[dc]E[/dc]l jefe de Gabinete Jorge Capitanich cada vez que puede deja en claro que el problema de la inseguridad –o la responsabilidad de la seguridad, si se prefiere- es una responsabilidad de las provincias. Un estudio del Instituto Argentino de la Realidad Fiscal (Iaraf)a cargo de María Cecilia Avramovich da cuenta que el año pasado las 23 provincias y la Capital Federal gastaron en conjunto $43.327 millones en política de seguridad, lo que equivale al 1.63% del PBI nacional, una cifra ligeramente superior a la de 2012 (1,60%) pero, más alta que la de años anteriores. Por caso, desde 2008 se incrementó – en términos del PBI nacional- en un 6.6% promedio anual. De esta forma, pasó de constituir el 1.18% del PBI a conformar el 1.63%, un 37.85% más.
En términos del gasto consolidado, la inversión provincial es tendencialmente creciente; se destacan 2011 y 2012: en el primer caso las provincias incrementaron la participación del gasto en seguridad en un 6,4%, y en 2012 lo hicieron nuevamente en un 5,8%. En el cálculo del Iaraf para 2013 no se incluyen los aumentos salariales percibidos por los agentes de seguridad provincial en diciembre, por lo que el gasto global está subestimado, aunque Avramovich calcula que el crecimiento de pesos destinado al rubro aumentó el 2,3% promedio anual entre 2008 y 2013.
Del estudio se desprende que las provincias que menos se comprometieron fueron Santiago del Estero (5,3%), Formosa (5,4%), Capital Federal (5,6%), Chaco (5,7%), San Juan (5,8%), La Rioja (6,1%) y Catamarca (6,2%). Pese a la pobre performance de estas jurisdicciones en 2013, debe destacarse que la ciudad de Buenos Aires incrementó la participación del componente seguridad en su gasto público en un 17% promedio anual entre 2008 y 2012. Este esfuerzo es “para nada despreciable si se tiene en cuenta que la mayoría de las jurisdicciones que observó una tasa de variación promedio anual positiva lo hizo a menos del 9%”, dice el reporte.
Otras jurisdicciones que se han destacado por su fuerte compromiso entre 2008 y 2012 son Tucumán, Misiones y Santa Cruz, con tasas de crecimiento promedio anual de 17,9%, 35,1% y 38,96%. El caso inverso es reflejado por Santiago del Estero, Formosa, Chaco, La Rioja y Entre Ríos, las que manifestaron reducciones en este indicador a tasas que van desde -1,2% (Formosa) a -6,6% (Entre Ríos).
En término de gasto en seguridad per cápita las disparidades entre jurisdicciones son aún más marcadas. Si se considera el consolidado, se estima que cada habitante percibió en promedio $1.027 en concepto de seguridad en 2013, por parte de los gobiernos provinciales; sin embargo solo tres jurisdicciones observaron cifras relativamente próximas a ésta: Salta, con $973 por habitante, Santa Fe, con $1.039 por habitante y Formosa, con $1.067 por habitante. En Tierra del Fuego, Santa Cruz estas cifras superaron los $3.500 por habitante, en San Juan no alcanzaron los $700, y en Santiago del Estero y Chaco los $800.
Los datos equivalen a decir que mientras el 1% de la población del país (localizada en Tierra del Fuego y Santa Cruz) percibe en promedio $3.633 en servicios de seguridad, el resto de habitantes percibió menos de la tercera parte, $999. Claramente, existen importantes sesgos en lo referido al compromiso a la seguridad jurisdiccional entre provincias, tanto si se considera la proporción del gasto comprometido a tal fin, como la cantidad de fondos que cada ciudadano recibe.
Del estudio se refiere que en las provincias de altos ingresos y alta densidad poblacional, el gasto en seguridad que cada ciudadano percibe en promedio es de $1.049, cifra muy similar a la del promedio considerando el total de jurisdicciones ($1.027). En este grupo se destaca Córdoba como la más competitiva a la hora de asignar presupuesto a la seguridad de cada habitante, seguida de Mendoza y Santa Fe.
