Decara recordó a Daniele los “desmanes” del Suoem

El Defensor del Pueblo, Mario Decara, contestó ayer la carta que le enviara el secretario generald el Suoem, Rubén Daniele, en medio de la polémica por la garantía de la prestación de servicios esenciales. Decara le aseguró que reconoce los derechos de los trabajadores, pero que quiere seguridad para los usuarios. Además, le recordó los “desmanes” que comete el Suoem. Decara había intimado al Suoem cuando el gremio de los municipales adhirió al paro general del jueves 28 de julio, a garantizar y comunicar un sistema de guardias mínimas. El miércoles pasado Daniele le contestó que rechazaba la intimación por “improcedente, ilegítima, inconstitucional y absoluto desconocimiento de las luchas sindicales”.
Ahora, Decara escribió a Daniele que “en el marco de mis específicas funciones, defender los derechos colectivos o difusos, entre los que se encuentran los usuarios de servicios públicos, es que seguiré bregando para que en nombre del ejercicio de un derecho de algunos no se produzca la violación de los derechos de otro sector de la población. Y en este sentido lo invito a reflexionar sobre lo que significa el bienestar del pueblo de la ciudad de Córdoba”.
“He asumido la responsabilidad de actuar como herramienta al servicio de la defensa de los derechos de la ciudadanía, como organismo corrector de las deficiencias en el ejercicio de la función pública y como instrumento que va transformándose en un canal que encauza en forma organizada las inquietudes y problemáticas populares; tomando un rol activo en el tratamiento de los problemas, actuando con carácter objetivo y siempre con el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los cordobeses”, continuó.

Derecho laboral
Decara le aclaró a Daniele que “coincido plenamente con usted cuando hace referencia a la importancia de las luchas de obreros y trabajadores en pos del mejoramiento de las condiciones laborales y destaco que no estoy solicitando que renuncien a ese derecho”.
“Por supuesto –siguió- conozco la legislación de fondo en relación a la determinación de servicios esenciales, así como lo expresamente dictaminado por la OIT, pero no escapará a su criterio que el concepto de servicios públicos esenciales necesariamente comporta una ponderación de valores e intereses que se suscita entre los trabajadores que invocan su derecho a la huelga y los sacrificios válidos que se puedan imponer a los usuarios de los servicios”.
En esa línea recordó que “el Procurador Fiscal Nacional manifestó en ocasión de un paro provincial que ‘…para cada conflicto concreto y para la implantación del sistema nacional de tratamiento de huelga en servicios esenciales de la ley 25.877 y el decreto 272/06, deberá fundarse adecuadamente la intervención federal, conforme su propia competencia. De lo contrario, como ocurre hasta ahora, es cada provincia la que dirime sus conflictos”.
“Entonces –señaló- la determinación de cuáles serán servicios públicos esenciales deviene de una valoración especial, en este caso tratándose de actividades de responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales. Más aún si tenemos en cuenta la afectación especial que ha tenido la ciudad de Córdoba y sus habitantes debido a desmanes producidos en el marco de medidas de fuerza de ese gremio”.