Programa de empleo joven se transforma en política de Estado

Juan Grosso, presidente de la Agencia de Promoción del Empleo Joven y Formación profesional.
Juan Grosso, presidente de la Agencia de Promoción del Empleo Joven y Formación profesional.

[dc]I[/dc]nusual en los tiempos casi preelectorales que corren pero por eso mismo auspicioso, el programa de promoción del empleo joven con el que José Manuel de la Sota abrió su primera administración allá por 1999 y lo repitió en las sucesivas, se transformará en política de Estado al elevarse esos planes de resoluciones administrativas a una ley provincial.
El proyecto tomó estado parlamentario en la pasada sesión de la Legislatura pero hay dos motivos decisivos para suponer que se transformará en política de Estado, es decir, permanente: su transformación en ley y la autoría múltiple del proyecto, que lleva al pie la firma de prácticamente todos los bloques de la Unicameral. Esto es, de Oscar González (presidente Provisorio del cuerpo) y los titulares de los bloques Sergio Busso (UPC), Liliana Montero (juecismo), Pedro Javier Pretto (Pro), Fernando Salvi (FpV), Aurelio García Elorrio (vecinalismo) y la vicepresidenta Olga Ristra (UCR).
Hay sólo tres ausentes en las rúbricas al pie del proyecto, pero esto no es indicativo de que no se terminen sumando o votándolo en el recinto: Rubén Borello (flamante massista), Roberto Birri (PS) y Cintia Frencia (Fit). La información legislativa indica que en noviembre llegaría al recinto.
La iniciativa pretende, en sus fundamentos, “garantizar la continuidad (del programa) en el tiempo, de modo de asegurar la previsibilidad en los beneficios que el mismo ha generado para la población desde el año 1999”, afirmando el plan “ha tenido una importante repercusión en las sucesivas etapas en que fue implementado y ejecutado, permitiendo a los jóvenes de nuestra provincia la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en ámbitos laborales del sector privado que posibilitan la adquisición de saberes indispensables y la conformación de la experiencia previa necesaria para conseguir un puesto de trabajo futuro.
Dados los quince años de vigencia del programa, el proyecto de ley no contiene mayores sorpresas, más allá de su formulación en ley, pero conviene repasar las previsiones principales precisamente al garantizarse su continuidad en el tiempo, más allá del partido que gobierne la Provincia.
El Programa Primer Paso (PPP) tendrá una implementación anual obligatoria en todo el ámbito de la provincia, con el objetivo principal de “facilitar la transición hacia el empleo formal de jóvenes desempleados sin experiencia laboral relevante, mediante la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo de empresas o empleadores privados, con la finalidad de desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades similares a las que se requieran para desempeñarse en ámbitos laborales y que aumenten la empleabilidad del beneficiario”.
Los aludidos en el programa son jóvenes de ambos sexos, de 16 a 25 años inclusive, desempleados, sin experiencia laboral relevante, y los discapacitados y/o trasplantados de hasta 49 años inclusive que se encuentren desocupados y registren domicilio en la Provincia de Córdoba. La autoridad de aplicación –la Agencia de Promoción del Empleo Joven y Formación Profesional que preside Juan Grosso- “podrá exceptuar de algunos de estos requisitos a jóvenes con discapacidad o con limitaciones físicas, psicológicas o socio-económicas que dificulten su acceso al empleo”.
Los requisitos para ser beneficiario es no haber tenido empleo registrado continuo en los últimos 6 meses, al momento de la inscripción; no percibir ninguna jubilación o pensión, ayuda económica de otros programas nacionales, provinciales o municipales, aunque podrán ser incluidos como beneficiarios los que perciban la Ayuda Universal por Hijo o la que pudiere reemplazarla en el futuro.
También figura como inhibición no haber sido beneficiario en ediciones anteriores del Programa -a excepción de los postulantes con capacidades especiales-, mientras que los menores de edad o incapaces, deberán tener el consentimiento de sus representantes legales. Tampoco no serán hábiles los el cónyuge y/o los parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad del capacitador.
Los requisitos para los capacitadores las personas físicas y jurídicas en general del ámbito privado de la provincia, cualquiera sea su actividad económica que reúnan las siguientes condiciones: estar inscriptas regularmente en los organismos nacionales, provinciales y municipales de carácter tributario y de la seguridad social; no haber efectuado despidos masivos de sus trabajadores en un periodo no inferior a los seis (6) meses a la fecha de lanzamiento de cada etapa del programa; no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral (bajo cualquier modalidad) por beneficiarios del programa; no tener a su cargo ni servirse de trabajadores no registrados o registrados indebidamente; y autorizar y permitir en sus instalaciones la realización de los procesos de capacitación y entrenamiento de los beneficiarios en ambientes de trabajo.
Los capacitadores pueden incorporar beneficiarios del programa mediante dos modalidades:
Entrenamiento: De hasta doce meses sin ningún costo para la empresa, que no genera relación de dependencia entre el beneficiario y el capacitador, ni entre éste y el Estado provincial. La carga horaria será de cuatro (4) horas diarias o veinte (20) horas semanales.
Contrato por Tiempo Indeterminado: Se establece una relación laboral formal entre la persona física o jurídica y el beneficiario. El empleador que incorpore en su planta de personal al beneficiario, en cualquier momento del programa, podrá descontar del sueldo neto (de bolsillo) del empleado, el beneficio que éste perciba del programa. La carga horaria y sueldo será la que corresponda según el régimen legal aplicable a la rama de actividad.

Cuántos, cuánto y cupo
Un PPP para cada empleador con entre 1 y 5 empleados; dos, de 6 a 10 empleados; tres, de 11 a 25; hasta el 20% del plantel, de entre 26 y 50 empleados; y el 10%, con más de 50 empleados.
Los beneficiarios tendrán derecho a una asignación estímulo, de carácter económico y no remunerativo, por un monto a fijar al comienzo de cada etapa que no podrá ser inferior a una cuarta (1/4) parte de salario mínimo vital y móvil vigente al momento del lanzamiento de la etapa.
Se establece un cupo anual no menor a los 15.000 beneficiarios del programa, pudiendo ser dividido en no más de dos etapas por año, cada una de las cuales tendrá una duración de doce meses consecutivos.