Por Gabriela Origlia
[dc]L[/dc]a agenda de los gremios (y de los medios) se concentra en los últimos meses en la inequidad del impuesto a las Ganancias y en los problemas que acarrea su falta de actualización. No hay dudas de que los reclamos son justos, pero no hay que perder de vista que el 85% de los empleados en relación de dependencia no llegan al piso para empezar a pagar el tributo. Por ellos –igual que a los jubilados nacionales, los autónomos y los monotributistas- no hay protestas callejeras ni paros; cuando en realidad deberían ser todos los que salieran a manifestar en contra de la inflación que es la que se “come” los ingresos. Casi nueve de cada diez trabajadores en blanco este año perderán entre 5,6 y 8,7 por ciento de su salario en manos de la inflación. La cuenta es simple, con precios que subirán promedio el 40% este año y paritarias que, en el mejor de los casos, llegaron al 32%, la brecha juega a favor del proceso inflacionario. El mismo cálculo es el que fundamenta que, por primera vez en la década de administración kirchnerista, el consumo vaya a cerrar el año con una baja de alrededor del dos por ciento.
Uno de los motores del “modelo” se quedó sin nafta. La causa es la misma que el Gobierno sigue ninguneando, la inflación. Hay pérdida de poder adquisitivo. Ya nadie puede pensar que es una “ingenuidad” de la presidenta Cristina Fernández recalcar que Argentina es el único país del mundo donde los sueldos suben por encima del 25%. Es el único porque no hay otro (en realidad, sí, Venezuela) en que la inflación suba arriba del 35% anual.
Un millón de trabajadores pagan Ganancias (1,5 millones dejaron de hacerlo desde el decreto que rige de setiembre de 2013 que establece que quienes “cuya remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero a agosto del año 2013, no supere la suma de $ 15.000” quedarían exentos). Los más inequitativo del impuesto es que hoy la mayoría tributa la alícuota más alta, la del 35%, puesto que las escalas siguen sin modificarse.
“Pagan como si los ingresos fueran millonarios –grafica el economista José Arnoletto-. No hay cambios en el esquema, como tampoco se hacen para los monotributistas que tienen sus umbrales de facturación destrozados por la inflación, o los autónomos, quienes pueden deducir la mitad que los asalariados en Ganancias y, además, tienen un mínimo menor”. Así, el problema no es tanto la cantidad de trabajadores alcanzados sino que quienes pagan pasan a tributar más rápido en las escalas más altas.
Pese al ajuste automático de sus haberes del 30,5% este año, los jubilados nacionales están entre los más perjudicados. Sus ingresos tuvieron una pérdida real del 10% y, además, el Gobierno asegura que no puede darles un bono compensador. Se los niega a quienes cobran $3.500 mensuales a la vez que administra a su antojo el Fondo Sustentable de Anses. Sobre ese punto Arnoletto enfatiza que no hay que perder de vista que son recursos que “no pertenecen al presupuesto estatal; es dinero ajeno, sus dueños son los afiliados activos”.
Fue el Gobierno el que permitió llegar al actual escenario de estanflación. Contó con tiempo y herramientas para evitarlo, pero no las aplicó. Incluso algunas medidas terminaron complicando la situación. Hoy el margen de acción es menor y todos los incentivos que pone en marcha tienen efectos más limitados. En el mejor de los casos, si exceptuara de Ganancias el medio aguinaldo, un trabajador salvaría $3.500 y dejaría en manos del Estado $25 mil. Y otro 85% -también el mejor de los casos- seguirá tarjeteando para llegar a fin de mes.
