Paro precipitó medida: Ciudad de Córdoba quedó afuera

KD9L3014Era un secreto a voces. La continuidad de la empresa de transporte Ciudad de Córdoba en el esquema ideado por el intendente Ramón Mestre y sus alfiles ya era insostenible. Por reacción sindical ante comprobables incumplimientos laborales del directorio o en virtud de indisimulable lockout patronal, el servicio brindado a los vecinos estuvo alejado de los estandartes prometidos por el responsable del Palacio 6 de Julio que, como otros intendentes, prometieron revoluciones en la materia de consumación dudosa.
Los paros fueron una constante que obligó la búsqueda de explicaciones y fue allí cuando comenzaron a trascender las serias dificultades administrativas y financieras por las que transitaba la transportista que opera en la provincia desde 1983. Problemas con socios accionistas, cataratas de cheques sin fondo, deudas astronómicas con AFIP, el gremio, proveedores y poder concedente del servicio: todas fotos de rigurosidad diaria que habían alentado a Mestre a quitar la concesión pocas semanas después que debutara el nuevo sistema.
Cuando estaba todo listo para firmar el decreto, explotó la polémica que dotó de mayor verosimilitud los trascendidos que apuntaban a presuntos vínculos de la familia Mestre con el empresario correntino Juan Carlos Romero, luego de que se consumara el desembarco a través de la empresa de higiene urbana Lusa. Cabe recordar que la Justicia aún investiga por dádivas a Mestre y la plana mayor de su staff de gobierno, tras su participación en los festejos por los 50 años de la empresa Ersa.
La tormenta perfecta que rodeó al intendente radical siguió con el saneamiento de la mitad de su gabinete. No era momento de tomar decisiones a la espera paralela de una recomposición de la situación interna en Ciudad de Córdoba. El paro de los choferes (no avalado por la UTA) del lunes y martes dejó en claro que la gestión no podía dilatar situaciones. Incluso, encuestas improvisadas rápidamente por colaboradores de Mestre de la jornada apuntaban que existía el respaldo para decisiones sin moldes.
Mestre resolvió anoche quitar la concesión a Ciudad de Córdoba, empresa que prestaba regularmente el servicio desde que Germán Kammerath (quien también le había retirado la concesión) volvió a propiciar su reincorporación en febrero de 2002, momentos después que se conociera la insolvencia de las empresas Colcam y Docta. Las prestadoras restantes -Ersa, Autobuses Santa Fe y Coniferal- se distribuirán los recorridos que deberán cubrir desde el 1 de agosto. Por el momento, no trascendió el criterio de distribución de los corredores 20 y 70 que hasta el 31 de julio inclusive seguirán siendo explotados por Ciudad de Córdoba. Conviene aclarar que se convertirán en adjudicatarias y no conformarán una UTE como se especulaba antes que fuera revelada la decisión oficial.

Nueva división
La torpeza sindical precipitó la decisión que, dicen desde el Palacio 6 de Julio, era esperada también por los empresarios de Ciudad de Córdoba. Fuentes calificadas del gabinete mestrista abonaban la hipótesis que la firma estaba preparando su vaciamiento. La versión oficial no puede comprobarse y lejos está de ser confirmada por el directorio de la compañía identificada con los colores celeste y azul. En la mañana de ayer, mientras corría el tiempo de descuento del ultimátum de Mestre, su presidente Mariano Llabot solicitó la extensión de los plazos por 15 días para la presentación del plan de capitalización. Cierto es que no cumplieron con lo solicitado el día anterior por el poder concedente. Y el juego quedó abierto.
Lo cierto es que el intendente decidió llevar calma, ante lo que se prevé como una nueva transición que no estará exenta de complejidades. Recuérdese el traspaso de los choferes de Tamse a Ersa y Autobuses Santa Fe. “A los trabajadores les reitero que nadie perderá su empleo. Esta garantía está firmada por este intendente, las empresas y la UTA. Está decidida por decreto”, recordó Mestre anoche, luego de dejar en claro que queda “liberado de compromiso” con aquellos que protagonicen episodios de violencia o destrozos.
Mestre sabe que la fragmentación en tres de una planta de más de 800 empleados es una tarea compleja. No hay dudas sobre las garantías laborales, pero no puede olvidarse que el gremio de los choferes, además de su atomización, está transitando por un proceso político interno de cara a la elección para la renovación de la cúpula directiva en noviembre.