Por Gabriela Origlia
[dc]D[/dc]esde hace varios meses, con algunas pequeñas variaciones, el equipo de Gobierno ejecuta el mismo repertorio en un panorama económico que –lejos de mejorar- profundiza sus problemas. Octubre de 2013 presentaba los mismos inconvenientes, pero ahora se agravaron dos aspectos. La inflación anualizada entonces era del 28% (hoy es del 40%) y la actividad crecía levemente; ahora los datos de fuentes oficiales y de consultoras privadas marcan que la economía está frenada, el consumo cae. Los salarios pierden frente a la inflación, la inversión no aparece y la calma del mercado cambiario se sostiene a fuerza de gendarmes y perros.
En ese escenario, el repertorio de medidas oficiales es siempre el mismo. Amenazas en tono iracundo, acuerdos posteriores empujados por la necesidad de conseguir dólares en el fondo de la olla (por ejemplo, con las cerealeras; igual que hace un año) y ahondamiento de controles de todo tipo (un caso, la obligación de declarar alquileres temporarios). Hace tiempo que el Gobierno viene aplicando esta medicina sin que hasta ahora haya conseguido resultados positivos. A la ineficacia de algunos instrumentos se suma la desconfianza que reina y que termina complicando más la situación.
Los enfrentamientos –lejos de mejorar el clima de negocios- no hacen más que acelerar las turbulencias y la incertidumbre. Un día son los sojeros, de quienes los funcionarios se “burlan” y les señalan que si no hubieran especulado para liquidar hubieran conseguido mejor precio. Lo hacen como si desconocieran que la baja internacional, además de golpear el bolsillo del productor, le pega directo a las finanzas públicas. Otro día son los empresarios reunidos en Idea, a quienes el jefe de Gabinete Jorge Capitanich reclama que vayan a elecciones para ver cuántos votos juntan. Habla como si confundiera roles.
La crítica a los gremios esta semana se tomó un respiro porque debería haber empezado por los más allegados que reclaman bonos de fin de año y admiten que la inflación le gana a los salarios. El secretario Augusto Costa peca de ignorante o ingenuo al plantear que no hay pérdida de poder adquisitivo porque los Precios Cuidados aumentarán 11,9% entre enero y enero. Es decir, la peor de las paritarias le sacará 18 puntos porcentuales de ventaja. Con tanta holgura en los ingresos es inexplicable que la gente consuma menos.
En este marco, el presidente del Banco Central hace declaraciones que no aportan nada. Salir a decir que no se devaluará es innecesario. No sólo porque por su función debería abstenerse de hacer especulaciones sobre la política cambiaria, porque en la Argentina hay una larga historia que empuja a que los ciudadanos piensen exactamente al revés cuando un funcionario aconseja no apostar al dólar y porque con una inflación del 40% del anual es impracticable sostener un tipo de cambio fijo. Para completar su aporte a la incertidumbre, se filtró el mail en el que contaba que la decisión de arreglar con los buitres ya está. Sólo se trabaja en cómo presentarla.
Mientras Argentina transita estos caminos económicos tortuosos para conseguir algunos dólares, países que proclaman modelos distintos (como Colombia) o parecidos (como Bolivia) colocan bonos y consiguen financiamiento internacional a buenas tasas y largos plazos. Por estas pampas las expectativas –impulsadas por los comentarios fuera de micrófono del oficialismo- las miradas están puestas en enero, cuando podría cerrarse el conflicto con los buitres. Es una incógnita si se avanzará en ese camino por el chantaje de estos grupos respecto de revelar las cuentas de la corrupción o si es por la decisión política de no terminar tirando por la borda la economía y dejar a su candidato -¿será, finalmente, Daniel Scioli?- haciendo campaña en un marco de recesión, inflación e inquietud por la conservación del empleo.
