Por Gabriela Origlia
[dc]T[/dc]odas las entidades empresarias –sin distinción entre campo e industria- salieron ahora al cruce del proyecto del Ejecutivo para modificar la Ley de Abastecimiento y advirtieron que recurrirán a la Justicia si entra en vigencia. Los referentes plantearon que la norma es “inconstitucional”, que viola la propiedad privada y conspira contra el normal abastecimiento y la generación de empleo. Varios constitucionalistas coinciden, también, en que los riesgos son muchos. Lo “novedoso” es que los empresarios salgan al ruedo ahora cuando estas prácticas por parte del oficialismo llevan, al menos, siete años. La diferencia es que se concretaban vía telefónica o en reuniones reducidas.
El ex presidente Néstor Kirchner dio el puntapié inicial cuando acusó, en el 2005, a las cadenas Jumbo y Coto, de estar “cartelizadas” y acordar aumentos de precios. “Señor Coto: yo lo conozco y sé cómo trabaja con los bolsillos de los argentinos. Creo que están muy concentrados, cartelizados; usted, Jumbo y el pequeño grupos de empresas que manejan la comercialización de supermercados en el país”, embistió el entonces mandatario en un Coloquio de Idea. Los supermercadistas aludidos intentaron una defensa pero quedaron solos; el resto del arco empresario se hizo el desentendido. Alfredo Coto pasó de amigo a impulsor de la inflación.
Ya con la puerta abierta por el jefe, el ex secretario Guillermo Moreno hizo del apriete una norma no escrita. Sus recibimientos a empresarios con la marcha fúnebre (para los frigoríficos) o con un arma sobre el escritorio (a los del sector combustible) son anécdotas repetidas hasta el cansancio. Cuando esos datos trascendían había silencio. Fuera de micrófono todos admitían que esos comportamientos eran usuales y agregaban detalles, pero pedían no publicar sus nombres. Prácticamente no quedó ningún sector empresario que, en algún momento, fuera acusado de conspirador en público o en privado. La frutilla del postre fue a inicios de este año cuando Juan José Aranguren, CEO de Shell fue apuntado primero por Julio De Vido, quien afirmó que la petrolera quería “dolarizar el precio de los combustibles” y después por Jorge Capitanich, que lo acusó de “especular” en el mercado de divisas y tener “una actitud conspirativa contraria a los intereses del país”. Aranguren y Cristiano Ratazzi (Fiat) siempre fueron “rebeldes” en sus declaraciones.
Ya para ese entonces los empresarios habían empezado a levantar la voz. Cuando faltaban pocos meses para el fin de 2013 y la economía tenía crujidos los referentes cuestionaron los avances del Estado sobre la actividad privada o apuntaron que la inflación alcanzaba niveles peligrosos. El final del ciclo kirchnerista se veía venir y el contexto era menos adverso para hablar. Más allá de los riesgos de la Ley de Abastecimiento, sería oportuno que los empresarios hagan una autocrítica. El avance sobre las instituciones –no sobre la rentabilidad de una compañía- siempre requiere de una alerta. Mirar para el otro lado los convierte en parte del problema; no de la solución.
