Por Yanina Passero
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[dc]E[/dc]l futuro de la empresa Ciudad de Córdoba se dirime en dos vías separadas. El formal: el Ejecutivo municipal determinará su continuidad o salida en virtud de los resultados que arroje la auditoria que realiza la Secretaría de Transporte. Y el político: el veredicto final dependerá –tácitamente- del curso de la investigación judicial que encabeza el fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, por presuntas dádivas de autoridades de Ersa a la plana mayor del Palacio 6 de Julio.
Cierto es que la administración municipal ya tiene sobradas muestras sobre los “problemas” de la empresa, no obstante, los pronunciamientos no llegan. Sobre las denuncias públicas tras la presencia de funcionarios municipales en el 50º aniversario de la transportista correntina, Mestre evitó brindar aclaraciones. Tampoco, ahondó detalles sobre la situación de Ciudad de Córdoba. Ayer, en medio de un acto público, sólo se limitó a responder a la prensa que la famosa auditoria estará lista en poco tiempo y que desea que la empresa continúe en el esquema.
Como torpedos, caen informaciones que dan cuenta de la delicada situación de la empresa. Primero, el polémico reacomodamiento accionario; después, la deuda por 200 millones de pesos a la AFIP. Días más tarde, el Gobierno de la Provincia difundió que Ciudad de Córdoba prácticamente está en quiebra porque su pasivo es casi igual a su activo. En la jornada del miércoles, el gremio de los choferes tomó el micrófono e hizo pública la deuda que la empresa mantiene con la conducción de la UTA.
La intervención no deja de ser llamativa en el siguiente contexto. El sindicato comandado por Alfredo “Chuchillo” Peñaloza se había mostrado solidario y comprensivo con la situación empresarial. Una actitud de respaldo sorprendente, militante. Para los choferes en su totalidad, Ciudad de Córdoba debería continuar prestando el servicio. Años de tradición en la ciudad la avalaban.
Apenas comenzó la semana, operadores del gremio agitaban banderas de cambio de rumbo. Prometían una conferencia de prensa para dejar clara su posición sobre la situación de la empresa Ciudad de Córdoba. ¿No era de apoyo absoluto? Incluso, iban a formar una cooperativa de trabajo. Parece que no.
La ansiedad los superó: ventilaron una deuda millonaria que la compañía local mantiene con el sindicato. Se trata de 3,5 millones de pesos adeudados a la obra social de la UTA y otros 700 mil pesos que no fueron girados para cubrir el pago de la cuota sindical. Mora que, según reconocieron fuentes del gremio, no era nueva.
¿Qué cambio para que la UTA adoptase otra posición? Rápidamente podría decirse que para un gremio –y en año electoral- la necesidad de tener las cuentas a raya es una razón más que suficiente para explicar la “borocotización” de los representantes de los choferes, con menos de una semana de diferencia. Lo cierto es que subyace un quiebre en las relaciones entre el directorio de la empresa y la cúpula sindical que no redundarán en buenas noticias para los usuarios.
En diálogo con Alfil, Peñaloza aseguró que “no dejarán pasar comentarios injuriosos de Mariano Llabot”, presidente de Ciudad de Córdoba. El secretario general de la UTA explicó que no cayeron bien referencias del empresario que señalaban “connivencia” entre el Ejecutivo municipal y el gremio para facilitar la ampliación de los servicios por parte de Ersa.
La prioridad, para el dirigente gremial, vuelve a ser primigenia: conservar la fuente laboral de los trabajadores. Mientras se cumpla ése requisito, el “prestador” sería indistinto, según reconoce el exfútbolista de las inferiores de Peñarol. La UTA le soltó la mano a Ciudad de Córdoba. Una aliciente para Mestre, que aún debe la decisión final.
