[dc]T[/dc]al como lo había anunciado, el gobernador José Manuel de la Sota, presentó ante la Corte Suprema una Acción Declarativa de Certeza que busca obtener una pronunciamiento judicial de inconstitucionalidad respecto a la exigencia de la Nación para que la Provincia desestime los juicios iniciados contra el Gobierno Nacional.
El requerimiento está expresado en el artículo 5 inciso F del convenio a suscribir por el Estado Nacional con la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa de Desendeudamiento” de las provincias argentinas.
La administración provincial considera que esa cláusula “violenta en forma arbitraria e ilegal los preceptos constitucionales” contenidos en los artículos 16 (derecho de igualdad y no discriminación), 17 (derecho de propiedad), 18 (tutela judicial efectiva) y 19 (legalidad y razonabilidad) de la Constitución Nacional.
Fundamenta esta consideración en que, “de manera arbitraria y discriminatoria respecto del resto de las jurisdicciones provinciales, establece una condición de imposible cumplimiento –la renuncia a las acciones judiciales entabladas contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema- cercenando de tal manera la posibilidad de acogerse a los beneficios del mencionado programa con menoscabo del patrimonio provincial”.
“Este trato discriminatorio repercute negativamente en la situación económico- financiera de la Provincia de manera actual y directa, ya que al no tenerla por acogida al ‘Programa de desendeudamiento para las Provincias Argentinas’ mencionado, no solo no formó parte de la distribución de la Ayuda del Tesoro Nacional (ATN) realizada al 31 de diciembre de 2013, sino que, automáticamente, se afectó la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponde al pago de la deuda que mantiene con la Nación, cuyo plazo de gracia hubiese sido prorrogado de mantenerse dentro del Programa”, continúa la presentación.
La Provincia solicita se ordene al Estado Nacional otorgar a Córdoba idéntico tratamiento que al resto de las jurisdicciones incluidas en el “Programa de desendeudamiento” y ratifica su intención de acogerse al esquema.
Pide se cumplan las pautas previstas en la Resolución Ministerial 36/2013 citada, a saber: a) recalcule la deuda de la Provincia de Córdoba, imputando para su determinación la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional que le hubiere correspondido a Córdoba, si se hubiese firmado el Convenio a que alude la Resolución Nro. 36/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, incluyendo también los montos descontados de la Coparticipación Federal desde el mes de Enero hasta la fecha, y b) que se determine la deuda conforme el saldo resultante; el que deberá tener el tratamiento previsto en la citada Resolución (vigencia del plazo de gracia a los fines de su pago).
Como medida cautelar, la presentación realizada solicita que, por el plazo de un año se ordene la suspensión de las retenciones que se le vienen efectuando a Córdoba de los recursos de Coparticipación derivados de los convenios bilaterales en el marco del “Programa de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, suscriptos con fecha 18 de agosto de 2010 y 28 de diciembre de 2011, dado el perjuicio inminente y concreto que su aplicación supone para esta parte.
$60M al mes
A mediados de este año la Nación dejó a Córdoba fuera de las refinanciaciones de deuda porque mantenía abierto juicios contra el Estado nacional, en particular por el reclamo de fondos que Anses supuestamente adeuda a la Caja de Jubilaciones. Frente a esta exclusión Córdoba desembolsa unos $60 millones mensuales para cumplir con esos compromisos.
La Provincia ya había reclamado que la Nación destine los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que adeuda a Córdoba y que utilizó en general en el programa vigente para otras provincias, para o bien cancelar parte del pasivo cordobés o para que la jurisdicción pueda disponer para otros fines.
