El gobierno teme la movilización del 18F

Garritgós de RéboriPreocupados por la masividad de la convocatoria del miércoles próximo, 18 de febrero, cuando bajo la consigna de esclarecer la muerte del fiscal Alberto Nisman se está organizando una marcha de silencio, en las últimas horas funcionarios y voceros del gobierno redoblaron su apuesta para amedrentar y denostar a los que ya han anunciado su participación.
Tras calificarla de “oportunista” y “política” (como si una marcha en reclamo por la muerte dudosa de un fiscal que investigaba a la Presidenta pudiera tener otro carácter), comenzaron a sucederse ayer aprietes y amenazas veladas, como la que advertía que los jueces y fiscales que participen, podrían ser recusados en las causas en que les toque actuar.
Originada en un grupo de fiscales compañeros de Nisman, entre los principales objetores están los miembros del colectivo Justicia Legítima, una agrupación oficialista de funcionarios judiciales. La camarista María Laura Garrigós de Rébori, su presidenta, minimizó el reclamo señalando la movilización sólo “será útil para saber quién está de cada lado y quiénes quieren y quiénes no la transparencia”.
También el filósofo Ricardo Forster, secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional (sic), dijo que los marchantes “tomarán al pueblo por tonto”, y que el reclamo encubre en realidad una oposición a la reforma del Código Penal.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del oficialismo, la organización del reclamo va tomando volumen rápidamente, y los más optimistas esperan una movilización histórica que supere el millón y medio de personas en todo el país, comparable a las ocurridas en la Semana Santa de 1987 durante el alzamiento de los militares carapintadas.
Tras acordar que se marcharía sin banderas ni consignas partidarias, hasta ayer habían comprometido su asistencia casi todos los candidatos presidenciales no kirchneristas, como Mauricio Macri, Sergio Massa, Hermes Binner, Ernesto Sánz, Julio Cobos, Elisa Carrió, Fernando “Pino” Solanas y José De la Sota. También partidos como la Unión Cívica Radical, el socialismo y el GEN; Pablo Michelli, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, de las centrales obreras opositoras; la comunidad judía a través de la DAIA y la AMIA, asociaciones de abogados y de empleados del Poder Judicial, ONG’s y agrupaciones sociales, periodistas, artistas e intelectuales.
Está previsto que la marcha central, que se iniciará el miércoles próximo a las seis de la tarde frente al Congreso y avanzará hasta donde funciona la Unidad Fiscal Especial que investiga el atentado a la AMIA y que dirigía Alberto Nisman, frente a la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, tenga su réplica en las principales ciudades del interior y frente a las embajadas argentinas en el extranjero.
Además de los organismos y las asociaciones referenciadas en el gobierno, tampoco se movilizará la CTA oficialista que orienta Hugo Yasky, ni agrupaciones de izquierda como el Partido Obrero, cuyos dirigentes anunciaron ayer que a la movilización la convocan “encubridores”, ni el PTS, que la calificó de “reaccionaria”.
Paradójicamente, tanto los sectores que apoyan la marcha como los que la temen, parecen imaginar un mismo escenario para dentro de una semana: las calles del país llenas, en un reclamo que inevitablemente excederá la necesidad de esclarecer la inoportuna y confusa muerte de un fiscal que había denunciado por encubrimiento de terroristas a la Presidenta de la Nación.