Poner en vereda, o bajar a la calle

Por Víctor Ramés
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2014-09-28_CORDOBA-SXX-webSi hubieran existido condiciones, podría haberse producido una rebelión de las trabajadoras domésticas. Tal vez estuvo a punto de ocurrir, lo cual hubiese sido interesante, pero estamos lejos de saberlo: siempre la historia apenas habla sobre ellas, y nunca recogió sus voces. Pero quien sabe, al fin y al cabo, apenas cinco años después del período en que nos situamos (1898), Bialet Massé escribía en 1903 para su Informe sobre el Estado de las Clases Obreras Argentinas, sobre las mujeres cordobesas de la clase trabajadora:

“El que conoce el modo de ser de estas provincias, siente una verdadera sorpresa al ver en Córdoba grupos de mujeres de cien y de doscientas y más tomar parte en las huelgas y manifestaciones públicas, y aisladamente oírlas protestar que ellas no dejan de ser religiosas, pero que, aunque se lo diga el padre, no aceptan estar obligadas a dejarse matar de hambre, ni trabajar en el taller hasta concluirse; lo que indica un principio de rebelión, más extendido de lo que se cree. Cuando la mujer toma parte en un movimiento general, el triunfo es incontrastable.”
La cita alude aquí a lo posible, no a los hechos. Así que vamos a ellos. A comienzos del año 1898, durante la intendencia de Ernesto Bancalari, en Córdoba no sólo se prohibió a los vecinos sacar sillas a la vereda, sino que también estuvo en vigencia una ordenanza dirigida a restringir el tránsito por las veredas a personas que transportasen bultos y provocasen inconvenientes a los demás transeúntes. Quienes así circulasen, debían bajar a la calle.
Esta prohibición fue aplicada escrupulosamente durante algunos días, pero trajo más problemas que soluciones. La rigurosidad de los agentes de policía en cumplir las órdenes, tuvo su primera resistencia en las trabajadoras de casas de familias, vulgo “sirvientas”, al ser las destinatarias más numerosas de la medida. Los diarios de aquel año –de aquel mes, podemos decir, el de febrero de 1898- reflejan una ley que era como un juguete nuevo, inútil para otra cosa que para ser derogada cuanto antes.

Vaya como ejemplo este breve suelto de Los Principios de principios de febrero de aquel año:
“Por conducir bultos
El movimiento policial habido en las veinticuatro horas últimas, se ha concretado a la entrada de conductores de bultos por las veredas. El número de entrada es regular, pues han ingresado en las diferentes comisarías cincuenta y nueve, del que la mayor parte pertenece al sexo femenino. El castigo que se les impone es pagar 50 centavos de multa por ser infractores a la ordenanza que prohíbe la conducción de bultos por la vereda.”
La información del diario confesional cordobés da una información precisa y útil, a no ser su omisión de la procedencia social de esa mayoría femenina, que estaba constituida de trabajadoras domésticas. Un artículo de La Libertad ayuda a completar la figura:
“Los vigilantes de facción, que por lo general se miran bien con mucamas y sirvientas, se ven obligados ahora a declararles fiera guerra para hacerlas cumplir con la ordenanza que prohíbe transitar con bultos por las calles.”
El diario sugiere un entendimiento social próximo entre policías y trabajadoras domésticas, interferido entonces por lo que podríamos llamar “el capricho de la ley”. Y aporta un cuadro callejero sobre ese entredicho:
“Y es de ver las discusiones que se arman con tal motivo. Las sirvientas sostienen que un pequeño canasto en que traen las provisiones del mercado no es un bulto, y que por tanto no hay derecho a hacerlas bajar de la vereda. Y aquí de las dudas del vigilante! Pero al fin, como resolución suprema, canastas o bultos, debajo de la vereda, a la calle con canasta… y todo!”
Sin embargo, los ojos de la ley no son ubicuos como los de Dios. Por otra parte, podría generarse una revuelta, si lo fuesen:
“La sirvienta obedece, pero apenas anda unos cuantos pasos por la calle y vuelve a subir a la vereda hasta que encuentra otro vigilante y las mismas escenas anteriores se repiten.
Entre las sirvientas empieza a formarse una liga amenazadora contra los vigilantes de facción, que si no proceden con mano dura, corren el riesgo de ser derrotados el día menos pensado en campal batalla.”
Sin posible organización, las trabajadoras domésticas sin embargo reaccionan. Así lo ilustra indirectamente La Libertad, unos días más tarde, en la carta de una señora que suma su voz reportando “el serio inconveniente para las familias” que arrastra la ley:
“La ordenanza o disposición policial que prohíbe transitar con bultos por las veredas, se nos está haciendo muy fastidiosa a las dueñas de casa que mandamos nuestras sirvientas al mercado a hacer la provisión del día. Hay sirvientas, como la mía, que se resisten a ir a los mercados prefiriendo más bien abandonar el servicio. Las pobres están acobardadas! Los vigilantes les han declarado una guerra sin cuartel.”
Alguna versión del sentido común se anticipó a que el caos amenazara el orden de la arduamente conseguida sociedad de clases, y el clamor social hizo dar marcha atrás a las autoridades, haciendo lugar a la opinión de La Libertad, que no se detenía en los inconvenientes causados, sino en el riesgo de descrédito a que se exponía la autoridad: “Si la ordenanza respectiva ha de ser continuamente burlada, vale más derogarla.”