Por Daniel V. González
[dc]F[/dc]inalmente absolvieron a Domingo Cavallo en la causa por el mega canje.
Se lo acusaba de haber favorecido a bancos y personas amigas, en perjuicio del país, al renegociar un monto importante de la deuda pública en junio de 2001. El tribunal que lo absolvió dará a conocer los fundamentos de su fallo el próximo 17 de octubre.
Sería ingenuo pensar, tratándose de Cavallo, que el juicio a que fue sometido únicamente presentaba un perfil puramente jurídico, exento de aspectos políticos y económicos.
Cavallo está, desde hace muchos años, en el centro del debate de la política económica nacional. Una condena judicial a su actuación pública, para muchos hubiera significado, en primer lugar y sobre todo, una suerte de escarmiento y sanción para lo que Cavallo significa en el imaginario de una franja de la política nacional: el emblema del “neoliberalismo”.
Probar que el ex ministro benefició a un grupo de banqueros deliberadamente en perjuicio del país, habría caído como anillo al dedo a la visión económica oficial, según la cual quienes proponen una economía de mercado no son más que agentes de poderes extranjeros que procuran someter al país. Y al revés, quienes manejan la economía con la tónica de los últimos años, procuran su liberación de las tenazas imperiales.
En otras palabras: en el debate político y económico se busca asociar las posturas liberales a alguna forma de lesión a los intereses del país y, a la vez, se procura demostrar que la política económica en curso debe ser aceptada porque está embebida de un claro sentido patriótico.
Dicho de otro modo, renegociar la deuda pública en las condiciones establecidas por el mercado es, jurídicamente sospechoso y políticamente “entreguista”. Y al revés, rechazar los circuitos habituales y legales de negociación, e incluso los fallos de los tribunales a los que voluntariamente nos hemos sometido, es un acto de patriotismo más allá de las consecuencias efectivas para el país.
Funcionarios y contextos
Claro que siempre es bueno que los funcionarios rindan cuentas, incluso en instancia judicial, de sus actos de gobierno. Sobre todo cuando tenemos un vicepresidente como Amado Boudou, que tiene aún sus dedos entintados en razón de un hecho policial relacionado con papeles falsos de un auto.
La función pública está llena de rincones y posibilidades de enriquecimiento personal a costa de los fondos públicos. La percepción popular es que esta década ha sido prolífica en situaciones y hechos de esta naturaleza. Será la justicia de los próximos años la que deberá determinar cuáles son los funcionarios pasibles de condena.
Pero son los contextos impregnados de regulaciones, prohibiciones y normas restrictivas los más propicios para que prolifere la corrupción. Cuando se deposita en la firma de un funcionario la discrecionalidad de restringir el flujo comercial y productivo, se genera automáticamente la posibilidad de sobornos, coimas y diversas formas de corrupción.
Y al revés: una mayor libertad económica, imposibilita muchas de las innumerables formas de corrupción que ofrece la gestión pública. Basta recordar, por ejemplo, a las empresas públicas de los años ’80, con sus sobrecostos y fraudes de diversa índole, que fuera denunciado en su momento por el propio Rodolfo Terragno cuando se desempeñaba como Ministro de Obras Públicas de Raúl Alfonsín.
Esa corrupción contribuyó decisivamente al mal funcionamiento de la empresa pública, a su déficit y a su ineficiencia. Justamente fue durante los años noventa, especialmente durante el tramo en que Cavallo ejerció en economía, que se implementaron las privatizaciones, que resultaron imprescindibles para restablecer los servicios públicos y a la vez solucionar el problema del déficit fiscal y la inflación.
El protagonismo de Cavallo en esa etapa de reordenamiento económico es el mayor pecado que muchos buscan cobrarle. En tal sentido, está condenado de antemano. Por eso resulta inevitable que los episodios judiciales que lo involucran, se quiera o no, están teñidos por su gestión pública.
El debate que viene
De tal modo, el episodio judicial del que acaba de ser absuelto Cavallo, es apenas un capítulo en el debate económico que cobrará intensidad en los meses que vienen.
El programa económico de estos años hace agua por todos los costados. Resulta más o menos previsible que comiencen a ser revalorizadas políticas en las que reine una mayor libertad a favor de la producción y, en consecuencia, del crecimiento económico sostenido, como también la estabilidad y el equilibrio fiscal.
Los tiempos que vienen serán también el momento apropiado para que, asimismo, pueda realizarse un cambio esencial en materia de control a los funcionarios públicos. Los organismos de supervisión, control y auditoría han sido prolijamente desmantelados durante todos estos años y es preciso que su autoridad se restablezca y su funcionamiento sea valorado.
Absuelto en los tribunales, Cavallo seguirá condenado por los constructores de la situación económica actual.
Pero en ese escenario tiene un caudal de argumentos propios para defenderse con eficacia e incluso contraatacar.
