Oyarbide en apuros deja a los K vulnerables

Por Pablo Esteban Dávila

ilustra oyarvide conijitaSe ha levantado la veda. La señal para el comienzo del torneo de caza contra el Juez Norberto Oyarbide resuena por toda la selva política. A partir de ahora, como si se tratara de un apasionante video juego, los opositores cargarán sus armas y se lanzarán a través de la espesura para hacerse de tan esquivo trofeo. Las espadas del oficialismo, por el contrario, intentarán frenar la embestida, al menos hasta que reciban una orden en contrario.
Oyarbide siempre fue un transgresor, de esto no hay dudas. Pero no es, como muchos lo han querido presentar, un juez mediocre, incapaz. En absoluto. Es, simplemente, alguien que sirve al poder de turno, casi con jactancia, sin disimulo, a cambio de prebendas y omisiones. Gasta mucho más de lo que gana o, al menos, eso es lo que aparenta su vida privada que, dicho sea al pasar, de privada tiene bien poco. Debido a su naturaleza poco convencional, es inevitable que sus apariciones públicas generen escándalos, como el surgido la semana pasada.
La noticia es conocida: alertado por un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zanini, Oyarbide dispuso cancelar un allanamiento que estaba llevando a cabo la policía federal en una financiera de la city porteña y que habría derivado en un pedido de coimas de parte de los uniformados. El hecho ocurrió a finales del año pasado pero recién se conoce ahora por una investigación dentro del Consejo de la Magistratura. El episodio contiene en sí mismo todas la posibles causales para remover a cualquier magistrado: intromisión aceptada de otro poder en una decisión jurisdiccional, omisión de denunciar un ilícito flagrante (en el caso de Liuzzi) y falta de voluntad del propio Oyarbide para investigar si lo denunciado era correcto.
Es un caso que cualquier abogado defensor calificaría de imposible. Sorprendentemente se conoció de propia boca del juez, no obstante que urgido por los detalles que se comenzaban a ventilarse dentro en el expediente abierto en el Consejo. Ligeramente podría pensarse en un sincericidio, pero Oyarbide es un tipo mínimamente práctico como para dar puntada sin hilo. No puede ser casual semejante mala praxis de su parte. Si lo hizo público es porque sospechó que, dentro de los reservados despachos de aquel organismo, podía incoarse una traición de parte de aquellos a quienes había protegido durante todos estos años. Al ventilar los detalles del episodio ante la opinión pública, el juez transparentó las poleas de transmisión entre su despacho y el poder político, algo que muchos intuían pero que nadie había podido verbalizar. Resultó ser que es Zanini, un personaje clave en el entorno de los Kirchner desde mayo de 2003, su vaso comunicante con la Casa Rosada.
Oyarbide ha prestado servicios innegables a la causa del modelo nacional y popular. En diciembre de 2009 y a diferencia de otras denuncias por enriquecimiento ilícito (recuérdense las innumerables acusaciones recibidas por diferentes funcionarios menemistas, que aún hoy se discuten en tribunales) este magistrado archivó en tiempo récord una presentación efectuada sobre el estratosférico crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner, un decisorio al que colaboró -por cierto- la pereza del fiscal Eduardo Taiano para apelar ante la cámara federal. Muchos referentes K han contado, desde aquel entonces, con el favor de su comprensión política y las dilaciones de sus medidas judiciales, las Madres de Plaza de Mayo incluidas.
Nadie podría pensar que estos favores son la consecuencia directa de algún concepto de “justicia militante” que podría tener el juez. No existe nada parecido a la ideología en la favorable acogida que Oyarbide ha brindado en forma permanente a las demandas del gobierno. Las suyas han sido transacciones más emparentadas con los fenicios que con el idealismo instrumental de la señora Hebe de Bonafini. Debe recordarse que, al inicio de la era K, este magistrado figuraba dentro de los proyectos de purificación del poder judicial, oportunamente abordado (y en forma bastante ingenua) por Néstor Kirchner mediante la eyección de la Corte Suprema menemista.
