional: son todavía muchos los argentinos que nacieron y se criaron en tiempos mucho más duros que los actuales, y posiblemente no aprecien del mismo modo que los más jóvenes la revolución cultural a la que me refiero. Varios de los principales referentes del gobierno, la presidente a la cabeza, proceden de esos tiempos y se manejan según adaptaciones de esa lógica confrontativa, de suma cero, donde se gana o se pierde pero jamás se negocia. No sorprende, entonces, que consideren los aspectos normativos como irrelevantes frente al imperio de voluntades constituyentes amparadas en concepciones jacobinas de la voluntad popular, que aparece concebida como indivisa, y es tratada como propiedad de una facción. El problema se agrava, claro, porque esa facción, sin dejar de comportarse como tal, controla el gobierno nacional.
Para estos sectores, el control del Ejecutivo no es otra cosa que la continuidad de la saga setentista por medios legales. Al mismo tiempo, sin embargo, la validez de esos medios queda supeditada a su funcionalidad en el contexto de transformación que se encara. Este doble estándar, por el cual resultan erosionadas las bases misas de la legitimidad democrática en que se ampara la acción de gobierno –legitimidad que no se agota meramente en el ejercicio del voto, sino que reconoce también la necesidad de respetar los límites estrictos que nos constituyen en tanto comunidad política-, hace parecer secundario el respeto por las leyes y las normas más elementales de la convivencia.
Otro elemento a tener en cuenta estriba en la debilidad de una genuina tradición liberal en el nacimiento y gestación de nuestra cultura política. Entiendo por tradición liberal aquello que ha significado antes que nada en sus matrices europeas, esto es: el respeto por las garantías individuales frente al poder del Estado, el pluralismo, la diversidad de intereses, el compromiso con la defensa del disenso como fundamento del sistema democrático, y la aceptación de límites estrictos al ejercicio del poder en nombre de mayorías siempre transitorias. En suma, se trata del reconocimiento del otro como sujeto pleno de derechos, independientemente de que puedan compartirse o no sus visiones. Está claro que dicha tradición, al menos hasta 1983, ha estado completamente ausente de nuestra cultura política. En su lugar, hemos tendido a concebir las identidades políticas como trincheras desde las cuales sólo cabía el “vamos por todo”. Ese pasado dramático ya nos ha costado demasiado tiempo, demasiada sangre y demasiado dolor como para no reconocer en él un elemento a descartar de plano.
Pese a todo, creo que existe todavía un largo camino por recorrer a la hora de reconocer que democracia y conflicto no se oponen, sino que se alimentan y fortalecen mutuamente en una sociedad plural. El fundamento de nuestra democracia, aunque naturalmente perfectible, es lo suficientemente sólido como para resistir una, dos, cien marchas: sin ir más lejos, lo vimos en momentos infinitamente más conflictivos de este mismo ciclo político, como los atravesados en 2008. En esos momentos, ahora se aprecia con claridad, la democracia no estaba en discusión: lo que estaba en discusión era la legitimidad del interés del otro.
Las instituciones de la república, aunque debilitadas en estos años por la embestida kirchnerista, son pasibles de regeneración. A su favor cuentan con el antecedente de haber puesto freno a las voluntades omnímodas del poder de turno. Ello se vio con claridad en el caso de la aventura política que el kirchnerismo insiste en llamar “democratización de la justicia”, por la cual la letra misma de la Constitución era dejada de lado en nombre de una voluntad popular vista como fuerza constituyente.
El futuro no es una panacea. La democracia argentina, aunque sólida, puede mejorar su funcionamiento. Necesitamos una administración más sensata del poder público, un mayor respeto por los derechos de las minorías políticas. Debemos poner freno a las lógicas confrontativas y facciosas que ponen en riesgo la convivencia y la salud institucional. Al mismo tiempo, no debemos dejar de reconocer todo lo que hemos avanzado desde un pasado no tan remoto.
Nada de todo lo anterior podrá cumplirse, sin embargo, si confundimos la diversidad que nos constituye con la polarización que tratan de vendernos los embajadores del miedo. Nada de lo anterior podrá cumplirse si cedemos a la lógica extorsiva por la cual cada acto de disenso activo, cada instancia crítica, es calificada como un avance más de las fuerzas de la antidemocracia. Nada de lo anterior podrá cumplirse si caemos en la trampa de creer que las “conquistas” de esta etapa fueron graciosas concesiones de almas bellas, actos de voluntad a ser revertidos por villanos inescrupulosos de móviles inexplicables. El día en que las calles queden vacías por el temor a las consecuencias de ejercer nuestra conciencia cívica, ese día habrá triunfado la lógica sectaria, violenta y autoritaria que hoy intenta adueñarse de nuestro futuro. Nuestro desafío, como ciudadanos, consiste en seguir ejerciendo derechos que nada deben al gobierno de turno, derechos que hacen a una sociedad democrática. El elitismo, el vanguardismo, la noción de que una minoría es depositaria de verdades absolutas e innegociables, nada tiene que ver con la democracia como punto de encuentro de lo diverso. No debemos entregar la participación a los embajadores del miedo, a los que pregonan la doctrina de las dos veredas, del antagonismo irreconciliable entre unos y otros. Las calles argentinas tienen muchas veredas: es hora de recorrerlas juntos.