Argentina: Conflicto docente, código penal y narcotráfico

Por Rosendo Fraga
para nuevamayoria.com

DYN17.JPGEl conflicto salarial docente muestra que no será fácil imponer aumentos salariales entorno al 25% y en forma escalonada para evitar que realimenten la inflación. Esta semana comenzó el paro docente en 6 provincias, que en conjunto reúnen más de la mitad de los alumnos de la escuela pública, al incluir a la provincia de Buenos Aires. El gobierno aplicó la conciliación obligatoria que impide realizar medidas de fuerza mientras se negocia, pero no fue acatada. El sindicato nacional docente (CTERA) está alineado con el Kirchnerismo. Pero en 8 provincias y en 10 distritos de la provincia de Buenos Aires están conducidos por dirigentes que se ubican a la izquierda del Kirchnerismo. Los gremios docentes que responden a Moyano -son los menos- se muestran más moderados. Está claro que la negociación salarial docente no servirá para contener los acuerdos de otros gremios en la pauta que pretende el gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno ha pasado a tener una posición ambigua tanto en las manifestaciones de la Presidenta con la UIA, como en las del ministro de Economía. En ambos casos dicen ahora que no hay un límite para el aumento, trasladando a empresarios y provincias la responsabilidad de contenerlo.
Por su parte los estatales realizan un paro nacional esta semana. Al mismo tiempo las centrales sindicales peronistas demoran un plan de lucha nacional, mientras negocian con el gobierno la entrega parcial de los 20.000 millones de pesos que argumentan se les deben a las obras sociales.
El debate sobre el Código Penal se transformó en un problema no previsto para el oficialismo y en una oportunidad para Sergio Massa, quien se opuso rotundamente a la reforma. La Casa Rosada eligió al jurista más caracterizado de la corriente jurídica penal “garantista” que pone como prioridad la defensa de los acusados (Zaffaroni) y ello fue una definición político-ideológica que predeterminó la orientación del proyecto, que resultó coherente con dicha doctrina. Ello permitió al candidato presidencial más votado de la oposición plantear una crítica frontal y reunir firmas pidiendo un referéndum sobre la norma. Sus afirmaciones ciertas de que se reducen penas a 146 delitos, que 4 de cada 5 son ahora excarcelables y que se elimina el agravamiento de pena por reincidencia, son compartidas por la mayoría de la opinión pública, urgida por soluciones frente al incremento de la inseguridad. Al haber participado de la comisión redactora, tanto el PRO como la UCR quedaron descolocados. Buscando tomar distancia del proyecto, el gobernador bonaerense (Scioli) dijo que él en la provincia había limitado las excarcelaciones. Percibiendo el costo político que comenzaba a pagar, el Ejecutivo decidió no enviar el proyecto al Congreso como lo había anunciado la Presidenta en su discurso ante el Congreso del 1 de marzo. Lo paradojal es que el mismo día anunció que enviaría también un proyecto para impedir las protestas sociales mediante cortes de rutas y vías públicas, que va en contra de la orientación ideológica que ella eligió para el Código Penal.
Al mismo tiempo, el problema del narcotráfico va creciendo como cuestión política y ello no es cómodo para el Kirchnerismo, que el 25 de mayo cumplirá 11 años en el poder. El informe anual enviado por el Departamento de Estado al Congreso de los EE.UU. sostiene que tanto el narcotráfico como el consumo de drogas han crecido en el país y que ha existido inacción para combatir el lavado de dinero. El mismo día que la Administración Obama apoyaba la posición argentina en una de las causas colaterales de la deuda remanente, el canciller (Timmerman) contestó que “EEUU es el principal problema de la droga” -aduciendo al consumo- y negó a Washington el “derecho” para hablar sobre otros países respecto al tema. El hecho causó cierta sorpresa en la diplomacia estadounidense, donde se esperaba una actitud más conciliadora de Argentina. Por su parte, el Presidente de la Suprema Corte (Lorenzetti) en su discurso ante el Poder Judicial, señaló a la droga como un problema central -coincidiendo con la visión de la opinión pública de acuerdo a las últimas encuestas- y pidió medidas más concretas para combatirlo a los otros dos poderes del estado (Ejecutivo y legislativo). El gobierno, a través del Secretario de Seguridad (Berni), sostiene sin cifras ni argumentos concretos que el narcotráfico ha bajado. Esta semana se reúne la Comisión Permanente del Episcopado -lo hace dos veces al año- y el tema central que tratará es el problema de la droga.
La entrevista de la Presidente con el Papa el próximo 17 de marzo es un hecho relevante para ella, en momentos que enfrenta dificultades económicas y políticas y su imagen ha descendido. Francisco cumple esta semana un año de Pontificado. Sin duda, su figura ha alcanzado una rápida popularidad e influencia global. Es un Papa no sólo con capacidad de reformar la Iglesia, sino también de influir en los acontecimientos mundiales. La visita que le hace Obama el 27 de marzo es una evidencia de ello. En Argentina su imagen positiva es también muy alta, pero ello no quiere decir que su incidencia sobre la política concreta sea relevante. En el año de su Pontificado la evolución del país no ha ido en una dirección positiva. Tras asumir, indicó a todos los dirigentes opositores que se unan para las PASO y no fue escuchado; antes de las elecciones sugirió a los sindicatos unificarse después de ellas y no lo hicieron; en diciembre, el compromiso contra la droga que inspiró no fue firmado por el gobierno y en enero propuso volviera a reunirse la Mesa de Diálogo que funcionó entre 2001-2002 para contener los conflictos, pero no fue atendido ni por el oficialismo ni por la oposición. Pero la Presidenta va en busca de su imagen para fortalecerse, algo que en política resulta relativo, como sucediera con la foto que obtuvo Insaurralde una semana antes de su derrota electoral. La visita de la Presidenta al Papa se realiza seis días después de que viaje a Chile a la asunción de Bachelet y dos antes de reunirse con el Presidente francés. La posibilidad de una breve visita al país de Maduro durante esta semana está planteada pero sin confirmación.
En conclusión: el conflicto docente muestra que no resulta fácil imponer el 25% de aumento en la negociación salarial para no realimentar la inflación; el debate sobre el proyecto de Código Penal se transformó en un problema imprevisto para el oficialismo y en una oportunidad que supo aprovechar Sergio Massa; el narcotráfico se ha transformado en una cuestión política central y las afirmaciones del oficialismo sobre su disminución no generan credibilidad alguna; por último, la visita de la Presidenta al Papa busca fortalecer su imagen interna, pero la experiencia muestra que este tipo de efectos pueden ser efímeros.