Por Gabriela Origlia
[dc]L[/dc]a Corte Suprema ordenó que todos los juicios contra Anses que están en la Cámara Federal de la Seguridad Social se redistribuyan entre la totalidad de las cámaras federales del país. Sólo hay un cambio de estantería de los expedientes.
Con 338.417 juicios iniciados por jubilados para cobrar haberes adeudados (básicamente por la no actualización), la Corte Suprema resolvió que todos los casos que están en la Cámara Federal de la Seguridad Social se redistribuyan entre la totalidad de las cámaras federales del país y le reclamó a la presidenta Cristina Fernández que le ordene a la Anses “acatar” los fallos que dicta el máximo tribunal. También pidió al Congreso Nacional y al Consejo de la Magistratura que adopten todas las medidas necesarias para crear tribunales y dictar normas que permitan agilizar las causas. Los expertos aseguran que, en los hechos, esta resolución no implicará más velocidad en la gestión, sino simplemente un cambio de estantería de los papeles. En vez de estar en un solo lugar se repartirán por todo el país.
La causa del problema no se resuelve creando más tribunales sino atacando la cuestión de fondo: que Anses acate los fallos. En cualquier país avanzado es impensable que un organismo del Estado incumpla una decisión del máximo tribunal de Justicia del país. En Argentina parece que hacerlo se convirtió en una suerte de práctica deportiva. Anses apela sentencias a favor de jubilados y así los trámites se extienden siete u ocho años. Hay que recordar que el caso cerrado implica no sólo pagar la sentencia sino reajustar el haber de acuerdo al porcentaje fijado por la Justicia; si se toma como antecedente el caso Badaro, el reajuste es en promedio del 70% sobre el haber mensual corriente.
A mediados de 2012, en paralelo al anuncio de que se usarían parte de los fondos previsionales para el ProCrear, Diego Bossio confirmó la decisión política de no actualizar las 5,6 millones de jubilaciones del país al 82% móvil, en consonancia con lo ordenado por la Corte Suprema en los fallos Badaro y Eliff. El funcionario directamente dijo que no tenía plata para hacer frente a esa resolución y que, de cumplirla, habría un “riesgo institucional” y desfinanciaría el sistema.
El eje del fallo Badaro se origina también en una decisión política, esta vez del ex presidente Néstor Kirchner, quien entre su asunción y fines de 2006 no dio aumentos a un millón de jubilados. La mayoría de ese grupo es la que inició demandas y la Corte en el caso Badaro entendió que es legítimo darle reconocerle la movilidad que, entre enero de 2002 y diciembre de 2006, implica un 88%.
Cristina Fernández hace gala de que en materia previsional la gestión kirchnerista se caracteriza por la “inclusión”. Es cierto, como también lo es que de las 5,9 millones de prestaciones que paga Anses (sin contar las no contributivas), el 45% se otorgaron por una moratoria que benefició a quienes habían hecho pocos o ningún aporte. La política no fue equitativa, además de premiar a los que no pagaron se acható la pirámide y hoy el 80% de los beneficios equivalen al mínimo.
Según el Ombusman de la Tercera Edad de la Capital Federal hoy la canasta de los jubilados es de $ 5.877 mensuales, lo que representa algo más del doble del mínimo que es de $2.757. La síntesis es que la mayoría de los pasivos nacionales no alcanzan a cubrir ese gasto. La Presidenta les lleva consuelo diciendo que en general hay dos beneficios por hogar o que los hijos los ayudan…
La posición asumida por el Gobierno respecto de las demandas marca que su sucesor recibirá este problema como hipoteca. Es cierto que pagar de contado todas las sentencias sería imposible, pero hay alternativas para avanzar en el cumplimiento de las sentencias y poner al día los haberes jubilatorios.