El esposo de Cristina se ganó, gracias a aquella decisión, un claro apoyo del público. El Poder encabezado por Julio “Buby” Nazareno no gozaba de mucha simpatía popular por la supuesta complicidad que habría mantenido con Carlos Menem durante sus mandatos, por lo que el nombramiento de nuevos y calificados supremos supuso un salto cualitativo. Pero una cosa es designar a jueces independientes y otra muy distinta es tener el temple necesario como para aceptar (y obedecer) sus decisiones. El kirchnerismo, que tan bien supo leer la demanda política de renovar la Corte heredada, luego no supo bien qué hacer cuando su criatura comenzó a amenazarlo con fallos adversos. Fue por esta razón que decidió cortar con lo sano y evitar que causas molestas terminaran por llegar a sus manos.
El recurso a Oyarbide fue, por lo tanto, una maniobra tendiente a detener en el primer nivel de examen judicial aquellas denuncias que podrían haber incomodado a la nomenclatura pingüina de continuar por la pirámide judicial. La predisposición de este Juez por cumplir con este cometido hizo que su camino al patíbulo cambiara, insospechadamente, de dirección. Pero ahora este modelo está en entredicho. Como bien lo señala Joaquín Morales Solá ayer en “La Nación”, si Oyarbide cae, existe el riesgo que el sobreseimiento dictado por enriquecimiento ilícito a favor de los Kirchner sea reabierto por vicios manifiestos en su investigación. Esto no le conviene a la Casa Rosada bajo ningún punto de vista. Sin embargo, sus escuderos podrían ser reluctantes a apoyar a alguien que se ha vuelto insostenible, simplemente porque el costo político a pagar sería demasiado alto.
Estas prevenciones, no obstante, podrían tener una duración efímera. Es harto conocido que el disenso no está bien visto en la filas nacionales y populares, especialmente en un tema tan sensible. Descartado el sueño de la reelección, debe ahora diseñarse una estrategia de repliegue que incluya la mayor cantidad posible de “cosas juzgadas”, conforme el argot jurídico. Por tal razón, sostener al juez es una cuestión central de la política oficial en la agenda de las próximas semanas, especialmente cuando campea la idea de establecer una Conadep de la Corrupción por parte de encumbrados dirigentes de la oposición.
Oyarbide puede que razone en la misma clave aunque, por supuesto, en el sentido contrario. En un eventual gobierno de la oposición y con él en el llano, el escarnio podría ser el único camino a recorrer. Por tal razón, exteriorizando sus contactos con el poder político, obliga a sus mandantes a no sacar los pies del plato. Las especulaciones sobre los asuntos que podría llegar a ventilar el magistrado podrían producir un terremoto de incalculables consecuencias. Tal vez por estas horas Cristina deba estar pensando que el recurso a una Corte adicta o, al menos, permeable, no era tan malo. De haber continuado con la senda de Menem, ni él ni su esposo tendrían que haber terminado en manos de tan coqueto como impredecible personaje.
Los cazadores, mientras tanto, ya han echado a andar, armas en ristre. Presienten que es una oportunidad única para cargarse a un juez tan venal como simbólico y asestar un golpe mortal al gobierno. Matar dos pájaros de un tiro es el sueño de todos ellos. Algunos imaginan que Cristina podría entregar a Zanini a las fieras y dejar librado a Oyarbide, pero esto no exorcizaría los potenciales escándalos a ventilarse. Por lo tanto, en los días por venir se advertirán tres batallas simultáneas: la del magistrado intentando sobrevivir a su cacería; la del gobierno luchando para evitar su caída y disciplinado a los que, dentro de su propio bando, desearían rendirlo; finalmente, la de la oposición, que batallará a brazo partido para demostrar quién es el francotirador capaz de derribar a la presa más codiciada del sistema de impunidad argentino.