Significados y efectos

Por Rosendo Fraga
para nuevamayoria.com

DYN29.JPGLa marcha que tuvo lugar el 18 de febrero (18F), convocada por los fiscales, se ha transformado en un catalizador de los reclamos subyacentes en la sociedad argentina. Desde que la democracia fue reestablecida en diciembre de 1983, la Argentina ha vivido crisis económicas y políticas (algunas de gravedad, como fueron las de 1989 y 2001), pero ahora el país vive una crisis institucional a partir de la denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman. Está en juego no sólo la división de poderes, sino el concepto de impunidad. El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial era preexistente, pero el caso Nisman y el rol de los fiscales convocando a la marcha lo han potenciado.
La movilización que se generó en las redes sociales anticipó que marcharían, como sucedió, cientos de miles de personas en la ciudad de Buenos Aires, pero que también tendrían lugar movilizaciones en distintos lugares del país y también en ciudades del exterior. Nueve fiscales y los familiares de Nisman estuvieron a la cabeza de la marcha que llegó hasta la Plaza de Mayo, buscando evitar que ningún sector o fuerza política la dominara con su presencia.
Pero las adhesiones que ha logrado el 18F muestran que alcanza a la casi totalidad del arco opositor, tanto político como sectorial. Han adherido y participado los dos candidatos presidenciales opositores con más intención de voto (Macri y Massa), al igual que los provenientes del hoy desarticulado FA-Unen (Binner, Carrió, Cobos y Sanz). Los legisladores nacionales de estas fuerzas también lo hicieron. De la Iglesia Católica participó la Comisión de Justicia y Paz, el órgano más relevante del Episcopado que está integrado por laicos. De la Comunidad Judía lo hicieron las dos entidades más importantes de ella (Amia y Daia). Del sindicalismo, el gremio de trabajadores judiciales marchó junto a los fiscales y también lo hicieron las dos centrales sindicales peronistas opositoras encabezadas por Moyano y Barrionuevo. En el empresariado ha adherido el Foro de la Convergencia Empresario, el agrupamiento más amplio del empresariado, la Asociación Argentina de Empresarios Argentinos, integrada individualmente por los más importantes, y la mayoría de las entidades del campo. También adhirieron numerosos intelectuales y artistas. Los medios de comunicación críticos del gobierno, encabezados por los diarios Clarín y La Nación, también la apoyaron. En casi doce años de gobierno kirchnerista, la oposición no tuvo una convergencia de esta amplitud. Sondeos difundidos esta semana muestran que cuatro de cada cinco estaban de acuerdo con que la marcha se haga y tres por uno que descreían de las interpretaciones del Gobierno en el caso Nisman.
El oficialismo, como es usual, ha respondido con dureza, calificando a la marcha como “golpe blando” y vinculándola con narcotraficantes, ladrones de bebés y nazis. Uno de los fiscales convocantes (Campagnoli) sostuvo que este discurso tan extremo terminó favoreciendo la concurrencia de la gente a la marcha. Pero la Presidenta ha logrado que todo el oficialismo se mantenga unido detrás de ella en el rechazo a la convocatoria. Incluso el gobernador de Buenos Aires (Scioli), de quien algunos de sus dirigentes inicialmente dijeron que adherían, esta semana dispuso que nadie lo haga. Rechazaron la marcha también las dos centrales sindicales oficialistas encabezadas por Caló y Yasky. Todos los gobernadores oficialistas han mantenido el alineamiento con el gobierno nacional y mantuvieron su rechazo. A esta posición se han sumado grupos minoritarios de la comunidad judía (18J) y de la Iglesia Católica (Sacerdotes de la Opción por los Pobres), que los medios de comunicación del gobierno intentaron magnificar. Los intelectuales kirchneristas (Carta Abierta) también la cuestionaron. Fuera del oficialismo no ha adherido a la marcha el gobernador socialista de Santa Fe (Bonfatti) y tampoco lo ha hecho la izquierda pura, tanto en sus expresiones políticas (el Partido Obrero) como sindicales (la central que lidera Micheli). La izquierda no se sumó a la marcha no por respaldar al Gobierno, sino para diferenciarse de sectores de derecha y centroderecha que participaron en la marcha. Grupos de la derecha nacionalista, que hasta la crisis por el caso Nisman cuestionaban duramente a Cristina, rechazaron la marcha por considerar que detrás de ella se encontraban los intereses de la comunidad judía.
La respuesta del oficialismo frente a la pérdida de la calle y la opinión pública fue y será siempre mostrar que mantiene el poder político, aunque la justicia es la que determinará la evolución de esta crisis. El mismo día de la marcha la Presidenta, acompañada de todo su gabinete y varios gobernadores, puso simbólicamente en marcha las obras de la cuarta central nuclear (Atucha II) en Zárate. La frase central de su discurso fue “este gobierno no acepta que nadie le marque la cancha”. Por la mañana, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmó el despacho de comisión que permitirá la sanción definitiva el 25 de febrero del proyecto que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ese día se dará también sanción definitiva al acuerdo marco con China. También será el cumpleaños de Néstor Kirchner y se convocará la militancia K, aunque el escenario probablemente será el patio de la Casa Rosada, donde sólo caben algunos centenares de personas. El 1 de marzo, al inaugurarse las sesiones ordinarias del Congreso, hablará la Presidente y se buscará movilizar a la militancia K, algo que difícilmente llegue a constituir una “contramarcha”. Mientras tanto, las causas judiciales en torno al caso Nisman determinarán la evolución de esta crisis: la que investiga la autoría del atentado de la AMIA de 1994 a cargo del Juez Canicoba Corral, en la que la procuradora (Gils Carbó) acaba de designar cuatro fiscales para reemplazar a Nisman; la que investiga la denuncia del fiscal, a cargo del juez Rafecas, que ahora debe determinar si da curso a la imputación contra la Presidenta y los demás imputados por el fiscal Pollicita, citado por la mayoría oficialista en Diputados; la de la muerte de Nisman a cargo de la jueza Palmaghini, en la que surgen cada vez más críticas sobre la actuación del juez subrogante (De Campos) y la Fiscal Fein; a ello se suman otras denuncias, como la de encubrimiento de la muerte de Nisman por parte de la Presidenta presentada por Elisa Carrió -que tiene el juez Oyarbide- y la de una ONG contra el Secretario de Seguridad (Berni) por supuestas irregularidades en la investigación, a cargo de la jueza Servini de Cubría.
En conclusión: la marcha del 18F convocada por los fiscales se convirtió en un catalizador de reclamos subyacentes en la sociedad y muestra que lo institucional ha pasado a ser prioridad por la crisis del caso Nisman; las adhesiones alcanzaron a un amplio espectro, que generó la convergencia opositora más amplia que ha enfrentado el Kirchnerismo, aunque haya estado encabezada por fiscales y familiares; el Gobierno la ha enfrentado con gran dureza, considerándola como la puesta en marcha de un “golpe blando” y manteniendo alineado al oficialismo sin deserciones; por último, su respuesta frente a la pérdida de la calle y la opinión pública es mostrar que tiene el control del poder político y que lo usa, pero será la justicia la que determinará la evolución de esta crisis.