¿Quién se hace cargo de los costos de YPF?

Por Santiago Gastelu
(Economista de Idesa)

[dc]L[/dc]as autoridades del gobierno argentino comenzaron a explicar al Congreso Nacional el acuerdo con REPSOL para el pago por las acciones de YPF estatizadas durante el año 2012. Debido a la dificultad de conseguir inversiones por el aislamiento internacional y la crisis energética reinante, se pasó del triunfalismo y el nacionalismo (mal entendido) a aceptar pasivamente las condiciones propuestas por la empresa.
Argentina se compromete a entregar a REPSOL títulos públicos por 5.000 millones de dólares a valores nominales. Sin embargo, si se tiene en cuenta el valor de mercado mínimo que se garantiza a los bonos a entregar a REPSOL más las altas tasas de interés, el monto total que Argentina pagará supera los 10.000 millones de dólares. Es decir, más del doble de la suma hecha pública por el gobierno nacional.
Además, la temporalidad de los pagos hace que la dirigencia actual se haga cargo de sólo el 10% de las amortizaciones y los intereses de esos bonos. El 90% restante deberá ser afrontado por los futuros gobiernos, cayendo la mayor proporción del peso en las próximas dos gestiones. Este cronograma y las magnitudes involucradas dejan en claro que la estatización de YPF condiciona el futuro bienestar de los ciudadanos, muchos de los cuales pertenecen a las generaciones por venir.
De todas formas, la compra de YPF puede generar ingresos que equivalgan o superen a los flujos de pagos comprometidos para los próximos 20 años. Pero, para que esto sea factible, es necesario dirigir a la empresa con criterios técnicos y no políticos. Argentina tiene los profesionales y los técnicos para emular casos como Petrobras en Brasil o Codelco en Chile, pero también ha demostrado desmanejos y desprolijidades en las empresas estatales que ya posee, como puede ser el caso más emblemático de Aerolíneas Argentinas.
En manos del Congreso Nacional está la posibilidad de lograr una gestión exitosa de los hidrocarburos en el país. En lugar de sumarse al triunfalismo nacionalista, que sólo alimenta la demagogia, debería intentar proteger la gestión de YPF de los manejos políticos (militancia, amiguismo, corrupción) mediante reglas claras. Sólo con transparencia y buena gestión se podrá evitar un doble peso en la sociedad: pagar los bonos de la estatización más los costos de la mala gestión.
Todavía se está a tiempo de que decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales no hipotequen el bienestar de futuras generaciones. Para que esto suceda es necesario, por parte del Congreso, una actitud más responsable y profesional.

© Especial para Diario Alfil