[dc]U[/dc]na nota en el blog del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Información y algún comentario de su autor, representante estudiantil oficialista, en el Consejo Superior bastaron para que el sensible progresismo universitario se vea involucrado en una nueva discusión relacionada a las tasas que se cobran en distintas facultades.
“La derogación de la Ordenanza 5/90, conocida como la contribución estudiantil, marcó un límite al proyecto neoliberal que azotó al país durante los noventa y le devolvió la posibilidad a muchos ciudadanos de acceder a la educación universitaria, poniéndole punto final al comercio del sistema educativo. Pero…”. Con esta pomposa introducción comienza su texto el consiliario Albarracín en la web. Se refiere a la derogación que impulsara la ex rectora Carolina Scotto en el año 2011 como prueba de amor hacia el kirchnerismo, primer paso en la construcción de su candidatura a diputada nacional por el Frente para la Victoria.
La eliminación de las cuotas irrisorias, copiadas de las tradicionales cooperadoras de los colegios primarios y secundarios públicos, que cobraban las facultades no tuvo ningún efecto práctico en la composición social de la matrícula universitaria. Era previsible, ningún estudiante deja la universidad por aportar el equivalente a un atado de cigarrillos mensual. Pero para la estudiantina pseudo-izquierdista universitaria la eficacia de las medidas no es lo prioritario, se conforman con las declaraciones simbólicas que los galardonan en las asambleas y tertulias habituales en la Casa de Trejo.
Esta medida demagógica si tuvo efecto presupuestario. La ex rectora tuvo que compensar con presupuesto público la pérdida de recursos que el capricho bisagrista le ocasionaba a las unidades académicas. Así lo hizo con el desapego clásico del kirchnerismo para con el dinero que aportan todos los ciudadanos.
Seguramente, ni la ex diputada Scotto ni el rector Tamarit, imaginaron que sus socios estudiantiles irían por más. La agrupación La Bisagra considera que, aún derogada, la contribución se sigue cobrando solapadamente en forma de tasas administrativas o apuntes para el ingreso. En resumen, denuncian que algunas facultades, siempre las opositoras, cobran tasas por diversos servicios, materiales o trámites que realizan.
Más interesante que lo que afirman es lo que callan. Los decanos aliados al rectorado no se privan de poner precio a diversas prestaciones. Es el caso de la muy oficialista facultad de Odontología que cobra $400 en el ingreso. El consiliario Albarracín seguramente no reparo tampoco en que su propia unidad académica, Ciencias de la Información, cobra $350 mensuales por el dictado de tecnicaturas a distancia; o que el propio rectorado de la UNC exige $420 a todos los egresados por el trámite del título de grado. El certificado que acredita la culminación de los estudios no sería “un derecho” para la rebuscada concepción de los representantes estudiantiles del oficialismo rectoral.
Habrá que esperar al 2015 para ver si este planteo del kirchnerismo estudiantil es solo una catarsis producto del malestar que les produce el giro pragmático de su movimiento político o piensan proponer la derogación de todas las tasas administrativas que deberán ser cubiertas con fondos del menguante presupuesto universitario. ¿El rector Tamarit caerá, como su antecesora, en la tentación del muchachismo o apelará a su arraigada tendencia a la realpolitik y este berrinche terminará con un reto? Tal vez se apele al recurso típico del neo-progresismo universitario y todo se resuelva con un proyecto de declaración.
