La Reforma Procesal Penal en Chile y Colombia

Por Martín Casares(*)

p12-1La reforma de los sistemas de enjuiciamiento criminal en América Latina comenzó hace  aproximadamente 30 años, ya que luego de la llegada de gobiernos democráticos resultaba necesario adecuar los sistemas judiciales de la región.
Hasta ese entonces, en los procedimientos penales regía un sistema inquisitivo o mixto, basado en: trámites escritos y secretos donde la investigación, acusación y sentencia se encontraba en cabeza del juez de instrucción, quien era a la vez juez y parte.
La resolución de los casos penales era altamente ineficaz debido a que la gran mayoría de las causas ingresadas no llegaba a ninguna solución; los procedimientos duraban demasiado tiempo y eran excesivamente formalistas. La arbitrariedad era moneda corriente, la publicidad y transparencia no existían logrando un escenario propicio para la corrupción.
En este escenario, la reforma procesal penal implica un cambio de paradigma en la manera de investigar y juzgar los delitos, hacia un sistema acusatorio oral y público donde los roles de las partes están bien definidos, y quien resuelve es realmente un tercero imparcial.
De este modo, los nuevos procesos se estructuran como un debate oral que comienza con la acusación del fiscal que discute con un abogado defensor ante un juez que, sin conocer los hechos previamente, dictará sentencia.
Así, de a poco en toda América Latina se fueron produciendo cambios en las legislaciones penales modificando los procesos, pero siempre centrados principalmente en la modificación de los códigos procesales. En consecuencia, las primeras reformas obtuvieron escasos resultados y poco impacto, por olvidarse que la sola aprobación de una ley no implica por sí sola una mejora en el funcionamiento del sistema de administración de justicia.
En general, faltó ocuparse de los problemas de gestión del nuevo sistema, de la necesidad de adecuar las oficinas judiciales a esa nueva realidad, identificar los problemas y sus desafíos. Y principalmente cambiar el abordaje netamente jurídico de la reforma, por un enfoque de políticas públicas.
Sin embargo, también existen en la región un grupo de países como Chile, Colombia y actualmente México, en los que la reforma fue pensada, diseñada e implementada como una política pública sostenible en el tiempo.
Para ello fue importante aprender de las dificultades y fracasos de esas primeras experiencias centrando el proceso de reforma en la etapa de implementación y seguimiento para obtener mejores resultados y un mayor impacto de la reforma procesal penal.

El caso de Chile
En Chile se planteó la necesidad de reformar todo el sistema de justicia penal, por lo que la reforma procesal penal se abordó de manera integral como un profundo proceso de modernización y adecuación del sistema judicial al Estado de Derecho.
La puesta en marcha de la reforma se hizo de manera progresiva comenzando en el año 2000 en la región de Coquimbo, una jurisdicción del norte con poca carga de trabajo y baja conflictividad; para terminar 5 años después cuando se puso en marcha en la región metropolitana de Santiago.
La reforma se trabajó como una verdadera política pública fijándose como meta general contar con una administración de justicia moderna que concilie el poder punitivo del Estado con el respeto a las garantías individuales. Y como objetivos principales resolver los conflictos penales rápido, con imparcialidad, transparencia y publicidad.
Asimismo, una de las principales características del proceso de reforma chileno fue la incorporación de una serie de innovaciones en materia de organización y gestión instalando un nuevo modelo de oficina judicial colegiado con personal especializado, separando las funciones administrativas de las jurisdiccionales logrando una mayor profesionalización en las tareas.
Así los tribunales están integrados por varios magistrados que solo se ocupan de escuchar los planteos de las partes y resolver; mientras que las tareas administrativas están a cargo de un administrador encargado de fijar la agenda de audiencias, organizar al personal, las cuestiones relativas a la infraestructura, tecnología y los insumos.
El proceso de cambio chileno es uno de los más exitosos de la región, no solo por sus resultados sino también en tanto experiencia de modernización del Estado; y esto se debe principalmente a 4 características fundamentales de su proceso de implementación:
– Gradualidad, en el territorio por regiones y temporal.
– Carga inicial igual a cero, la reforma se aplicó solo a los nuevos casos y las causas en trámite pasaron a juzgados especiales de transición.
– Fuerte financiamiento, fortaleciendo el personal, adecuando la infraestructura e incorporando nuevas tecnologías de la información a las comunicaciones.
– Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal integrada por el Presidente de la Corte Suprema, un Ministro de la misma Corte, el Fiscal Nacional, el Defensor General, el Subsecretario de Justicia, el Presidente del Colegio de Abogados y el Fiscal Regional de la jurisdicción de que se trate.

