FC acusa a De la Sota de hacer un relato sobre el 3 de diciembre

KD9L9145
Liliana Montero

[dc]E[/dc]l bloque de legisladores del Frente Cívico acusó ayer al gobernador José Manuel de la Sota de haber sido “el principal responsable” de los incidentes ocurridos entre el 3 y el 4 de diciembre del año pasado, cuando ocurrió un acuartelamiento policial que permitió que hordas de delincuentes salieran a atacar a los vecinos.“No vamos a ser cómplices del relato del Gobierno que pretende instalar la responsabilidad de lo sucedido fuera de su órbita, diseminando culpas por doquier”, afirmaron los legisladores del Frente Cívico en un documento firmado por su presidente, Liliana Montero, el vice Santiago Clavijo, y el vice 1° de la Cámara, Ricardo Fonseca.
“El gobierno busca, en una estrategia de marketing, victimizarse cuando en realidad no es víctima sino el primer responsable”, agregaron.
La dureza del mensaje contrasta con la calma con que se tomaron el asunto en la sesión en que el Comipaz (Comité Interreligioso por la Paz) asistió para presenciar cómo se aprobaba su proyecto que declara al 4 de diciembre como Día del Reencuentro. Esa tarde, se impuso en el recinto el discurso oficialista, que nadie discutió. “La irracionalidad nos envolvía”, dijo el presidente de la bancada Unión por Córdoba, Sergio Busso.
Ahora, el juecismo gira el dial y ubica la responsabilidad en el Gobierno por su mora para reaccionar ante un conflicto que venía mostrándose hacía tiempo.
“El conflicto policial no era ajeno a De la Sota. La crisis fue muchas veces anunciada y el Gobierno no quiso o no supo escuchar los mensajes que le eran dados y que finalmente desencadenaron el caos institucional. Ignoraron las demandas, las minimizaron y las utilizaron posteriormente como justificativos para llevar adelante una política que lejos de combatir el delito, lo mantiene y genera divisiones cada vez más profundas en la sociedad”, enfatizaron los legisladores del Frente Cívico.
Para juecistas y afines, “en el fondo de lo sucedido la noche del 3 y madrugada del 4, subyace la fuerte división que esa política instaló entre los cordobeses, basada en el odio de unos contra otros: de los que tienen contra los que no, de los que no frente a los que sí, de los ‘blancos’ contra los ‘negros’, de los que andan en moto contra los que tienen auto, de los que usan gorra contra los detractores de la misma y así en todos los ámbitos y espacios de la sociedad”.
“Sin embargo –continuaron-, las medidas del Gobierno, luego de haberle dado a los policías lo que solicitaban, fueron: pases a retiros, sanciones disciplinarias encubiertas y cambios de nombres en la conducción, compra de vehículos, leyes que sólo persiguen un fin marketinero pero que escasamente se han puesto en marcha, mayor endurecimiento de la acción policial para con los ciudadanos y cero acciones para mejorar la prevención y combatir el delito”.
Para el Frente Cívico, “nos parece central que los distintos partidos políticos seamos capaces de avanzar en el diseño de una política de seguridad que devuelva una mirada global sobre el tema”. “La policialización de la provincia equivoca y minimiza el problema pero, además, vuelve a dejar a la provincia a la merced de una nueva acción de presión por parte de los uniformados. Los saqueos fueron consecuencia directa de la ausencia de la policía que liberó, y quizá algunos hasta los habilitaron, para notificar: “sin nosotros en las calles se desata el caos”, sigue.
Finalmente, los legisladores del Frente Cívico ratificaron su adhesión al acuerdo de seguridad democrática “que innumerables organizaciones y referentes políticos, sociales y académicos sostienen y desarrollan y que se ha constituido como una alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos”.