La odisea jurídica de nuestros jubilados

Por Diego Mestre(*)

[dc]E[/dc]n la Argentina del “modelo”, en el país de la “década ganada”, los jubilados que reclaman la actualización de sus haberes, son víctimas del chicaneo de un gobierno que se les burla en la cara.
Diego Bossio, titular de ANSES, dijo que para el 2016 ya no habrán juicios de jubilados contra el gobierno. Y que las sentencias a favor de los jubilados se están pagando “en tiempo y forma”. Remarcó que “el organismo realiza un gran esfuerzo año a año para cumplir con sus obligaciones y pagar las sentencias que corresponden lo antes posible”, y destacó que “se redujo el stock de sentencias previsionales, porque si bien aún existen causas en trámite, los juicios están disminuyendo”. Quisiera saber ¿Qué opinan medio millón de jubilados que esperan justicia?
Los tribunales de la Capital Federal y del interior acumulan unas 550.000 demandas, sin incluir los recursos presentados por los retirados o pensionados de las Fuerzas Armadas, Policía o Fuerzas de Seguridad. Además, existen más de 50.000 sentencias a favor de jubilados que fueron apeladas para no tener que desembolsar un peso.
El ANSES que maneja Bossio apela automáticamente las sentencias que benefician a los jubilados. Estas chicanas producen indignación. Probablemente, a Bossio no le importe que muchos de los beneficiarios de las sentencias probablemente exhiben un estado de salud deteriorado y no tengan la fuerza necesaria para enfrentarse al Kafkiano aparato estatal. Quizá el director de ANSES no entienda la desesperanza que produce realizar trámites que duran hasta seis años para lograr tan solo lo que corresponde. El sistema previsional les paga con ingratitud después de haber trabajado durante toda su vida para engrandecer a su país. Y en los últimos años de su existencia, los jubilados transitan una odisea jurídica de dimensiones hercúleas. Bossio debe creer que son eternos. O tal vez, se imagina que algunos podrán gozar de sus haberes en el más allá. (La propia Anses informó que el 21% de las sentencias que paga, no beneficia a su titular).
Deberíamos increpar a este gobierno por el destino de los fondos de la seguridad social. Parte de esos fondos sirven para financiar la Asignación Universal por Hijo, el programa de netbooks “Conectar” y las pensiones no contributivas, el programa de viviendas Procrear, la tarjeta Argenta y el auxilio al Tesoro nacional.
A los fondos del sistema previsional los destinan para cosas que poco tienen que ver con su función. Quitarle seguridad a los jubilados para solventar otras cuestiones se parece a una de malversación de fondos. ¿No debería comprar las netbooks el Ministerio de Educación? ¿Y las viviendas Procrear: no deberían depender de Planificación? ¿Qué decir de la Tarjeta Argenta?
Desde el gobierno nacional podrán maquillar la realidad. Pero en nuestro sistema previsional, existen 550.000 demandas que esperan resolución y más de 50.000 jubilados que sufrieron la apelación de una sentencia que los favorecía y deberán esperar muchos años para que se haga justicia.
El colapso del fuero previsional es literalmente aplastante (algunos edificios que están con problemas estructurales debido al peso de los expedientes que esperan resolución).
Me pregunto: ¿Qué oportunidad de ayudar a su pueblo tiene un gobierno que niega los problemas o los disfraza?
Algunos funcionarios del gobierno parecen vivir en una dimensión paralela, adonde la información es constantemente manipulada para trazar conclusiones que le sirvan al modelo. Un modelo que se sirve a sí mismo.
(*)Diputado nacional UCR