Hacer buena letra

Por Daniel V. González

LA PRESIDENTA ARGENTINA VISITA PARÍS[dc]E[/dc]l hecho más significativo del reciente viaje presidencial por Europa no ha figurado en las crónicas periodísticas. Nadie lo ha mencionado: la presidenta Cristina Kirchner esta vez no dio clases de economía a los países europeos ni les explicó cómo deben hacer para salir de la crisis. Es que esta vez es la Argentina la que está en problemas, mientras Europa los va superando, incluso en aquellas zonas más complicadas como España y Grecia.
Pero hay algo más curioso aún. El camino tomado por el gobierno es el contrario al que recomendaba Cristina a Europa hace algunos meses. Y también va en la dirección opuesta al que economistas tales como Paul Krugman y Joseph Stiglitz proponían para países como Grecia, cuando arreciaba la crisis.
Es que las últimas crisis parecen no ser aptas para keynesianos. Ellos, como se sabe, abrigan como un tesoro la fórmula promovida por Lord Keynes para la crisis de los años treinta. En ese momento, con la economía mundial parada por falta de demanda, la recomendación de Keynes fue inyectar dinero para que la rueda recomience a rodar nuevamente. Esto es algo que ya hacían todos los gobiernos cuando se encontraban con una recesión pero Keynes le dio una formulación teórica y alentó esa estrategia a gran escala.

La fórmula mágica
Muchos creyeron que se trata de una fórmula válida urbe et orbi. Que puede ser utilizada sin mayores consecuencias en cualquier crisis. La expansión de la demanda supone, como se sabe, aumento del gasto público y, eventualmente, emisión monetaria. Ello obviamente estimula el consumo de bienes y moviliza la economía en un primer momento. Luego, ese aumento del gasto público se transforma en un problema de complicada solución pues genera inflación. Y el aumento de precios perjudica a los más pobres, sacándoles con una mano lo que se les da con la otra.
Los postulados keynesianos son seductores. Y vienen como anillo al dedo a los ex socialistas que ya han abandonado aquello de la planificación centralizada, la propiedad estatal de los bienes de producción y de cambio y la dictadura del proletariado. Ahora se confiesan keynesianos, o sea partidarios de una intervención amplia del estado en la economía, como si ese sólo enunciado definiera una política económica.
Si hay problemas, expandamos el gasto público. Eso reactiva la demanda y mueve la economía. El gasto público, además, tiene una gran ventaja para el partido de gobierno: beneficia a los más necesitados y favorece el voto de ellos hacia el oficialismo de turno.
Pues bien, en la Argentina las cosas se han hecho un poco al revés. En los gloriosos tiempos iniciales de este gobierno, cuando la soja dio el gran salto en su precio internacional, y los ingresos fiscales aumentaron significativamente, se propició el aumento del gasto público. En ese momento no había necesidad de tales estímulos de la demanda a través de un gasto público en aumento. Sin embargo, esos inmensos ingresos se dilapidaron en subsidios indiscriminados y gastos sin control.
Pasado el tiempo, llegó la hora de pagar la factura. La política de gasto en aumento proporciona réditos inmediatos pero lesiona las posibilidades del mediano y largo plazo. La apuesta de todo gobierno consiste en gastar todo lo que pueda durante su período sin preocuparse demasiado por el futuro ajuste que sobrevendrá, pues apuestan a que sea el gobierno siguiente quien deba llamar a apretarse los cinturones.
Pero a este gobierno no le dan los tiempos. Falta mucho aún para que Cristina deba pasar la banda presidencial a su sucesor. Ha tomado conciencia de eso y ha decidido comenzar a hacer el ajuste él mismo, contra su voluntad. Además, y esto no es menor, al implementar el ajuste también resigna un jirón del Relato, su versión de los hechos y de las políticas para enfrentar los problemas que presenta la economía.
El voluntarismo keynesiano está sufriendo una dura derrota a manos de la realidad objetiva. El gobierno ha llegado a la conclusión de que todo aquello que proponía, no puede ser implementado con impunidad. Y, por otra parte, apela a un recetario que, en otro tiempo, calificaba como “neoliberal”.

Enterrando a Keynes
Es que la economía no depende sino en una pequeña parte de la voluntad de los que gobiernan. La realidad, tozuda e implacable, termina por imponer condiciones.
Aunque pueda discutirse que la inflación tiene causas estructurales, es indudable su componente monetario. Y el gobierno ha debido aceptarlo. Por eso está implementando ajustes de la índole de aquellos que históricamente ha rechazado. Primero, devaluó más del 30% la moneda nacional respecto del dólar. Luego comenzó a recortar gastos. También aumentó las tasas de interés y restringe la oferta monetaria. Además, pide que los aumentos salariales que se pacten en las paritarias sean moderados. Esta moderación significa, por cierto, que los trabajadores resignen una parte de sus ingresos, que los salarios bajen en términos reales. Todo esto es bien “neoliberal”. Pero lejos estamos de criticarlo por ese motivo. Sucede que, llegando a esta situación, no hay otra forma –en lo esencial- de enfrentar los problemas que tiene la economía nacional.
Por otra parte, el gobierno parece haber comprendido cómo funciona la economía internacional. Y el derecho internacional. Si uno no paga sus deudas, tendrá consecuencias. Entre ellas, que nadie quiera prestarle dinero en el futuro. Si un gobierno no respeta los contratos con empresas internacionales, deberá verse con ellas en el CIADI. Y si no arregla con los holdouts, deberá someterse a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y debe pagar las deudas del Club de París. Etcétera. Y, si no hace todo esto, nadie estará dispuesto a tomarlo en serio. Y mucho menos a prestarle dinero para salvar sus problemas internos. Así de sencillo.
El gobierno está aprendiendo la lección. A regañadientes. Si fuera honesto con sí mismo debería revisar sus postulados ideológicos. Pero eso es pedir demasiado.
© Especial para Diario Alfil