Inseguridad, un sub producto del relato K

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Por Pablo Esteban Dávila

Hagamos una pregunta de las bravas: ¿es la inseguridad que hoy vive el país una consecuencia directa del relato kirchnerista? Respondamos sin evasivas: sí lo es.
Hace mucho que la Nación siembra vientos. En realidad, lo hizo desde los primeros días de Néstor Kirchner quién, en su necesidad de posicionarse por fuera del duhaldismo, recurrió a grupos políticos que hacían (y aún hoy lo hacen) de la violencia una marca registrada.
Todo el relato K fue violento desde sus orígenes. Desde la reivindicación sin eufemismos de la lucha armada en los ’70 hasta las denuncias más disparatadas de insidiosas conspiraciones, la confrontación fue un ingrediente fundamental en su imaginario de construcción del poder. Muchos de los íconos políticos del gobierno, desde Luis D’Elía a Hebe de Bonafini, fueron maestros consagrados en el arte de propalar a los cuatro vientos el odio por los ricos, la clase media, los que pensaban diferente o quién fuera identificado, genéricamente, como un enemigo. No se exagera un ápice en decir que, desde las épocas de la dictadura, no se escuchaba tanta violencia explícita desde el poder aunque, afortunadamente, sin el correlato del asesinato político.
Sin embargo, el hecho que, en la actualidad, los políticos no caigan muertos a manos de terroristas enajenados no significa que la violencia verbal emanada desde el Estado no genere otro tipo de bajas, tan mortales como las de los hombres públicos. La cuestión es muy sencilla de advertir. El relato K conecta explícitamente (al igual que, en su momento, lo hizo Hugo Chávez) las prácticas autoritarias del populismo con el bienestar económico del pueblo, comoquiera se defina “bienestar”. Esto supone que la violencia – un componente implícito en todo modelo autoritario – es un método legítimo, eficaz, para lograr lo que el líder entiende que es “el bien común”. Si a esto se le agrega que, a pesar de unos modos tan sectarios e intolerantes, los Kirchner han obtenido enormes éxitos desde lo electoral, el mensaje social resultante es que el respeto por la convivencia civilizada es totalmente disfuncional para el logro de los objetivos personales. Este componente simbólico obra a modo de un poderoso anabólico que mantiene y refuerza la ola de delincuencia que azota al país.
El problema no se reduce a una cuestión de modales. La ideología también juega un rol determinante en el calvario que hoy viven muchos argentinos. El famoso “garantismo” es una prueba de ello. Como tal, el garantismo no es malo, si por él se entiende la práctica de respetar y hacer respetar las garantías constitucionales, pero en la praxis del kirchnerismo y sus usinas de opinión es equivalente a un complejo de culpa colectivo ante el delincuente. Para muchos soportes intelectuales del gobierno, los delincuentes son víctimas de un sistema injusto – el capitalismo – y la ley que manda a reprimirlos un instrumento al servicio de los poderosos. Estas anteojeras ideológicas señalan que el malviviente obra de tal manera porque la estructura social lo ha moldeado de esa forma; es, si se quiere, un autómata del delito, un producto inevitable de una sociedad que le ha vuelto la espalda. Por lo tanto, combatir al criminal es hacerle el juego a la perversión de un sistema que lo excluye y discrimina; en otras palabras, es ayudarlo a que perpetúe su injusticia inmanente.
Este tipo de pensamiento no es una novedad pero, con el cariz que han tomado las cosas, se vuelve altamente preocupante. No porque no tenga lógica – de hecho, tiene una muy poderosa – sino porque la suya encierra el peligro del largo plazo pues, en esta visión, sin cambiar al sistema no podrá terminarse con la delincuencia. Mientras tanto, y a la espera de esta utopía, cualquier decisión de fondo contra el delito se demora al paroxismo. Para colmo, y contrariamente a lo que se necesita, los cultores del garantismo son los que tienen el as de espada dentro de las instituciones, los que ocupan los cargos de mayor relevancia. El debate de barricada, casi estudiantil, que el supremo Eugenio Zaffaroni quiso entablar con el diputado Sergio Massa sobre el Código Penal es una prueba de lo permeado que se encuentra el poder por estas ideas suicidas. Ya lo dijo lord Keynes: “al largo plazo estamos todos muertos”, una metáfora que, en el caso de la inseguridad, debe ser tomada muy literalmente.
Este combo entre idealización de la violencia y progresismo militante genera consecuencias muy prácticas. En primer lugar, la parálisis del poder judicial ante el seguro anatema de grupos de derechos humanos o de los intelectuales de lo políticamente correcto, extremos casi siempre financiados por la Nación. En segundo término, la inacción de las fuerzas de seguridad, más temerosas de las sanciones por excesos que por las armas de grueso calibre que ostentan los delincuentes; finalmente, la falta de cualquier tipo de concertación entre las diferentes jurisdicciones para combatir la inseguridad.
A nadie escapa que, a pesar de la ola de delitos y los preocupantes casos de linchamiento que recorren el país, el Consejo Federal de Seguridad no se ha reunido nunca. Esto equivale a decir que no existe algo parecido a una política nacional común ni una instancia de planificación en el uso de los recursos federales ante esta crisis. En su lugar, Sergio Berni opera como un funcionario trashumante, llevando la ilusión de orden público a diferentes puntos calientes de la Argentina sin que se sepa exactamente cuál es su plan ante el delito. Cuando el espectáculo es tan berreta, la platea tiene el derecho a pensar que el guionista no sabe qué hacer con su obra. Es triste advertir que a nivel nacional no existe ningún plan, ni el A ni el B.
Es claro que los delincuentes han aprovechado al máximo estos diez años de tolerancia y comprensión gubernamental para con sus actividades criminales. Como dicen los relatores de fútbol: han leído correctamente la cancha. No hace falta que algún funcionario les diga “vayan y roben” o “maten si quieren”; los recados no son tan burdos. En realidad, el salvoconducto de lo que ocurre viene a través de mensajes codificados dentro del discurso público que, lentamente, han alterado el ADN de los valores sociales. Los subsidios indiscriminados, los piquetes por cualquier cosa, la práctica fascista de los escraches, la obtención de poder en base a la prepotencia, la exaltación de un pasado colectivo violento, el énfasis en el decisionismo populista con el simétrico desprecio por la institucionalización y el menosprecio del orden social bajo la justificación de “no criminalizar” tal o cual cosa, han creado una clase de personas para quienes el delito es casi una cuestión semántica. Si a esta infraestructura ideológica se le suma el flagelo de la droga (de “la mala”, según Cristina Fernández, porque aparentemente “la buena” es menos dañina) el resultado son estos robots del mal, frente a los cuales parece no existir idea de cómo combatirlos, con excepción de la justicia por mano propia.