Desaires al baile de la guerra

Por Víctor Ramés
cordobers@gmail.com

Los conquistadores[dc]P[/dc]romediando la segunda de las guerras Calchaquíes, la que extendió la indómita resistencia de los pueblos de los valles y las sierras centrales del Virreinato contra los invasores españoles, de 1630 a 1637, estaba claro por qué luchaba cada bando. Los españoles buscaban conquistar a los nativos, en nombre de la religión y la Corona, para someterlos a su servicio; los originarios se batían por rechazarlos, con el fin de defender su territorio, su cultura y su condición de hombres libres.
Asentados en sus ciudades fundadas y vueltas a fundar, los conquistadores habían visto decaer de manera alarmante la mano de obra que representaban los nativos para que esas mismas ciudades pudieran solidificarse, y sus habitantes desarrollar empresas privadas. Las causas de la abrupta caída demográfica de los nativos americanos se debió a un complejo de hechos que incluyó el maltrato y reducción a la esclavitud de pueblos completos, sometidos al etnocidio (arrasamiento de su hábitat natural, reemplazamientos y destrucción de sus redes culturales); los contagios y epidemias de enfermedades traídas por los conquistadores y, por supuesto, el exterminio de millares a consecuencia de las prolongadas guerras.
Para los invasores europeos la operación militar resultaba vital como medio de obtener un flujo constante de servicio humano, y se incentivaba a los habitantes de las ciudades a participar en lo que llamaban “el baile de calchaquí”, a cambio del repartimiento de nativos para servicio.
El episodio en el que nos detenemos ocurrió en 1635 y tiene que ver con una “leva” de vecinos en Córdoba, a fin de que se incorporasen a combatir a los calchaquíes. El relato consta en un auto del teniente Pedro de Villarroel, firmado en “la estancia de San Miguel, jurisdicción de esta ciudad de Córdoba en primero de febrero de mil y seiscientos y treinta y cinco años”. Villarroel había recibido del gobernador Felipe de Albornoz el encargo de “sacar los vecinos de la dicha ciudad por comisión particular del Sr. Gobernador de esta provincia para el baile de calchaquí”, expresa el militar. La palabra “baile”, en medio de un informe protocolar sin asomo de gracia, aparece repetidamente y con naturalidad en el sentido de “guerra” o “campaña”.
Por su lado, el “capitán y sargento mayor de esta provincia, teniente y justicia mayor de la ciudad de Córdoba”, como se titula Pedro Villarroel, ha procedido a traspasarle el encargo a un subordinado y cita “las diligencias que ha hecho el capitán Don Juan de Cabrera y Zúñiga en virtud de la comisión que le envié para los apercibimientos que mando hacer a los vecinos que se quedaron por impedimentos que representé ante el Sr. gobernador desta provincia”. Se buscaba ampliar el contingente de hombres de Córdoba que ya habían respondido al llamado a las armas, y la orden contemplaba penas graves en caso de inobediencia. La convocatoria debía ser leída “en público y a toque de caja con voz de pregonero en la plaza pública”, lo cual se hizo “por voz de un negro nombrado Pedro, en altas voces”.
Los oficios de Cabrera y Zúñiga, no obstante, sólo rindieron a la causa armas, municiones, dinero o mulas de los vecinos apercibidos, quienes alegaban impedimentos. A lo que expresa Pedro de Villarroel que “habiendo entendido y visto por el dicho testimonio el poco respeto e inobediencia que han tenido los dichos vecinos, queriendo con sólo pareceres de religiosos y peticiones de otros vecinos encomenderos, quererse privilegiar con títulos uno con otros de la santa Cruzada y no ir como leales vasallos, a servir a su majestad cuando su real persona está gastando su real patrimonio en defendernos”. La aversión generalizada a “poner el cuerpo” contaba incluso con el apoyo de curas y monjas, quienes pedían detener la extracción de vecinos, para no dejar a la ciudad inerme.
El general don Jerónimo de Cabrera tomó cartas puntualizando que “sin embargo que hubiesen dado soldados aliados y afianzados, viniesen en persona los que fueren señalados, no admitiendo los soldados a los cuales dieren, ni a los que dieron avío admitiéndoseles por excusa, sino que se les vuelva a los susodichos lo que así hubieren dado y que los unos y los otros vengan en persona como consta de la dicha comisión.”
En lo concreto, aunque se embargaron bienes y se puso a algunos vecinos en la cárcel, el resultado definitivo fue el fracaso de la leva. Refiriéndose a este episodio colonial, el historiador Carlos Page comenta, basado en documentación aportada en su tiempo por Aníbal Montes, que muy posiblemente el general Cabrera protegiese a los vecinos hacendados y poderosos, varios de ellos parientes suyos. Sobre el propio Villarroel, firmante del relato, recayó la acusación de haber aplicado castigos “sólo a quienes no eran sus parientes y amigos”.
El episodio tuvo nula consecuencia para los pueblos originarios, finalmente vencidos.