Exito de municipio: logró reducir condena por u$s 110 M a $ 6 M

MunicipalidadHace casi medio siglo, con precisión, 44 años, una demanda multimillonaria ha mantenido en vilo las finanzas municipales. Esta demanda la presentó en 1970 la empresa ejecutora, COPYC, por una obra ejecutada en 1962, cuando era intendente de Córdoba Víctor Martínez. La obra en cuestión y el caso judicial son recordados como “las mil cuadras de V Víctor Martínez y consistió en la repavimentación del casco céntrico de la ciudad.
Desde entonces, han desfilado por la Municipalidad más de veinte intendentes, incluidos los designados por las dictaduras militares de la Revolución Argentina (1966-1973) y el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Desde la reinstitucionalización de país, en 1983, todos los intendentes observaban con temor reverencial este juicio virtualmente impagable.
Baste mencionar que en algún momento de este inmenso proceso judicial hubo una sentencia considerada como firme, que al bajarse al Juzgado de Primera Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, con fecha 3 de agosto de 1998, la demandante presentó un escrito titulado “Medidas preparatorias relativas a la ejecución de sentencia”, en el establece un método de cálculo estimó la deuda a $ 108.059.449,22, que por regir la Ley de Convertibilidad son dólares. Al valor del dólar oficial, actualmente sería algo asó como $ 1.000 millones de pesos.
La demanda, virtualmente impagable, pasó de largo por la administración de Rubén Martí (1991-1999), siguió con un sinnúmero de diligencias, pericias, incidentes y apelaciones.
El juicio bajó nuevamente a primera instancia y la parte actora pretendió que se realice una nueva pericia técnica para determinar “el valor actual de la obra”, decreto que fue motivo de reposición y apelación por parte de la Municipalidad, que en definitiva fue acogido favorablemente por la Cámara interviniente, por lo que el monto oportunamente fijado por el Juzgado de Quinta Nominación resulta definitivo como capital, correspondiendo adicionarle los intereses a las tasas y por los períodos fijados en las resoluciones comentadas. La actora intentó una casación en contra de esta decisión, que le fue denegada en diciembre del 2010.
Nuevamente en primera instancia y en lo que hace al estado actual de la causa, se informó que, dado que la actora ha efectuado innumerables cesiones de crédito a terceros, es uno de ellos quien viene instando la ejecución de sentencia y formulando las planillas del caso.
También se debe destacar que, habiendo vencido el plazo de pago (16años) establecido por la ley 8250, si bien por el período de su vigencia los intereses se calculan a la tasa fijada en dicha norma, el pago debe efectuarse en dinero efectivo y de contado, ascendiendo aproximadamente a la suma de $ 6.000.000.