Las imposibilidades de encausar a UTA vía ordenanza

BANCA 32 - Concejo
BANCA 32 – Concejo

La por entonces nueva gestión municipal había enviado al Concejo Deliberante un proyecto de marco regulatorio del transporte público, a la postre aprobado, donde se intentaba “restringir” el impacto de los salvajes paros de Unión Tranviarios Automotor.
Se trataba de los artículos 43 y 44 de la ordenanza Nº12.076, en los que se definía que el transporte se encuadraría como servicio público esencial y que era obligatorio para prestatarias y choferes prestar servicio al menos en el 30% de los recorridos troncales durante las huelgas.
Extrañaba por aquel entonces que los muchachos se lo tomaran tan livianito. Ni mu. El poderoso gremio lo dejó pasar, como si fuera algo que no fuese a incomodar el habitual modus operandi. Se lo recuerda al vocero de UTA, Adrián Lentini, silencioso y apaciguado en la comisión de Servicios Públicos del Concejo cuando se discutió el marco regulatorio.
En el otro extremo, el intendente Ramón Mestre lo vendía como si fuese otro de los aspectos centrales en el “ordenamiento” que prometía en todos los asuntos municipales. Pero pasó el tiempo y vinieron varios paros. Paros por subsidios, por salario, por “peligro” de perder las fuentes laborales, etcétera. Y la letra nunca se cumplió, siempre estuvo muerta. En rigor de verdad, nació muerta.
El municipio, su gobierno, no pudo cumplir aquellos puntos que había convertido en ordenanza. No pudo ni de hecho ni de derecho.

De hecho
La administración comunal está imposibilitada de hecho porque -para botón basta una muestra- esta semana hubo paro y ni un sólo ómnibus de línea surcó las calles Córdoba. “Argumento práctico”, le llamaban en la Grecia del siglo V antes de Cristo cuando los aristotélicos se paraban y daban un paso para desacreditar la teoría de Zenón de Elea sobre la imposibilidad del movimiento.
También, ahondando un poquito más, salta a la vista que este gobierno no tiene la potestad suficiente (ni los anteriores tampoco) para obligar a la Unión Tranviarios Automotor a bajar o atenuar una medida de fuerza de las magnitudes a la que lamentablemente nos acostumbramos, ni tampoco para obligar a las concesionarias a prestar el 30% de los servicios troncales. Por varios motivos.
Por la anemia política ante el sindicato, por la indolencia histórica del accionar gremial, por la sagacidad y la angurria empresarial. Y también, porque la Municipalidad en el mismo marco regulatorio, a los artículos 43 y 44 no les sigue nada que penalice su incumplimiento. ¿Quién cumple si no hay punitorio, con semejante negocio de por medio?

De derecho
Sin embargo, la imposibilidad para hacer que haya al menos 30% de las líneas troncales funcionando durante los paros tiene fundamentalmente causas normativas.
Sucede que declarar como servicio esencial al transporte terrestre no es atribución del Poder Ejecutivo Municipal, porque la Ley nacional Nº 25.877 (publicada en Boletín Oficial nacional el 13/02/2004) no lo contempla así. Sólo una reforma de dicha norma en el Congreso o bien una enmienda efectuada por una Comisión constituida a tal fin (denominada Comisión de Garantías según el decreto presidencial reglamentario Nº272/2006) puede hacerlo.
Entonces que un secretario de Transporte, a instancia del Intendente, califique dentro del marco regulatorio al servicio como “esencial” no es para nada ilegal, por supuesto que no. Pero sí es testimonial, porque no hay instrumento legal válido desde el municipio para a garantizar las condiciones de regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento frente al derecho a huelga.
En consecuencia, los artículos 43 y 44 fueron para la tribuna. Nada nuevo. Simplemente, pasado el tiempo, es posible recalcarlo siendo contrastado con la realidad palpable, la realidad de la gente en las paradas sin que vengan los ómnibus.
El hermano del intendente, Diego Mestre, ya presentó un proyecto para declarar el transporte como servicio esencial en el Congreso. Sin embargo, las posibilidades para su aprobación son casi nulas. Ayer este medio consultó a un diputado cordobés del oficialismo, o sea, del Frente para La Victoria y señaló que el kirchnerismo a nivel nacional no está dispuesto a discutir eso “por más que nosotros los cordobeses queramos impulsarlo”.

Deudas según Dómina, vía BCRA
En referencia al conflicto de transporte, pero en otro orden de cosas, ayer el concejal “investigador”, Esteban Dómina (Frente Cívico) envió un comunicado de prensa con datos del Banco Central sobre las deudas de las empresas que operan el sistema urbano.
Según el mismo, Tamse no registra deuda ni cheques rechazados, la unión transitoria de empresas formada por Ersa y Autobuses Santa Fe tampoco.
Ersa S.A figura con un pasivo de $150.768.300 y está limpia en términos de atrasos de pagos y cheques rechazados.
Autobuses Santa Fe tiene una deuda de Deuda $ 98.258.800, compuesta de la siguiente manera: $530.800 con el Banco Comafi S.A. (atraso entre 30 y 90 días); $67.269.000 con Mercedes-Benz Compañía Financiera S.A. (atraso entre 90 y 180 días). También registra deuda con la D.G.R. en gestión administrativa y prejudicial por el Impuesto al automotor. Y tiene 21 cheques rechazados por $ 10.310.798,54 (uno de ellos por defectos formales, el resto por falta de fondos). Ya pagó 19 de esos cheques por un total de $ 9.660.850,15.
Coniferal adeuda $31.640.300 y le fueron rechazados por defectos formales 4 cheques en 2012, que sumaban $ 148.657,28.
Finalmente, Ciudad de Córdoba Sacif, la empresa en problemas, tiene registrada una deuda de $15.443.900, de ellos $3.971.200 con Mercedes-Benz Compañía Financiera S.A. (atraso entre 180 días y un año). Tiene 615 cheques rechazados por $ 43.963.697,01 (4 de ellos por defectos formales, el resto por falta de fondos). Ya pagó 296 de esos cheques por un total de $ 20.635.766,38. La mayor cantidad de rechazados corresponden a cuentas de Banco Industrial, Banco de la Nación Argentina y Banco Santander Río S.A. Pero lo más complicado en ´términos financieros es que los primeros 17 días del mes de julio de 2014 tuvo 36 cheques rebotados por falta de fondos, por un total de $ 2.252.930,96.