Massista también quieren regular protestas: presentan proyecto en Diputados

DYN22.JPG[dc]E[/dc]l presidente del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador (FR), Darío Giustozzi, presentó ayer un proyecto de ley para ordenar la protesta en la vía pública para que no entorpezcan el tránsito y compliquen el desplazamiento del resto de la comunidad.
De esta manera, otra fuerza política intenta legislar sobre medidas de fuerza y protestas de gremios y espacios políticos y sociales. No hay que olvidar que en la legislatura provincial, la semana pasada comenzó a discutirse una iniciativa presentada por tres legisladores oficialistas (Oscar González, Sergio Busso y Carlos Gutiérrez) que pretende regular las huelgas.
El proyecto que tiene como jefe político a Sergio Massa da plazos al Poder Ejecutivo y las jurisdicciones provinciales para el establecimiento de circuitos y espacios públicos para la realización de protestas, que tendrán que ser como mínimo cuatro en la jurisdicción federal, igual número en las provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres para cada una de las jurisdicciones municipales.
Dichos ámbitos, sostiene el proyecto, deberán ser acondicionados “con los recursos tecnológicos necesarios que permitan la visibilidad de la manifestación pública de modo tal que se cumpla con el requisito previsto”.
Giustozzi, en una conferencia de prensa que brindó para presentar el proyecto, precisó que la propuesta “viene a subsanar un vacío legal y a consolidar jurídicamente el derecho de petición social ante las autoridades”.
Sostuvo que “ejercer un derecho implica no vulnerar ni limitar el derecho del otro” y advirtió que “la oposición de intereses puede llevar a una confrontación que es el principio de un germen de violencia que al multiplicarse irresponsablemente conspira contra la normal convivencia urbana y concordia social”.
Para las manifestaciones espontáneas fuera del espacio público asignado a tal fin, la iniciativa dice que quienes infrinjan la norma serán susceptibles de ser sancionados con trabajos comunitarios y, subsidiariamente, por la aplicación de multas que irán de uno a tres salarios mínimo vital y móvil mensual si se tratase de calles y a cinco si fueran avenidas y autopistas. Si el corte fuera parcial, la sanción se reducirá en un 50 por ciento.
En caso de incumplimiento de la sanción, el proyecto dice que se emitirá “la orden de presentación a efecto de que la sanción impuesta sea ejecutada de inmediato”.
La autoridad de aplicación que contempla el proyecto es el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación y, en caso de adhesión, los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.