El gobierno y el agro

Por Gonzalo Neidal

Capitanich con periodistas 10 set 14[dc]E[/dc]n su habitual conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich aludió ayer a una propuesta de Mauricio Macri enderezada a disminuir paulatinamente las retenciones del sector agropecuario.
Capitanich dijo que la propuesta del dirigente del PRO tiende a la construcción de un modelo agroexportador y que, de instalarse ese modelo, sobran en la Argentina 10 millones de personas.
La idea del ministro no es, ciertamente, novedosa. Podría decirse que surge con la crisis del treinta, cuando el país tomó conciencia de la fragilidad de su economía, que hasta ese momento había asombrado al mundo por su potencia y desarrollo.
En ese momento, cuando Inglaterra dejó de comprarnos debido a la crisis mundial, el país debió realizar una amplia gama de concesiones en su economía doméstica para poder colocar sus productos del agro en el exterior.
La larga crisis de los años treinta, prolongada en la Segunda Guerra Mundial, generó multitud de talleres y pequeñas industrias que comenzaron a producir los productos que, primero por la crisis y luego por la guerra, habían dejado de llegar al país. Los trabajadores de esas industrias, sumados a los que ya existían y provenían del sistema agroexportador (ferroviarios, portuarios, peones rurales, obreros de frigoríficos, etc) son los que apoyan el intento industrializador del peronismo a partir del golpe de estado de 1943.
Los militares de ese tiempo y una parte de la intelectualidad argentina planteaban el tema como una batalla entre un país viejo y atrasado que nos asignaba el rol de proveedores de alimentos para el taller inglés y un país nuevo, moderno e industrial, que debía producir desde automóviles hasta aviones.
Pasados setenta años desde entonces, dos tercios de las exportaciones argentinas están constituidas por productos provenientes del agro. Eso sí: nos empeñamos en decir que está en vigencia un “modelo de matriz diversificada”.
Es que la producción agropecuaria sigue teniendo mala prensa entre los políticos provenientes del peronismo. Es como una marca de fábrica.
En sus años fundacionales, el embate contra el agro tenía dos aspectos: uno económico y otro político. En ese tiempo, se le reclamaba al agro argentino una mayor productividad. Los ganaderos ausentistas, que exhibían su ocio por Europa, eran el emblema de un sistema de privilegios y baja eficiencia productiva. Era “la oligarquía”, los grandes propietarios territoriales que echaban un toro al campo y recogían una cosecha de terneros casi sin inversión ni esfuerzo.
En sus primeros años de gobierno, Perón se apropió de una porción de esa renta y la utilizó para financiar a la débil industria naciente. El esquema sirvió mientras los términos del intercambio nos fueron favorables. Luego, hacia el segundo gobierno, este esquema se agotó.

Todo cambia
Pasado medio siglo, las cosas cambiaron de un modo decisivo. Los términos del intercambio, la obsesión de Raúl Prebisch, se volcaron a nuestro favor y comenzaron a crecer a partir de 2002. Desde esa fecha, comenzaron a favorecer a los que producen materias primas y alimentos. Esta situación creó un escenario muy favorable para que el vapuleado sector agropecuario nuevamente retomara con nuevas fuerzas su condición de núcleo de financiamiento y soporte del resto de las actividades.
En las nuevas circunstancias históricas, ya no puede hablarse de una “oligarquía”: con el paso de los años la tierra se ha subdividido en forma creciente y ha cambiado sustancialmente el mecanismo de producción en el agro. Ahora se sostiene sobre la base de arrendatarios altamente calificados que explotan las tierras con moderna tecnología y gran eficiencia. La improductividad del agro ya no puede esgrimirse como argumento económico del retraso argentino.
A lo largo de todos estos años, el agro argentino “hizo los deberes”. Incorporó nuevas técnicas de producción, investigó, invirtió, se modernizó a punto tal que hoy está entre los más eficientes y productivos del mundo.
Pero seguimos abominando de él.
Esto queda claro cuando un vocero jerarquizado del gobierno pone el grito en el cielo apenas un candidato presidencial habla de rebajar las retenciones agropecuarias. Capitanich considera una medida tal como una definición a favor de un presunto “modelo agroexportador” que sería nefasto para el país pues, sostiene, el agro produce con poca mano de obra y, en ese caso, sobrarían diez millones de argentinos.
El agro argentino, como en todo país eficiente, cada vez produce más con menos gente. En eso consiste el avance de la productividad, resultado de la incorporación de tecnología.
El problema argentino no es el agro, sino su industria. El agro es el que sostiene y financia a la industria. El que consigue los dólares vía exportación, sin los cuales, la industria nacional no tendría destino ni posibilidades de subsistencia.
Además, es falso que el agro, su producción, no genere empleo. La producción agraria no sólo genera dos terceras partes de las exportaciones nacionales, permitiendo el funcionamiento del país sino que, además, genera un entrecruzamiento de actividades (cluster) que salpica la economía nacional.
Por empezar, con las retenciones le ha permitido al estado hacer una política de subsidios que derrapó hacia el despilfarro irresponsable de los ingresos obtenidos durante esta década. Sin los extraordinarios precios mundiales, una porción importante de los cuales ha ido a parar al estado vía retenciones, el rasgo esencial de la política kirchnerista no hubiera podido ser realizado. El modelo K se asentó en los precios elevados del mercado mundial y en las retenciones. Ellos aportaron el plus de ingreso que ha permitido al gobierno florearse con la farsa de un distribucionismo estéril y dilapidador.
Argentina tiene en su agro un as de espadas para emprender la tarea de lograr ser, algún día, un país que pueda extender la eficiencia también al sector industrial.
Sin embargo, aunque debe a él casi todo, el gobierno se empeña en cuestionarlo y combatirlo.