Ley de hidrocarburos: Lejos del “todo para todos”, nada para nosotros

diego mestre 06-08Por Diego Mestre(*)

La modificación a la ley de hidrocarburos que fue tratada en Diputados y ya cuentaba con media sanción del senado, parece haber sido reescrita para validar el acuerdo secreto entre Chevron e YPF para la explotación conjunta de los recursos energéticos nacionales. Estipula menos regalías para pozos convencionales, otorga nuevas áreas con fracking (fractura hidráulica), y da la posibilidad de disponer del 20% del crudo obtenido y comercializarlo libremente (sin retenciones). La ley parece querer seducir a las grandes corporaciones petroleras para que exploten nuestro subsuelo y hagan un gran negocio. Si hay un tema que merece estudio, reflexión y análisis por parte del Congreso y el pueblo argentino, es el del tratamiento de nuestros recursos. Pero no es la idea del oficialismo.
Nadie duda la necesidad de revertir la dependencia internacional de energía que drena las reservas de divisas y lesiona el crecimiento. ¿Pero por qué tanto secreto por un acuerdo que es importante para todos? ¿Acaso no representa, en teoría, una oportunidad de autoabastecimiento y soberanía energética para el país? Celebrar contratos a espaldas del pueblo con una empresa dominante (y cuestionada globalmente por sus prácticas contaminantes del medio ambiente), genera preocupación. Sobre todo, porque el contrato que oculta el Gobierno Nacional, es un velo que impide dimensionar las consecuencias financieras (y ecológicas) de algo tan serio como la explotación de nuestro patrimonio energético no renovable.
Esta ley representa una afrenta a las provincias no petroleras que quedaron afuera de toda discusión sobre regalías y cánones, erosionando la equidad distributiva del supuesto federalismo que el Gobierno Nacional dice defender. Por ejemplo: cada uno de los contribuyentes a lo largo del territorio nacional, aporta fondos para saldar los 5.000 millones de dólares que se acordaron pagar a Repsol por el 51% del paquete accionario. ¿Por qué no pueden participar del debate otras provincias?, ¿Por qué no hay un intento de extender una mínima parte de esas regalías al resto de las 24 jurisdicciones que contribuyeron a la recuperación de la empresa de bandera argentina? Esto es particularmente injusto cuando se trata de provincias como Córdoba, que realizan aportes significativos a la masa coparticipable, especialmente a través del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero), y su retorno del 30% al resto del país, sin ningún tipo de discriminación. Así son las cosas: la soja es para todos y las regalías para pocos.
Argentina protagonizará un giro geopolítico importantísimo que debemos aprovechar de la mejor manera. Gracias a las nuevas tecnologías disponibles, se podrá acceder a esa cantidad impresionante de hidrocarburos no convencionales (shale oil, shale gas). También existe un mundo que los necesita y está dispuesto a pagar un precio justo. Es necesario que nuestro patrimonio esté protegido y no hipotecado. Las áreas petroleras se enriquecerán como nunca. Me pregunto hasta qué punto se acentuarán las diferencias entre provincias petroleras y no petroleras, ricas, pobres y muy pobres, del sur, del norte, alineadas y no alineadas al partido gobernante, etcétera. Temo que esta situación sepulte aún más el federalismo consagrado en la Constitución Nacional y desvirtuado por el Gobierno Nacional.
Quizás lo más grave sea el intento por disfrazar de soberanía energética, una ley que entrega demasiado barato un recurso estratégico precioso. La legislación establece un límite del 12% al 18% al porcentaje de regalías susceptibles de ser percibidas por las provincias. En Bolivia, las regalías sobre la explotación de los recursos energéticos llegan al 40%, en Venezuela el 30%, en Australia y Colombia el 25%. Si un 1% adicional en las regalías representa 45.000 millones de dólares, un 20% totalizaría 900.000 millones de dólares más. ¿Será que ese 12% es una imposición de Chevron para explotar los pozos en condiciones leoninas?
Creo que el límite establecido genera frustración para quienes representamos a provincias no petroleras, ya que el autoabastecimiento energético y la soberanía nos incumbe, incluso, a los habitantes de las provincias que no fueron coparticipadas de los beneficios hidrocarburíferos. A través de esta ley se está entregando un caudal desconocido de recursos naturales sin habernos dado la posibilidad a los legisladores de sugerir mejoras. ¿Esto es soberanía? ¿Esto es anti imperialismo? Esto se parece a un patriotismo engañoso, atestado de improvisación que puede malvender el futuro de los argentinos.
A su vez, la ley suprime los límites existentes en la vieja ley a la cantidad de pozos que una empresa pueda acumular en su poder. Esto abriría la puerta a una situación de oligopolio con las injusticias correspondientes. ¿Acaso no acaban de sancionar una ley de abastecimiento para resguardar (en teoría) a los consumidores de las posiciones dominantes de las empresas? También sorprende que esta ley sea propuesta en el último año del mandato de la presidenta, en un contexto de escasez de divisas, inflación y recesión. Tampoco existe un plan energético sustentable. Se parece a un manotazo de ahogado que nos cuesta muy caro.
Decidí elevar un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo remita a la Honorable Cámara, copia íntegra del acuerdo entre YPF y Chevron. No me mantengo optimista con el resultado: es como preguntarle la hora a una pared. Espero un largo silencio, como lo esperan los argentinos a quienes represento.
(*)Diputado Nacional UCR