Por Yanina Passero
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[dc]L[/dc]a transportista local intenta ordenar sus cuentas para tomar fuerza y retener la prestación del servicio urbano, cuando la aparente decisión del poder concedente de ceder la explotación de sus recorridos a Ersa se diluye con el tiempo y los avatares políticos. Recientemente, el directorio de Ciudad de Córdoba acordó un plan de pagos para regularizar deuda impositiva. Según confirmaron directivos de la firma, el pasivo es de 20 millones de pesos. Urge la reanudación de los subsidios nacionales al transporte, suspendidos desde diciembre a la fecha a raíz de la mora.
Al acta de defunción de una empresa que presta servicio en la provincia hace cuatro décadas le faltaba tan sólo una firma. Todo parecía indicar que Ersa, la potentada compañía del Grupo Romero, se haría cargo de los corredores de Ciudad de Córdoba, transportista local que se convirtió en la verdadera mancha negra del nuevo sistema de transporte diseñado por Ramón Mestre. Los presuntos incumplimientos reiterados pusieron en juego una auditoría encargada por las espadas del intendente como último trámite formal para retirarle la adjudicación.
El panorama cambió radicalmente cuando denuncias mediáticas pusieron sobre relieve “las buenas relaciones” del mestrismo con los empresarios correntinos. La expulsión de Ciudad de Córdoba hubiera sido leída, linealmente, en tono ratificatorio de las versiones desprestigiantes.
De la aparente voluntad política de reducir la prestación de cuatro a tres empresas, poco habría quedado. Es más, el propio intendente y las nuevas autoridades políticas se mostraron “sensibles” a los problemas de la firma. Claro que la actitud contemplativa se correspondió con el recambio general de gabinete de Mestre, luego del pedido de renuncia a secretarios de su confianza y entorno íntimo. La vulnerabilidad, aunque en niveles distintos, era el elemento común entre unos y otros.
Lo cierto es que no han trascendido detalles sobre la auditoria que realiza la Secretaría de Transporte del municipio a la empresa. La realidad insufló de mayor tiempo a Ciudad de Córdoba para reponerse de los efectos de un reacomodamiento accionario y cimbronazos financieros varios. El ejemplo más reciente lo representa el ingreso de la prestadora a un plan de pago con la AFIP.
Según confirmaron prestigiosas fuentes de la compañía, ayer se sustanció con el ente recaudatorio que encabeza Ricardo Echegaray un nuevo cronograma para cancelar deuda estimada en los 20 millones de pesos. La empresa habría incurrido en la cesación de pagos para hacer frente a otros compromisos prioritarios como el pago de salarios a los choferes patrocinados por UTA o las inversiones exigidas en los pliegos de licitación del actual esquema de traslado de pasajeros, según informan.
Recupero
La urgencia en saldar las deudas contraídas con el organismo fiscal de la Nación no es otra que percibir los subsidios que distribuye la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio que encabeza Florencio Randazzo. Sucede que a raíz del incumplimiento, la empresa de transporte urbano no recibe el auxilio financiero desde diciembre de 2013 hasta la fecha, según se desprende de la información disponible en el sitio oficial de la cartera, en la pestaña en la que se detalla la distribución de subsidios (SISTAU) en todo el país.
A raíz de la deuda, Ciudad de Córdoba no percibió casi 11 millones de pesos en un lapso de cinco meses. En el monto sólo se consignan los fondos que la empresa recibe por el servicio urbano ($2.200.000 aproximado por mes).
Una vez que AFIP notifique a Transporte se producirá el reintegro esperado y la reanudación de los subsidios, claves para hacer frente al aumento salarial de los choferes que continúa discutiéndose en Buenos Aires. Según trascendió, el porcentaje de suba en los haberes se situaría en el orden del 30 por ciento.
