[dc]U[/dc]na urdimbre de intereses gremiales y empresariales congestionó ayer la normal circulación en el centro y dejó sin buena parte del servicio de coches de alquiler con chofer a la gente. En la punta del ovillo, está un conflicto de los inspectores municipales con el Ejecutivo. En el otro, un enfrentamiento económico de los trabajadores de remís de una central (Renta Rap) con los propietarios de la misma, por el importe del canon que los primeros les pagan a los segundos y que sería muchísimo mayor que lo que estipula la ordenanza que regula eso.
La situación es tan compleja que hasta se denunció supuestas relaciones non sanctas con funcionarios públicos.
A continuación la cronología.
Los inspectores de la Municipalidad continúan en batalla con el Ejecutivo, pero esta vez no pararon sino que trabajaron más. Dicen que es por ropa de trabajo. No muchos les creen.
Ese “sobretrabajo” consistió en dañar supuestos “intereses de algunos funcionarios” –dijeron-. Inhabilitaron a algunos ómnibus de la empresa Ersa (fueron trasladados al depósito Nº3 de la Dirección de Control de Transporte) y también a dos remiserías, una de ellas, Renta Rap, de proporciones. Falta de papeles y de medidas de seguridad acusaron las actas. Hace mucho que dicha firma venía funcionando así, se dijo.
Luego en Teleocho aparecieron las oficinas de los inspectores clausuradas por supuestas causas edilicias, como falta de agua. Eso motivó denuncias públicas por parte de los trabajadores a la administración que conduce el radicalismo. Para ellos, fue una jugada del gobierno comunal para evitar que trabajen y sigan generando incautaciones. Terminó de encenderse la polémica.
En medio de la maraña, unos mil remiseros nucleados en Renta Rap salieron a cortar todo el centro y se apostaron frente al Palacio 6 de Julio. Sucede que los choferes pagan canon mensual a Renta Rap para el uso de la central (legalmente $200, pero dicen que se les cobra $1000) y se vieron perjudicados porque no pueden circular, justamente por la inhabilitación. Pedían que los dueños paguen lo que debe al municipio y se adecúen a las normas para que las unidades puedan circular sin que los inspectores lo impidan.
Mientras tanto, sobrevolaba en los medios de comunicación el rumor, generado por los verdes, de que existe connivencia entre parte de la administración municipal y los dueños de Renta Rap para compartir ese canon de más supuestamente abonado por los conductores (los $800 pesos que surgen de restar 100 menos 200). El rumor se extendía aseverando que, como una represalia por cuestiones gremiales, los inspectores habían tomado la medida de ir contra Renta Rap, cosa que en las especulaciones molestaba al Ejecutivo.
Suoem
Por alto parlante, los inspectores municipales sostuvieron que el “paro a la japonesa” fue porque ningún funcionario se hace cargo del área y da pautas de trabajo. “No tenemos control. No hay una organización. No nos dicen cuál es la pauta para salir a trabajar”, dijo el delegado Rodolfo Castro (La Voz del interior). También se esgrimió por falta de ropa de trabajo.
Sin embargo, además de esos dos asuntos, en el fondo habría otra cuestión, aceptaron fuentes gremiales por lo bajo. Al parecer lo que está en juego son espacios de control y autorizaciones de horas extra.
La situación continuará esta semana. Ya sin el ex secretario General Sergio Torres como principal dador de beneficios al gremio, las negociaciones entre el gabinete y el Suoem se han tornado menos lineales.
Dudan labor de ONG Poder Ciudadano en licitación de transporte y basura
Ayer el bloque de Concejales Eva Duarte ingresó un pedido de informes al cuerpo legislativo para detectar si la Fundación Poder Ciudadano está cumpliendo tareas que se le encomendó desde la Municipalidad y por la que se le paga.
La bancada de Olga Riutort explicó en un comunicado que “en esta gestión se ratificó por la ordenanza Nº 12.198 el convenio suscripto entre la Municipalidad y la Fundación Poder Ciudadano, que tenía por objeto fiscalizar los procesos de licitación de transporte y de higiene para garantizar la transparencia en los mismos, desde sus inicios hasta la etapa final de firma de la contrata con las empresas prestatarias”.
Según el convenio, la Municipalidad de Córdoba abona la suma de $35.900 para la primera etapa de cada proceso licitatorio, es decir, el análisis del borrador del pliego y entrevista con actores interesados en cada una de las licitaciones y un monto a convenir en la segunda etapa -que era la concreción del llamado a licitación pública de cada servicio, transporte urbano de pasajeros e higiene-.
“Debido a los acontecimientos y las dificultades de público conocimiento que está enfrentando el proceso de licitación del servicio de transporte público de pasajeros, y habiéndose prorrogado por seis meses el servicio de higiene urbana, deviene de vital importancia en este momento, contar con los informes, recomendaciones y conclusiones vertidas sobre el tema que la Fundación Poder Ciudadano haya emitido como contraprestación del dinero recibido por el municipio” señaló la presidenta del bloque, Olga Riutort.
