[dc]E[/dc]l Índice de Bienestar Económico (IBE) que elabora el Centro de Economía Experimental y Regional (Cerx) bajó 5,5% en un año, ubicándose en 41,3 puntos en el primer semestre de 2014 (sobre una escala de 0 a 100). Es el menor valor desde que se comenzó a medir esa variable, en 2005, y muestra un deterioro de 22,8% frente al máximo alcanzado en la serie, que fue en el segundo semestre de 2007. Desde entonces, la pérdida de bienestar de las familias ha sido permanente, pero profundizándose en el último año.
La medición realizada en julio, capta manifestaciones claras de la mayor vulnerabilidad social del país. Por ejemplo, el 65,6% de la población relevada calificó su nivel de bienestar económico actual como regular y otro 3,3% como malo o muy malo. El 28,8% lo mencionó como bueno. Frente a un año atrás, el 20,3% de las familias declararon que su bienestar económico se deterioró.
El IBE es un indicador subjetivo, que mide el nivel de satisfacción de la población con sus ingresos, con la calidad, y acceso al sistema de salud y educación, con su nivel de ingresos, su situación de empleo y su situación habitacional. La importancia de evaluar y monitorear indicadores de este tipo, es que permiten indagar sobre cómo valoran su bienestar los hogares, no solo a través de sus ingresos directos, sino de un conjunto de variables que conforman el concepto. Excepto el componente vivienda, todos los sub-ítem que lo integran retrocedieron en el último año, y quedaron demarcados dentro de una situación de vulnerabilidad (valores menores a los 50 puntos).
La caída en la percepción de bienestar ocurre en un contexto de altas tasas de inflación, pérdida de ingresos reales, y nominales de las familias, y deterioro en la calidad y posibilidad de acceso en algunos servicios como salud y educación. El deterioro más fuerte se observa en la situación de ingresos: de acuerdo al relevamiento, un hogar promedio reveló necesitar $4.613 para cubrir sus necesidades básicas, y un 36,8% de los hogares declara recibir ingresos mensuales menores a ese monto.
En el caso de empleo, se ubicó en 49,3, siempre sobre una escala de 0 a 100 (donde 100 es el nivel más óptimo). Este indicador se ubica en una superficie vulnerable, aunque todavía sostenido porque cuantitativamente la gente tiene trabajo. Sin embargo, el sobre-empleo ha sido el principal determinante del deterioro de ese indicador. Un 47,8% de los jefes de hogar declara trabajar más horas de las que desea en buena medida por la necesidad de incrementar los niveles de ingresos. Así, el 57,8% de los encuestados calificó sus condiciones de empleo como regulares o malas, 37,8% como buenas y cinco por ciento como muy buenas.
En salud, con 38,9 puntos el IBE es “vulnerable”. El 75,5% de la gente evalúa como regular, malo o muy malo la calidad y cobertura del sistema de salud al que su hogar tiene acceso, mientras que 21,5% señala que es bueno y tres por ciento lo ve como muy bueno.
A la hora de evaluar la educación, con 33,8 puntos, la calidad del sistema educativo al que tiene o tuvo acceso el hogar es visto como bueno y muy bueno por 18,5% de la gente. Es el indicador que más se retrajo en el año, pasando de una situación aceptable en 2013 a una vulnerable en 2014. Los sectores de ingresos bajos son los que realizan la peor calificación.
Vivienda, con 83,1 puntos, es el sub-índice más alto. Pero con disparidades más marcadas: si bien el valor se encuentra en una evaluación muy buena, un 32,8% de los casos muestra problemas sobre tenencia o condiciones de la vivienda.
Así, en términos generales el IBE refleja la situación de bienestar vulnerable, acentuada en los dos últimos periodos, en consonancia con la retracción del crecimiento económico. El mpobrecimiento para las capas medias y bajas se aprecia como una percepción de pérdida o ausencia de bienestar, en contraposición a la dinámica observada en el período 2005-2012 donde la percepción de bienestar se basaba en una mejora continua de los sectores de más bajos ingresos.
El Cerx indica que las políticas salariales rezagadas sobre a la inflación, y las de saneamiento de gasto público, vía eliminación de subsidios o restricción, confluyen por dos vías diferentes: por un lado se erosiona el poder adquisitivo, principalmente de los salarios, repercutiendo también en el empleo. Y por otro, se restringe (en calidad o cantidad) la provisión de bienes públicos, principalmente educación y salud.
