[dc]A[/dc]rgentina va a la zaga de los avances en descentralización y respeto por las autonomías locales, que son tendencias globales. La reforma de la coparticipación es una asignatura pendiente desde el ’94 y nunca se logró avanzar; cada vez más el reparto de los ingresos depende de criterios arbitrarios. Un informe de la consultora Idesa señala que hoy sólo uno de cada tres pesos de recaudación va a las provincias.
El reporte indica que la organización federal se basa en la descentralización de funciones y de recursos públicos y que la regla básica es que el nivel central cumple los acotados roles que comprenden al conjunto de la población y las jurisdicciones locales (las provincias y los municipios, para el caso argentino) tienen la mayor parte de las responsabilidades que involucran la atención a los ciudadanos dentro de sus límites geográficos.
Bajo esta lógica, la Constitución Nacional asigna a la Nación las relaciones internacionales, la defensa nacional, la justicia federal, la educación superior y ciencia y técnica, la seguridad social y la infraestructura interprovincial (energía, comunicaciones y transporte interurbano). Las provincias y municipios son responsables de las funciones estatales más importantes desde el punto de social, tales como la educación básica, la salud pública, la infraestructura urbana, la promoción y la asistencia social, la seguridad y la justicia provincial.
Para un adecuado funcionamiento de esta organización es clave que los recursos públicos sean distribuidos de forma coherente con la asignación de roles entre jurisdicciones. En este sentido, los datos de la Secretaría de Hacienda analizados por Idesa muestran que:
En el período 1994 – 2000, el 37,9% de los recursos públicos nacionales iban a las provincias, de los cuales 32,0 puntos porcentuales se dirigía por mecanismos automáticos y 5,9% por mecanismos no automáticos.
Entre 2001 y 2009, el 36,7% de los recursos nacionales iba a las provincias, de los cuales 27,6 puntos eran automáticos y 9,1 puntos no automáticos.
Entre 2010 y este año, el 35,8% de los recursos nacionales van a las provincias, de los cuales 26,7 puntos son automáticos y 9,1 no automáticos.
De estos datos oficiales la consultora destaca tres hechos: la desproporcionada cantidad de recursos que capta la Nación ya que apenas uno de cada tres pesos de la recaudación se distribuye a las provincias. En segundo lugar, que esta desproporción no es reciente, aunque se ha profundizado en la última década. Lo tercero es que cada vez es más preponderante la porción de los recursos que se distribuyen a las provincias por mecanismos no automáticos, es decir, por criterios arbitrarios.
“Las provincias tienen la mayor parte de las responsabilidades pero no cuentan con los recursos, mientras que la Nación tiene los recursos pero no es responsable de los principales servicios sociales. Se trata de un esquema irracional e ineficiente porque genera superposiciones, vacíos y dilución de responsabilidades”, plantea el informe y se pregunta “ ¿qué función cumple un ministerio de educación nacional que no administra escuelas? En la práctica, justifica burocracia e interfiere en la gestión provincial, por ejemplo negociando el salario docente cuando el 90% de los salarios lo pagan las provincias”.
“La centralización como la que sufre la Argentina facilita la administración autoritaria del Estado, promueve la burocracia, la falta de pertinencia del gasto, la discrecionalidad y la corrupción. Un testimonio muy ilustrativo es el escándalo con los planes de viviendas (una responsabilidad provincial) instrumentado desde la Nación a través de una fundación ligada a los derechos humanos”, agrega.
