El problema es y será el Suoem

0 slide - copiaPor Pablo Esteban Dávila

[dc]E[/dc]s un lugar común afirmar que el mundo se encuentra en permanente cambio. Que la tecnología tiene un ritmo vertiginoso y que las sociedades se encuentran más interconectadas que nunca. Que la globalización hace trizas las perspectivas locales, o que las redes sociales están conmoviendo las formas en que los seres humanos interactúan, trabajan o se divierten. Sin embargo, todo este apasionante torbellino de novedades y desafíos se estrella, invariablemente, ante la imperturbable agenda política de la Municipalidad de Córdoba.
Aunque pasen los años, se inventen las tabletas o los smarthphones se vuelvan cada vez más inteligentes, el municipio sigue anclado en los mismos asuntos de hace más de una década. El problema se resume en uno solo, que no es otro que la decisiva y gravosa participación del SUOEM en las finanzas municipales. Con más de 10.000 empleados con una media de productividad más que baja, la nómina de personal se lleva el 60% de la ejecución presupuestaria. Bien puede decirse que, en cierto aspecto, el municipio es una organización que funciona al sólo efecto de pagar los sueldos, todo un ejemplo de solipsismo institucional.

Siempre puede argumentarse que el problema de la productividad en el sector público es un mal que aqueja a todas las jurisdicciones y que, en el fondo, descansa sobre la regia estabilidad de la que disfruta el empleo estatal en la Argentina. Es cierto. Sin embargo, y en la Municipalidad de Córdoba, a esta endemia debe adicionársele el hecho que sus trabajadores son los mejor pagos de la provincia, con un promedio bruto de $24.000 mensuales. No es casual que en la agenda del gremio se encuentre el urticante asunto del impuesto a las ganancias, dado que prácticamente todos sus afiliados deben hacer frente a esta gabela.

Un buen salario no sería, en abstracto, motivo de queja por parte de los contribuyentes, a condición que tal incentivo sirviera para garantizar servicios de excelencia. Pero esto no es lo que ocurre. La mayoría de las prestaciones del municipio son decididamente malas, y hasta los trámites más obvios (como es el caso de la obtención un carné de conducir) se transforman en calvarios dignos de Guantánamo. La ecuación, por consiguiente, sorprende por su anomalía: empleados con altos ingresos, baja productividad y cuyo número conspira mensualmente contra la viabilidad económica del municipio.
A esta combinación debe sumársele otra que también es característica del Suoem: su alta tasa de conflictividad. No interesa que su jornada laboral tenga menos horas que la del sector privado o que los salarios municipales tripliquen al promedio del mercado; siempre hay motivos para la queja, las medidas de fuerza o las asambleas. Sea como se llame el estado declarado de conflicto, el resultado siempre es el mismo: no se trabaja. Además y dado que, en rigor, en años recientes no han existido motivos objetivos para un paro general, los caciques gremiales se han convertidos en coroneles expertos en librar batallas de baja intensidad, una especie de guerra de zapa no declarada que, en los hechos, generan trastornos similares a los de una huelga masiva. Así, es harto frecuente observar que determinadas reparticiones se encuentran de asamblea, quite de colaboración o trabajo a reglamento, eufemismos que no lograr enmascarar una realidad de aprietes por los temas más incomprensibles contras las autoridades de turno.

Esta combinación no es desconocida ni, mucho menos, deseada por los intendentes. Sin embargo, y pese a la batería de esfuerzos desplegados para contrarrestar la voracidad el Suoem, ninguno le pudo poner el cascabel al gato con el agravante que, después de la gestión del juecismo, el gremio se creyó con derecho a cogobernar el municipio y a reclamar activamente tal privilegio.
Esta situación se agravó fundamentalmente desde finales de 2003. Es cierto que, durante los años de Germán Kammerath, Rubén Daniele se transformó en un opositor ideológico, un contrincante de barricada que, inclusive, militó activamente para revocar su mandato, pero aquello fue una batalla entre dos modelos antagónicos con el telón de fondo de un país en llamas, al punto tal que la cuestión salarial resultó subalterna al conflicto político. La cuestión quedó en pardas: el gremio quiso imponer su agenda al municipio; Kammerath se resistió y la cuestión pasó a su sucesor.

Luis Juez –de él se trata– se declaró, en cambio, un admirador del líder sindical y se aprestó a ceder a cualquiera de sus demandas. A lo largo de su mandato no pocos conflictos, simplemente porque el Departamento Ejecutivo se limitó a ejercer de escribanía para las necesidades sindicales. Fue así que ingresaron 4.500 nuevos agentes, en su enorme mayoría parientes de los propios empleados municipales, y la influencia del Suoem se hizo superlativa, tanto a nivel del dictado de las políticas públicas como sobre la totalidad de los ingresos. Aquella demagogia garantizó una paz que devino en guerra abierta tan pronto Juez se dedicó a la política provincial.
Daniel Giacomino y Ramón Mestre comprendieron mejor que nadie la peligrosidad de este combo, pero poco pudieron hacer para desmantelarlo, de suerte tal que siempre sus intenciones de obras y realizaciones se encontraron permanentemente restringidas por la carga salarial que debieron afrontar. La sociedad, como siempre, se limitó a apoyar en los primeros momentos de cada conflicto al intendente, para luego simplemente reclamar que todo volviese a la normalidad, aunque esto significara ceder por enésima vez ante los reclamos sindicales. Aunque cueste, debe decirse: el problema de la ciudad es y será el Suoem. Hasta que nadie ponga un freno racional a este asunto, Córdoba será un modelo de estancamiento público dentro de un mundo hecho de proezas y desafíos.

¿Cómo hacerlo? En realidad, por la vía convencional no queda mucho por inventar. Desde 1983 el origen de los intendentes es absolutamente legítimo y, al menos en teoría, la voluntad popular respalda sus acciones. Pero al parecer esto no alcanza en absoluto. Es por ello que quienes pretenden competir por el Palacio 6 de julio el próximo año ya se encuentran pensando lateralmente sobre como habrán de enfrentar el problema no obstante que, también debe de ser dicho, lo estén haciendo en forma tardía.
Es altamente probable que el próximo debate por la intendencia se encuentre centrado en el Suoem, y que este sea el tema central de la campaña a escala urbana. Enhorabuena. Sin embargo, nadie debería creer que caer en la retahíla de voluntarismos tales como “poner límites”, “aquí nadie cogobierna” o cosas por el estilo amedrentarán a un sindicato acostumbrado a hacer papilla a los mandatarios que los enfrentan. Hará falta una suerte de pacto de la Moncloa para enfrentar la amenaza. Y, llegados a este punto, tal vez sea el momento de decirlo abiertamente: ¿por qué no una consulta popular para enmendar la Carta Orgánica Municipal y, de esta forma, terminar con la prepotencia que otorga el hecho de saberse intocables? Un documento en conjunto, firmado a plena luz del día y sin ningún tipo de vergüenza por todos los candidatos sería una muestra responsable de la clase política hacia la sociedad de cómo poner coto a algo que ya ha traspasado la barrera de lo tolerable.
En verdad, quienes suscribieran este hipotético pacto ya se conocen. Y mucho. Son, con alguna ausencia, los mismos que protagonizaron la campaña de 2007: el propio Mestre, Giacomino y Olga Riutort. Si a estos se le suma la presencia siempre ominosa, intangible, del intendente paralelo Rubén Daniele, bien podría decirse que es la foto de siempre, una muestra más que la política en la ciudad está más atada al pasado que orientada hacia el futuro.