Por Alejandro Moreno
amoreno@diarioalfil.com.ar
[dc]A[/dc] los radicales les gusta el riesgo. Como si no hubiera sido bastante peligroso invitar a Luis Juez a una conferencia de prensa encabezada por Oscar Aguad y Mario Negri, en presunta solidaridad con el vicepresidente del Comité Central, Miguel Nicolás, querellado por el gobernador José Manuel de la Sota, ahora trasladan la bomba de tiempo a la Legislatura.
Aquella escenificación de una probable alianza de la UCR con el Frente Cívico provocó, como adelantó Alfil, un “profundo malestar” en el Palacio 6 de Julio.
Hasta se habló de una grieta que preanunciaría una fractura. Lógico. Ramón Mestre es el blanco favorito de las denuncias de Juez. El jefe del Frente Cívico llevó al fuero penal al intendente, acusándolo de recibir dádivas de la empresa ERSA, una de las concesionarias del servicio de transporte.
Hoy, en la reunión del bloque radical, aterrizará sobre el escritorio un proyecto de declaración para que la Cámara repudie a De la Sota por querellar a Nicolás.
La iniciativa es del aguadista Rodrigo de Loredo (y seguramente antes, del propio Nicolás) y tiene el visto bueno del presidente del bloque, Eduardo Yuni. Pero la pregunta del millón es: ¿la firmarán los once radicales?
En la bancada de la UCR hay un par de mestristas originales y otros adscriptos cuya rúbrica conviene poner en duda. Es el viejo G-5.
Estos legisladores, conociendo que Ramón Mestre está realmente fastidiado por el acercamiento con el juecismo de una parte del partido, ¿seguirán el juego abierto por la dupla Aguad-Negri? ¿O habrá una nueva demostración de la división que ya exhibe el radicalismo cordobés?
Para mayor énfasis de las diferencias, el lunes Juez dijo que Mestre es un “obstáculo” para construir FAU en Córdoba porque, acusó, es un aliado de De la Sota, mientras justamente el intendente encabezaba rumbo al Panal una delegación del Ente que preside, para entrevistarse con el gobernador.
El proyecto de declaración será extendido a otros bloques de la oposición para que también lo firmen. Previsiblemente habrá invitaciones para el Frente Cívico y para el PRO.
Hasta anoche a las oficinas de esas bancadas no había llegado el texto, lo cual es natural porque aún es desconocido para algunos legisladores radicales.
En la UCR dan por descontado que el bloque juecista continuará a su lado. ¿Será así? Trascendió que a algunos legisladores del Frente Cívico les caerá grueso acompañar un proyecto que implica un respaldo a Nicolás, al que se han cansado de cuestionar colocándole el sambenito de “vieja política”. Dirían, por ello, que ya fue suficiente lo hecho la semana pasada en el hotel Windsor. El legislador del bloque unipersonal del PRO, en cambio, sí acompañaría.
El proyecto, si finalmente ve la luz, sería impulsado para su tratamiento sobre tablas hoy mismo, lo que aún con su rechazo garantizaría cinco minutos de acción en el recinto
Nicolás empuja un proyecto similar en el Concejo Deliberante, donde tiene cinco ediles que le responden, a los que se sumarán los dos aguadistas en la travesura. Una minoría, pero que alcanza para armar barullo en la sesión de mañana.
El proyecto en el Concejo, que no sería muy diferente en su esencia al de la Legislatura, expresa “su más enérgico repudio” a la querella de De la Sota contra Nicolás, iniciada “por haberse presentado a la justicia para que tomase conocimiento de un hecho difundido por un programa periodístico y que podría constituir un delito, constituyendo un claro intento de silenciar a la oposición y de una manifiesta actitud de amedrentamiento hacia dirigentes políticos, queriendo desalentar el elemental derecho que le asiste a cualquier ciudadano de acudir a la Justicia como garante último de la transparencia de los actos de gobierno”.
En los fundamentos, señala:
* “La censura política es uno de los abismos donde caen los gobiernos autoritarios, la persecución judicial, el amedrentamiento mediático, son siniestras herramientas del poder político oficialista, para silenciar la oposición, para que no investigue, para que no se informe, para que no se rinda debida cuentas de las acciones y la utilización de los bienes públicos”.
* “Suele ser un acto común de aquellos gobernantes que se perpetuán en el poder, confundir lo público con lo privado, por lo que en su accionar diario pierden noción de los limites, defraudando la confianza pública depositada en él, y persiguiendo a quienes intentan determinar la ética de sus conductas”.
* “Es necesario que repudiemos todas estas acciones antidemocráticas, defendiendo las instituciones políticas partidarias y la democracia, resistiendo cualquier acción intimidatoria que pretenda callar la voz de la oposición”.