La experiencia de Colombia
Previo a la reforma, en Colombia existía un sistema mixto en el que si bien los fiscales contaban con mayores facultades que en Argentina investigando y produciendo la prueba, todas sus decisiones eran pasibles de ser revisadas por un juez. El procedimiento era escrito, secreto y la prueba producida en la etapa de investigación era la base para el dictado de la sentencia.
La necesidad de modificar el proceso penal surge a partir del profundo problema de inseguridad que vivía el país, y se lleva adelante con la reforma constitucional de 2002, donde se establece que el sistema de enjuiciamiento debía ser acusatorio.
Asimismo se sostiene la importancia de implementar la reforma manera gradual y se encarga a una Comisión la redacción del proyecto de Código Procesal Penal y el seguimiento de la puesta en marcha del nuevo sistema.
En el año 2004 la Comisión presenta su proyecto, en el que se establece un sistema acusatorio oral y adversarial que cuenta con una investigación informal que amplía los derechos de las partes en el proceso, que luego de ser estudiado y debatido por el Congreso es aprobado.
En cuanto a la implementación, se decidió hacerla de manera gradual, pero a diferencia de Chile que comenzó de menor a mayor, en Colombia se empezó por las principales ciudades en cuatro fases que van de 2005 a 2010.
En Colombia desde un inicio el proceso de reforma se lograron importantes cambios en las prácticas y rutinas diarias de trabajo. Esto fue consecuencia de haber fortalecido al sistema judicial con los recursos necesarios ampliando la cantidad de personal altamente capacitado y motivado para la reforma.

Algunas lecciones
El análisis de las experiencias de Chile y Colombia nos muestra que una implementación adecuada es la clave para el éxito de la reforma. Esto se debe a que la puesta en marcha y el proceso de implementación son fundamentales para hacer que las cosas sucedan.
Para cambiar la realidad del sistema penal es necesario modificar las prácticas del sistema judicial anterior; y para ello resulta importante contar con:
– Apoyo político a la reforma, en la etapa de aprobación de las leyes y en la asignación del financiamiento para llevarla adelante.
– Liderazgo interno dentro del Poder Judicial de las Cortes Supremas, los Procuradores y Defensores Generales.
– Planificación y cooperación interinstitucional, es importante planificar la reforma de principio a fin con un enfoque de políticas públicas teniendo en cuente todas instituciones y poderes del Estado que se verán afectados por los cambios.
Por otra parte, en las experiencias estudiadas encontramos algunos puntos de denominador en común:
– Progresividad de la puesta en marcha.
– Modificación en la organización y gestión de la oficina judicial.
– Capacitación tanto en los principios y objetivos de la reforma como en el nuevo rol de los operadores del sistema.
– Inversión en infraestructura e incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación.
Como se puede ver, la reforma procesal penal implica profundos cambios en el sistema judicial, que afectan a muchas instituciones y agencias de gobierno, por lo que es muy importante pensarla como un complejo proceso de modernización el Estado. Y como tal debe ser encarado con un enfoque más amplio de políticas públicas y planificado de manera ordenada, ya que de lo contrario se corre el riesgo de empeorar la respuesta de nuestro sistema penal frente al delito generando mayores niveles de impunidad.

(*)Abogado
Candidato a magíster en Derecho Penal, Becario del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del CEJA, investigador y docente. Integrante del área de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Pensar.
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