Higiene urbana: la pulseada ahora es por cláusula por inflación

camión de basura 001[dc]L[/dc]a licitación del servicio de higiene urbana de la ciudad avanza, a paso a lento y no exenta de polémica, muchas veces reavivada por funcionarios mestristas. El secretario de gobierno Javier Bee Sellares decidió ayer poner freno a las versiones fogueadas por la oposición en el Concejo Deliberante, en especial por uno de sus más avezados integrantes, el edil del Frente Cívico, Esteban Dómina.
En declaraciones mediáticas, Dómina volvió a insistir sobre algunos puntos gravitantes del proceso que no es otro que el crecimiento del gasto para el sostenimiento del servicio y su calidad. “Las empresas ofertaron más de 180 millones de pesos hace diez meses, una cifra que actualizada superaría los 200 millones, el doble del costo actual”, afirmó Dómina, quien calificó de “temeraria” la intención de Ramón Mestre de avanzar en una negociación que “condena a las próximas dos gestiones municipales a afrontar un contrato ruinoso”.
“Como la licitación, mal concebida y peor ejecutada, fracasó, ahora se recurre a un ‘toma y daca’ con Lusa y Cotreco para cerrar un número que las deje conformes, apartándose de lo establecido en los pliegos y elevando aún más el costo actual”, consideró el concejal. Y finalizó: “En estas condiciones, estamos en presencia de una contratación directa, ya que se dejarán de lado las exigencias del pliego, lo que conlleva inseguridad jurídica a la futura concesión y abre las puertas de cuestionamientos administrativos y judiciales”.
La cuenta cerraría en enero en 125 millones de pesos, advirtió el concejal, coincidiendo con declaraciones off the record del sector empresarial que aseguran que ése será el canon del “pack básico” por recolección y barrido.
En medio, la incógnita sobre la calidad de la prestación que en el contexto presentado pareciera anticipar que el ajuste no sólo alcanzará los costos. Por lo pronto se sabe que la adjudicación será por renglones y la complejización del servicio será una deuda pendiente. Éste es el punto que interesa neutralizar el oficialismo.
Bee Sellares cruzó a Dómina y negó que el servicio que comenzará a prestarse desde el primer día hábil de enero de 2015 presente una calidad inferior al actual. “Bajo ningún punto de vista se va a desmejorar el contexto actual. Podrá contemplarse un precio para la contenerización para avanzar a futuro con esas condiciones contempladas en el pliego licitatorio, pero hoy por hoy no se pueden pagar”, resaltó el mestrista paladar negro.

Negociación
Desde el sector empresarial no tomaron las declaraciones del funcionario municipal como un ultimátum. Por el contrario, resaltan que el proceso de licitación viene a buen ritmo y se muestran confiados con que se llegará a un acuerdo razonable para las partes con respecto al canon. El optimismo pareciera confirmar que se llegará a los 120/130 millones de pesos que fijó como base la Municipalidad.
Ahora bien, independientemente de la calidad de la prestación o las resignaciones de las exigencias de los pliegos en las que deba incurrirse para evitar que el canon se dispare, habría otro factor que deberían acordar futuras adjudicatarias y miembros de la comisión evaluadora del Palacio 6 de Julio. Por el momento, se disponen de siete días de gracia para tales menesteres. Ayer el intendente Ramón Mestre firmó el decreto de mejora de ofertas que fija el plazo.
En el medio se irá trabajando el pago de la millonaria “indemnización” a los afiliados del SURRBAC (según trascendió, las autoridades sindicales serían convocadas hoy) y otro punto que inquieta al poder concedente y empresarios por igual.
Se trata de la cláusula gatillo, vigente en el actual contrato precario, que prevé una redeterminación automática (administrativa, si se quiere) cuando los costos superan la barrera del 2,5 por ciento de incremento. En un contexto de alta corrida inflacionaria, la vara tan baja (con Cliba era del 7 por ciento y con Crese del 5 por ciento) y un canon inicial al borde de lo permitido se enciende la señal de alerta.
Se comprenden las acciones contrapuestas, ahora en pugna: el municipio quiere elevar la cláusula y los empresarios se muestran afines a mantenerla o incluso achicarla.