Por Pablo Esteban Dávila
[dc]L[/dc]os cordobeses, al igual que casi todos los argentinos, están hartos de los impuestos. Se paga mucho y se recibe poco. Poca seguridad, poca educación, poca infraestructura; prácticamente no existe actividad brindada por el Estado que no se encuentre reprobada por los ciudadanos. Paradójicamente, esto ocurre cuando el nivel de gasto público está por las nubes: casi la mitad del PBI. Para colmo de males, no existe ninguna perspectiva realista que esta fenomenal presión impositiva pueda descender al mediano plazo.
La Nación, por supuesto, se lleva la parte del león. En 2001, casi el 35% de los recursos tributarios nacionales quedaban en manos de las provincias, mientras que hoy su participación apenas araña el 25%. Además, mientras que la Casa Rosada se financia crecientemente con la emisión monetaria, las jurisdicciones provinciales padecen precisamente a causa de la inflación que aquella provoca.
Es un hecho que, durante las administraciones de los Kirchner, la cuestión del federalismo fiscal ha estallado en mil pedazos. Las provincias no sólo reciben menos en términos relativos sino que también están sujetas a arbitrarios sistemas de distribución de recursos a través de la obra pública o de ayudas del tesoro nacional. Esto significa que, con independencia de su contribución al total de la riqueza del país o a la prudencia de sus gestiones, los gobernadores deben esperar –a modo de mendigos constitucionales– que la presidente los premie o castigue según su alineamiento político. De otra manera no podría explicarse, entre centenares de posibles ejemplos, que Vialidad Nacional haya privilegiado una autovía entre las ciudades de Paraná y Concordia al mismo tiempo que hizo pito catalán a la de Córdoba – Río Cuarto, similar en kilómetros y complejidad técnica pero con mucha mayor densidad de tráfico.
La cuestión se torna aún más sórdida al comprobar que, pese a la nacionalización de las AFJP en 2008, el gobierno federal continúa usufructuando el 15% de la coparticipación cedida por las provincias para financiar el déficit de la ANSES luego que los aportes jubilatorios pasaran del Estado a las administradoras privadas a mediados de los ‘90. Ahora que ya no existen razones, ni económicas ni legales, para reintegrar estos montos a sus legítimas dueñas, nadie en la Casa Rosada parece reparar en la ilegitimidad de mantener tal status quo. El asunto, como tantos otros, se encuentra en la Corte Suprema de la Nación a la espera de un fallo ejemplar que nunca llega.
Estas asimetrías fiscales han logrado que muchas provincias optaran por arreglárselas con los recursos que tuvieran a mano ante la perspectiva de caer en bancarrota. Consecuentemente, en los últimos años fue posible advertir de cómo prácticamente todas incrementaban las alícuotas a los ingresos brutos, restablecían el impuesto de sellos oportunamente derogado y aplicaban rigurosos ajustes por inflación a las valuaciones de las propiedades inmuebles y los automotores. Tales decisiones, antipáticas pero inexorables, fueron cínicamente censuradas en más de una ocasión por la propia Cristina Fernández, argumentando que “mientras que algunas provincias suben los impuestos, la Nación los mantiene siempre iguales”.
En el caso de Córdoba, al problema estructural sobre cómo se distribuye la coparticipación debe sumársele la disputa que la enfrenta con la Casa Rosada. Uno de los capítulos más amargos de este desencuentro es el del déficit de la Caja de Jubilaciones. Luego de firmar un acuerdo para aportar fondos al organismo cordobés la ANSES decidió, tan unilateral como arteramente, no cumplirlo a pesar de la claridad del compromiso asumido. Hasta el presente, el precio de tal inobservancia es mayúsculo: según cálculos de la Casa Espejada, se le adeuda a la Provincia la friolera de seis mil millones. A esto deben sumársele los montos comprometidos para diferentes obras viales que jamás se desembolsaron y que, en su hora, fueron detraídos del tesoro cordobés.
Frente a tal panorama, no fue obra del capricho la creación de la Tasa Vial. No es, ciertamente, un buen impuesto, pero tiene mucho de inevitable. Habría sido motivo fuertes quejas desde estas mismas páginas si dicha tasa hubiera sido creada en un contexto de estricto respeto al federalismo y de responsabilidad fiscal, pero no puede obviarse el contexto. Si la presidente se apropia de cada vez más recursos públicos y los reparte discrecionalmente entre sus aliados, ¿queda margen para requerir a la Provincia que recorra un martirologio financiero que la Nación, definitivamente, no piensa transitar?
La Tasa Vial no es el problema, aunque muchos cordobeses legítimamente la consideren como tal. El verdadero quid de la cuestión reside en el hecho que hace ya largo tiempo que el kirchnerismo ha decidido trasladar el ajuste tierra adentro, mientras emite alegremente para financiar sus fiestas privadas al estilo de fútbol para todos, Paka Paka, AyS SA o Aerolíneas Argentinas, entre otros desaguisados. Pedirle moderación a la Provincia al tiempo que la Casa Rosada protagoniza un largometraje de gastos improcedentes no parece realista, especialmente cuando Córdoba se encuentra en el Índex político del kirchnerismo y, por lo tanto, excluida de cualquier reparto de fondos por fuera de la coparticipación federal.
Será siempre saludable señalar a los gobernantes el malestar de los ciudadanos frente al exceso de impuestos y la compulsión de gastarlos improductivamente pero, en la Argentina de hoy, es extremadamente difícil ser ecuánime con la crítica. Porque no puede dejar de advertirse que quienes deben incrementar los tributos (algunas veces más allá de lo razonable) no son otros que los gobernadores perjudicados por la discrecionalidad de la Nación, que ha dinamitado cualquier base de entendimiento federal en materia impositiva y que la ha reemplazado por una ley del gallinero fiscal en cuyo extremo inferior estamos todos nosotros, Tasa Vial incluida.
