[dc]R[/dc]evisionismo. Esta fue la tarea de la jornada de ayer de los funcionarios de Ramón Mestre que intervienen directamente (o por sus competencias cognoscitivas) en las decisiones que se toman en el marco de la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad. Con una imputación del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano -que recayó sobre el Intendente; su secretario César Ferreyra; su exfuncionario Juan Pablo Díaz Cardeilhac y el empresario titular de Ersa, Juan Carlos Romero- miembros del gabinete aseguraron que pusieron manos a la obra para rastrear el origen del conflicto que derivó en una denuncia judicial del concejal del Frente Cívico, Daniel Juez.
Lógicamente, los argumentos aportados por Ferreyra presentan una fuerte solidez técnica que invita a pensar si, en efecto, puede hablarse de “defraudación calificada” como sugirió el funcionario judicial que también se desempeñó como fiscal general de la Provincia momentos después de que estallara la causa que investigó el homicidio de Nora Dalmasso. Si el goteo de subsidios parte de la Secretaría de Transporte de la Nación, con escala en su homóloga en la Provincia para llegar directamente a los empresarios, el municipio pretende dejar en claro su nula participación en la cadena.
Es allí donde aparece en escena la famosa declaración jurada firmada por el Intendente que, según se desprende de la presentación del fiscal Lascano, “habrían inducido a error a la Secretaría de Transporte de la Nación, a los fines de obtener ilegítimamente para la empresa Ersa Urbano S.A y Autobuses Santa Fe S.R.L. U.T.E.”. Lascano refiere en este apartado a la siguiente situación: ocho colectivos articulados aparecían registrados como parte de la flota de la UTE, cuando en realidad pertenecían y funcionaban en TAMSE.
Desde el municipio pueden responder este punto. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), en el momento que se produjo la reducción de la empresa estatal a trolebuses y la trasferencia de los corredores de buses a la UTE, no contempla como parte de “TAMSE Trolebuses” los colectivos articulados en el centro de la discordia que seguirían bajo la órbita del municipio. Ésta sería la razón por la que figuran como parte de la unión de empresas, presunto “error” del organismo que controla más de 2.500 empresas en todo el país que tampoco habría sido advertido en el municipio.
Acuerdo
Los argumentos oficiales siguieron en el sentido indicado, remarcando los errores frecuentes que comete la CNRT, que son corregidos momentos después que las auditorias del organismo revela saldos a favor o en contra o incompatibilidades con las leyes vigentes. Y serían estas “incongruencias” las que habrían motivado al municipio y a la UTE a trabar un “acuerdo privado” para subsanar de manera rápida errores, por ejemplo, en los montos distribuidos. En ese marco explicativo se insertaría la devolución de nada más y nada menos que 1.6 millones de pesos por parte de Ersa.
Ahora bien, para fuentes especializadas consultadas por este diario, el “acuerdo” es el punto que hace un poco más de ruido en la cadena argumental de estricto contenido técnico. Allí es donde el juez Sánchez Freytes debería centrar el acto de investigación para determinar si hubo o no desvío de subsidios; ratificar o desechar la hipótesis delictiva del fiscal Lascano que motivó el requerimiento.
Mestre y su defensa
El intendente Mestre defendió ayer la transparencia de su proceder. “Estamos tranquilos, porque hemos obrado en un marco de total transparencia”, se limitó a manifestar a la prensa el responsable del Palacio 6 de Julio a la salida de un encuentro con miembros de centros vecinales en el CPC de barrio Argüello.
Pese a que en marzo pasado y en relación con otra causa, Mestre había dicho que si algún funcionario suyo resultaba imputado le pediría que renuncie, expresó: “en este caso a mí me han imputado y el intendente soy yo; esto está enmarcado en la decisión que ha tomado este intendente, por lo que (Ferreyra) va a seguir en el cargo”.
“Confío en la Justicia y aportaremos todas las pruebas, estamos convencido que hemos obrado con total transparencia”, remarcó Mestre, que aún no fue citado a prestar declaración indagatoria y que dijo que no cree que haya “intencionalidad política en la investigación”, aunque sus funcionarios por lo bajo aseveran lo contrario.
