Argentina está entre los 15 países con menor libertad económica

2014-04-03COLORLa pérdida de libertad económica de Argentina en la última década o el mayor intervencionismo del Estado se refleja en distintos trabajos de organizaciones internacionales que alertan sobre las consecuencias que podría tener el esquema. Según el Índice de Libertad Económica 2013 del Fraser Institute de Canadá, la Argentina está en el puesto 137 de 152. Es decir, aparece entre los 15 países con menor libertad económica, con un puntaje de 5,69 (10 es el valor más alto). Chile, Perú y Costa Rica ocupan los lugares 11, 22 y 23, respectivamente. Brasil y Colombia están lejos de las primeras posiciones pero más arriba que la Argentina, 102 y 96, respectivamente. Venezuela es el último país del ranking.
El índice del Fraser Institute se elabora en base a los resultados de cinco indicadores: tamaño del gobierno; sistema legal y propiedad privada; moneda sana; libertad para comerciar internacionalmente y regulaciones. En la categoría Sistema Legal y respeto por la propiedad privada, la Argentina tuvo el peor desempeño. Los “ataques a la independencia de la justicia por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, así como las expropiaciones de empresas de capital privado sin indemnización previa, fueron determinantes en los resultados.
Al menos esa es la afirmación del informe elaborado conjuntamente por las fundaciones Libertad y Progreso y Atlas para explicar la caída de la Argentina en materia de libertad económica, a propósito de los resultados del índice del Fraser Institute. El autor del estudio fue Martín Lagos, ex vicepresidente del Central.
Otro de los indicadores en los que la Argentina se destacó por su mal desempeño fue el de “regulación”. En esta categoría el país obtuvo 5,6 sobre 10. “Explica el grado de libertad que hay para abrir y cerrar un negocio, para tomar un crédito, contratar o despedir un empleado, entre otras cuestiones”, explica Fred McMahon, uno de los autores del Índice, quien agrega que el exceso de regulaciones es la “materia prima para la corrupción”. A su entender vale la pena mirar modelos exitosos de países que sacaron ventajas de sus crisis económicas y que supieron abrirse a los mercados, crecer y desarrollarse. El elevado nivel de inflación que sufre el país tiene un impacto directo en la categoría “moneda sana” del Índice de Libertad Económica.
Los resultados en “tamaño del gobierno” estuvieron condicionados por el importante incremento del Gasto Público Consolidado (o sea, el ejecutado por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales) que, de 2003 a 2012, pasó de 29,4 a 45,9 por ciento del PBI.
También el último informe de la conservadora Heritage Foundation advierte sobre la “fragilidad” del escenario para inversores ante “la corrupción” oficial y las “intervenciones” del poder político, incluido el cepo sobre el mercado de divisas. Señala, especialmente, el deterioro en el nivel judicial, al que considera clave para la garantía de derechos. Cuestiona las estadísticas de la Argentina y asegura que las del instituto oficial (Indec) sobre inflación “no son creíbles”.
En esta medición el país quedó situado en la posición 160 entre las 177 economías analizadas, en especial por la elevada inflación, el cepo cambiario y la seguidilla de estatizaciones. El reporte ubica a la Argentina entre los peores de los 29 países de la región evaluados, en el puesto 27. Brasil está 100 en el índice global y 19 en el regional y Chile aparece 79 en el primero y liderando la lista regional, ya que presenta “el más alto grado de libertad económica en América del Sur y el Caribe”.
En el caso argentino, el informe señala que está “por debajo y muy lejos tanto del promedio mundial como del promedio regional en materia de libertad económica” y destaca entre las razones que provocan la situación la “mezcla de control de capitales, frenos a la importación y nacionalizaciones” que “minaron severamente” la libertad económica.
Critica que se “destruyó” la independencia del Banco Central cuando permitió pagar la deuda con reservas y responsabiliza al Gobierno del aumento en “la corrupción” y del “deterioro” del imperio de la ley. Como conclusión señala que “hay un deterioro en el clima de inversiones”, producto de la creciente intervención del Estado en diversas áreas.