Por Gabriel Osman
gosman@diarioalfil.com.ar

[dc]L[/dc]a sesión de mañana del Consejo Superior promete escenificar sinfónicamente los dos principales problemas que tiene hoy el oficialismo rectoral: la aprobación con rectificaciones del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los docentes universitarios y el conflicto de Monsanto, que divide aguas en la UNC pero cada vez de manera más confusa: ya se han podido ver pegatinas contra la instalación de la planta en Malvinas Argentinas con afiches que colocan el rector, Francisco Tamarit, junto al decano de Agropecuarias, Marcelo Conrero.
Desde que el oficialismo intentara que el Superior aprobara el CCT en la sesión del 7 de octubre –fue devuelto a comisión- se han realizados múltiples reuniones, incluso una extraordinaria de la Comisión de Reglamento y Vigilancia, el viernes pasado, para buscar algunos consensos mínimos, que aparentemente no se han alcanzado.
El problema que tiene el oficialismo en este debate es que con o sin reformas de lo firmado a nivel nacional, es casi un hecho que el Convenio se judicializará, siempre que no medie una reforma del Estatuto de la UNC y, por eso, una imprevista convocatoria a la Asamblea Universitaria para la cual, ya en el epílogo del ciclo institucional en la casa de estudios, no hay tiempo.
En la oposición no hay uniformidad sobre el orden de prioridades de las objeciones al convenio. La Franja Morada y el radicalismo universitario en general, prioriza previsiblemente como reproche que la cláusula del CCN que le da efectivización a todos los docentes con más de cinco años sin concurso, viola el sistema , “toca” el Estatuto y obliga a llamar a Asamblea Universitaria.
Esta administración que encabeza Tamarit, así como las dos gestiones anteriores de Carolina Scotto, han enervado el sistema de concursos consagrado como principal bandera por la Reforma del 18, al punto de derogarlo parcialmente: ya no hacen falta para permanecer en el cargo y alcanza con un simple control interno de pares -“control de gestión”- para permanecer interrumpidamente en el cargo. Aun así, Scotto mantuvo los concursos para ingresar y para ascender. Si se derogara para el primer caso, sólo regirían los concursos para ascender. Es el único detalle que distinguiría al escenario que sobrevendrá, con la situación que se vivió con las revueltas estudiantiles de hace casi cien años. Es más: a este ritmo, posiblemente con la celebración del siglo, dentro de cuatro años, se conmemore también su derogación completa.
El conflicto por la radicación de Monsanto tiene dos nuevos ingredientes. En la última sesión se formó una comisión de doce consiliarios, con un apoyo amplio que incluye a la agrupación de izquierda Sudestada. El primer problema es que esta agrupación cambió de opinión y ya no apoya la formación de la referida comisión. El otro es que uno de los doce consiliarios integrantes es abogado de los ambientalistas que acampan en Malvinas Argentinas, lo que está taxativamente prohibido por el artículo 39 del Reglamento Interno del Consejo Superior.
La “comisión Monsanto”
Oficia de coordinador el prosecretario general de la UNC, Marcos Oliva, y la integran doce consiliarios:
Gustavo Chiabrando
Marcelo Conrero
Flavia Dezzutlo
Elvira Fernández.
Claudia A. Sosa
Franco Torti
Claudia Orosz Romero
Federico Macciocchi
Gabriela Giacomelli
Osvaldo Luna
Luciana Piovano
Sofía Neumann