La marcha es política… ¿y qué?

Por Pablo Esteban Dávila

p04-22Son dignos de admiración los esfuerzos que hacen los fiscales federales y la DAIA para restar connotaciones políticas a la marcha convocada para el 18 de febrero. Sin embargo, sus argumentos no convencen. Marchar para reclamar por la independencia del Poder Judicial es un objetivo político, tan político como el principio de la división de poderes que establece la Constitución Nacional.
Al hablar de Poder (con mayúsculas) se hace referencia a la última ratio de la función del Estado, que no es otra que la de ejercer la violencia legítima, de acuerdo con la célebre definición de Max Weber. La teoría clásica sostiene que, para evitar que el Poder del Estado termine sojuzgando a los ciudadanos, es conveniente dividirlo en tres poderes independientes que ejerzan funciones diferenciadas. Así, el Legislativo es el que establece las leyes, el Ejecutivo es el que las ejecuta y el Judicial el encargado de interpretarlas y de ejercer el control de constitucionalidad. El resultado de esta dialéctica entre poderes diferentes se denomina Estado de Derecho.
Esta teoría no se corresponde al orden natural sino al estrictamente político. En estado puro, el poder tiende a la unidad, a la concentración. Su física inmanente no tiene nada que ver con la democracia o el pluralismo, sino con la hegemonía y la voluntad del que manda.
La decisión de dividirlo es, por lo tanto, política, un arbitraje colectivo en aras a limitarlo y evitar que termine sojuzgando a los ciudadanos culpa a sus inevitables desbordes.
La división de poderes ha sido a menudo criticada como una visión cándida y burguesa sobre la constitución real del Estado moderno. Muchos de estos reproches provinieron del comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo y del populismo autoritario, sistemas políticos que, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, resultaron ser un verdadero azote para sus países y la humanidad. Sólo los seres humanos que han perdido alguna vez la libertad a manos de estas ideologías son conscientes que la división de poderes no es ninguna ficción del constitucionalismo liberal, sino una necesidad de las sociedades modernas para su progreso moral y el respeto a los derechos humanos.
El Estado de Derecho sólo es posible en las democracias republicanas, lo cual entraña siempre el riesgo de la fricción entre los distintos poderes que lo integran. Como la libertad es el producto de aquella división, las reglas de juego en este tipo de sistemas políticos son siempre vibrantes y competitivas, un fenómeno del que ni las propias instituciones están exentas. En la carrera por ganar o mantener el gobierno, y gracias precisamente a la libertad política, muchos dirigentes suelen caer en la tentación de avanzar sobre los otros poderes, siguiendo la línea natural del desarrollo del Poder en estado puro. Afortunadamente, en las democracias liberales existen múltiples anticuerpos que impiden estos desbordes, tales como la oposición, los fallos de los jueces, la libertad de prensa y una opinión pública que, aún con los límites de su heteronomía, suele fungir como un dique de contención ante posibles excesos.
De esta manera, y ateniéndonos a la consigna de la convocatoria del 18-F en ciernes, se advierte que se intenta evitar un potencial menoscabo en la independencia del Poder Judicial, amenazada de forma brutal tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Esto significa que sus organizadores pretenden reclamar por la plena vigencia de un principio político esencial al orden republicano y no por cuestiones que hagan al funcionamiento de la magistratura, lo cual sí sería una cuestión propiamente técnica. Si ladra y mueve la cola, es perro. Es una marcha política.
Probablemente, lo que en realidad se quiera decir es que no será una marcha partidaria. Esto es mucho más correcto que reclamar una despolitización que, conforme lo dicho, es contradictoria con el espíritu de su convocatoria. Al rechazar el componente faccioso, sus organizadores elevan la política a un nivel previo al de la lucha partidaria, lo cual es correcto. No pueden existir partidos democráticos dentro de una república sin división efectiva de poderes. Si así ocurriera, habría sectas de adoradores del poder absoluto, no partidos en el sentido moderno. Por tal razón, también es prudente que los dirigentes políticos que han anunciado su participación se mantengan firmes en sus dichos de concurrir sin mostrar sus banderías (descártese, por pueril, aquello de hacerlo “a título personal”), dado que el valor que subyace a esta manifestación se encuentra por encima de las ideologías que legítimamente compiten en la arena pública.
Reconocer que es una marcha política no significa, necesariamente, hacerle el caldo gordo al gobierno nacional. Es obvio que, al tildarla de tal manera, el kirchnerismo pretende polarizar y restarle argumentos institucionales, pero el tiro podría salirle por la culata. Si los organizadores (y también los participantes) tienen la entereza suficiente para reclamarla como lícitamente “política”, la Casa Rosada debería dar explicaciones de por qué, a su juicio, no existe la amenaza que se sospecha sobre la independencia del Poder Judicial, un terreno que –a priori– se le presenta como fangoso.
Además, no debería olvidarse que el populismo del que hace gala Cristina Fernández es, básicamente, un concepto meta institucional, que considera que el decisionismo unipersonal es cien veces más productivo (y justiciero) que el complejo minué que supone el funcionamiento de las instituciones republicanas. Al confrontar esta visión con los temores presentes en la convocatoria, la disyuntiva deja de tener características facciosas para transformarse en un duelo de visiones de fondo sobre lo que realmente es la democracia y cómo debe protegérsela, un aspecto en el que la presidente ha perdido toda didáctica y autoridad moral.